La nacionalización del litio en México: la gran promesa de un mineral sin explotar

El Estado mexicano acaba de reservarse la explotación de una promesa. El Congreso aprobó el martes que se prohíba por ley la entrega de concesiones a privados para extraer litio. La nacionalización de este mineral ha sido vendida por el Gobierno como un momento histórico, casi a la par de la expropiación petrolera de 1938 o la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Por ahora, todo son deseos y esperanzas. Todavía no hay yacimientos en explotación y los planes para crear una empresa paraestatal encargada de la actividad están rodeados de dudas sobre la falta de capacidad técnica.

El litio es el mineral de moda en México, una fiebre que ha irrumpido con fuerza en la agenda pública. Es el futuro, dice el Gobierno. La plata y el oro representan el modelo del pasado, acaparado por las mineras extranjeras, sobre todo canadienses. Las referencias al “oro blanco” se suceden, así como los rumores de que México “podría” tener los mayores yacimientos de litio del mundo. “No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, señaló esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador morenista Alejandro Armenta, uno de los impulsores de la nacionalización, ha llegado a decir que los beneficios derivados de su extracción ayudarían a pagar toda la deuda externa del país.

No hay duda de lo valioso del material en cuestión. El precio del litio se disparó un 400% el año pasado, gracias al empuje de los automóviles eléctricos y de la agenda de combate al cambio climático. Las empresas tecnológicas, con la automotriz Tesla a la cabeza, están desesperadas por asegurarse un suministro estable para sus baterías y evitar interrupciones. La producción del mineral tendría que aumentar un 500% de aquí a 2050 para atender la demanda, según el Banco Mundial. “Tesla en lugar de comprarle litio a China se lo comprará a México”, proyectó Armenta este martes durante el debate en el Senado.

Pese a las altas esperanzas puestas en el litio, México es un jugador menor en este campo. El Servicio Geológico de EE UU lo sitúa como el décimo país con mayores reservas del mundo. Sin embargo, sus números palidecen en comparación con los de los líderes del ránking. La cantidad de mineral identificada en México asciende a 1,7 millones de toneladas —el 2,3% de las reservas mundiales—, frente a los 21 millones de Bolivia, el líder, o los 19 millones de Argentina.

Sea la cifra que sea, por ahora todo es un potencial sin explotar. Existen 31 concesiones a empresas para litio, pero apenas ocho están vigentes y solo una ha dado resultados. Se trata de un yacimiento perteneciente a la empresa china Gangfeng que prevé empezar a producir a finales de 2023 —la nacionalización no le afecta al haberse otorgado la concesión antes de la aprobación de la medida—. El mayor descubrimiento de litio en roca del mundo, según el portal especializado Mining Technology, contiene un depósito mineral estimado en 243 millones de toneladas, de los cuales 4,5 millones podrían ser litio. Ese yacimiento fue el que despertó el interés del Gobierno mexicano por la explotación de este mineral a finales de 2019.

“Allí empezó todo el problema”, dice el químico Carlos Rius, profesor de la UNAM. “Los políticos mezclaron una cosa con la otra. Se hablaba de que había 243 millones de toneladas. Al oír eso pensaron que todo debía ser litio, pero eran 243 millones de toneladas de unas arcillas que contienen una pequeña cantidad del mineral. Cuánto tienen de litio aún lo están cuantificando”.

El fantasma de Uramex

Con la prohibición de nuevas concesiones, el Estado se queda sin su mayor fuente de información sobre yacimientos potenciales. El Servicio Geológico Mexicano obtiene los datos sobre depósitos minerales de las empresas que hacen las prospecciones con vistas a una futura explotación. “Se deja que la iniciativa privada haga la inversión y asuma el riesgo. Si no se dan las concesiones, ¿de dónde van a sacar la información?”, se pregunta Rius. “Tendrían que darle millones de pesos en presupuesto al Servicio Geológico para hacer un trabajo que ahora no le está costando al Gobierno. Son aristas que no han contemplado en la reforma”.

El Gobierno creará, de acuerdo a los cambios a la ley minera, una nueva empresa paraestatal para ocuparse de esta actividad. El presupuesto que se le asignará todavía es un misterio; la ley de gastos aprobada por el Congreso para este año no contemplaba al organismo. El Gobierno tampoco dispone de la tecnología especializada para explotar este recurso, hallado en roca, arcilla o salinas, y llevarlo a un nivel de pureza suficiente para poderlo utilizar luego en la industria, en la fabricación de baterías u otros dispositivos.

La ambición de estatizar “la exploración, la explotación y el aprovechamiento” del litio, como se aprobó en el Congreso, amenaza con privarle al Gobierno del acceso a la tecnología necesaria. “Es extremadamente caro. Cada proyecto en Chile son más de 11.000 millones de dólares, prácticamente todo el presupuesto para inversión de la Comisión Federal de Electricidad”, explica el consultor Gonzalo Monroy. “Esa tecnología no es licenciable. Te tienes que asociar con las empresas que la poseen para hacer el desarrollo”.

La reforma plantea, además, que el Estado administre “las cadenas de valor económico” del mineral. No queda claro si esa ambición incluye la intervención de la nueva empresa en la fabricación de dispositivos electrónicos. Monroy opina que lo más probable es que el Estado se limite a las tareas de exploración y extracción. “Lo máximo que podría hacer es sacar el material en bruto, comercializarlo a un tercero, pero el tercero es que el que va a poder extraerle el valor. México no capturaría toda la riqueza”, señala. En cualquier caso, pasarán varios años antes de que el Estado consiga empezar a producir, según los expertos.

Sobrevuela el antecedente fallido de Uramex. Creada en 1979 por el presidente José López Portillo, la empresa paraestatal buscaba extraer uranio para el programa de energía nuclear del Gobierno y reducir así la dependencia en los combustibles fósiles. Sin embargo, la falta de apoyo económico fue minando su potencial hasta que, unos años más tarde, en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, pionero del liberalismo económico en México, el desarrollo de la energía nuclear dejó de ser una prioridad y Uramex cerró.

Más allá del debate sobre el sentido económico, la premura con que se debatió la iniciativa parece responder a una lógica más política. El domingo, el Gobierno encajó su derrota parlamentaria más importante en tres años y medio, cuando se rechazó la reforma constitucional en materia eléctrica, que contenía la nacionalización del litio. Ese mismo día, López Obrador presentó los cambios a la ley minera como un plan B, una forma de salvar la cara. Está por ver si la ambición despega del papel.

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