El batacazo de la reforma eléctrica deja en vilo la agenda política de López Obrador

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador calificaba este lunes el rechazo legislativo de la reforma eléctrica como “traición a la patria”, para la oposición lo sucedido en la votación del domingo ha significado un “parteaguas”. El batacazo de una de las iniciativas estrella del mandatario augura un complejo futuro para el resto de reformas constitucionales que pretende lograr el partido en el Gobierno: la electoral y otra sobre la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa. Morena y sus aliados no podrán sacar adelante las normas sin acuerdos previos, pues ya no cuentan con el control total de las cámaras, y las descalificaciones políticas tras la última votación han tensado aún más cualquier escenario de negociación.

Así como el presidente hizo de la reforma eléctrica una apuesta casi personal, con repercusiones profundas en el sector energético —en esencia, la devolución de la gestión mayoritaria del mercado a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, ha promocionado de manera similar el resto de reformas que se esperan para lo que queda de su mandato (hasta 2024). Aunque todavía no se han enviado las propuestas a los órganos legislativos, López Obrador ha dado a través de sus conferencias de prensa algunas pistas sobre sus intenciones en materia de renovación de la ley electoral y de la consolidación de la Guardia Nacional como un cuerpo castrense. Los dos temas clave que amenazan con polarizar aún más el tablero político.

Su animadversión hacia un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros —sobre el cual pesa, según él, el lastre del presunto fraude electoral que le arrebató la primera oportunidad de ser presidente del país, en 2006— ha escalado desde que tomó el poder en 2018 hasta tocar el punto más álgido por la organización de la consulta de la revocación de mandato del pasado 10 de abril. La relación ya complicada entre el organismo y el presidente se enredó por un tema de presupuesto y acabó con una pelea en los tribunales que obligó al INE a organizar el referéndum con los recursos de los que disponía. La participación del 40% necesaria para que fuera vinculante no se logró, pero más de 15 millones de mexicanos votaron a favor de que López Obrador continuara su mandato hasta el final.

La pugna contra el INE ha sido el motivo más visible de las intenciones del presidente de llevar a cabo una reforma electoral. A finales de marzo esbozó algunas de las ideas para la norma. La más destacada es que la nueva ley permita que “el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa”. Una medida que, de ser aprobada, cambiará el sistema de designación y afectará tanto a los miembros del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF). En el caso de los jueces, es ahora la Suprema Corte quien propone los candidatos que han de ser ratificados por el Senado. Para los consejeros del INE, Morena ya anticipó unos primeros cambios en el relevo hace dos años de cuatro de sus miembros. Fue un “comité técnico”, compuesto por diferentes instituciones, el encargado de lanzar a los candidatos.

La propuesta de candidatos correrá a cargo de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que presentarán cada uno a 20 “ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad”, según anunció el presidente a finales de marzo. La siguiente fase se dirimirá “en elecciones abiertas”. “El que saque más votos, ese va a ser el presidente [del órgano], buscando que sean la mitad mujeres y la mitad hombres”, agregó. Todavía no hay fecha para la propuesta, aunque López Obrador anunció entonces que estaba prevista para las próximas semanas.

Para lograr que salga adelante esta reforma constitucional, como el resto, es necesario que Morena cuente con el apoyo de 57 diputados más de los que dispone, para conseguir los 334 necesarios. Una apuesta que no logró con la última votación sobre la reforma eléctrica. Solo consiguió arrebatarle al PRI un voto, el de Carlos Miguel Aysa Damas, hijo de un exgobernador de Campeche cuyo inminente nombramiento como embajador en República Dominicana depende de Morena. El líder del PAN, Marko Cortés, se ha anticipado sobre su posición este lunes: “El reto es cuidar la coalición para impedir el retroceso. Está clara la amenaza de una reforma electoral retrógrada, populista y destructiva. Lo de la reforma eléctrica fue un parteaguas”.

Otra de las reformas pendientes es la de la Guardia Nacional. El cuerpo de seguridad híbrido, civil y militar, creado 2019 —y para el cual también hubo que modificar la Constitución— que contó con los apoyos de las bancadas opositoras a cambio de que dependiera de un órgano civil, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El artículo mencionaba que mientras se instauraba el nuevo cuerpo de seguridad, podía ser operado de manera “extraordinaria” por parte de las Fuerzas Armadas, pero esta excepción tenía una fecha límite: solo una vigencia de cinco años, es decir, hasta 2024.

El presidente ha adelantado también la intención de consolidar el carácter militar de la Guardia Nacional, revertir su mando civil acordado en la ley, y para ello necesita una nueva reforma constitucional. Su objetivo es integrarla dentro de la Secretaría de la Defensa (Ejército). “Voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa, como existe la fuerza aérea de la defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, anunciaba hace unos meses. La medida supondría un paso más en la militarización de México y consolidar lo que de facto ejecuta la Guardia Nacional con la excepción de los cinco años.

Estas dos próximas y grandes reformas que desea López Obrador para lo que denomina la Cuarta Transformación del país no han sido emitidas todavía al legislativo. Pero la oposición ha advertido de que sin discusión, debate o consenso, el futuro del resto de normas es incierto y ha celebrado el rechazo de la Cámara a la reforma eléctrica como si se tratara de un triunfo electoral. Un tanto para la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) en un momento decisivo: en junio se renuevan las gubernaturas de seis Estados (Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Aguascalientes).

“Las iniciativas de reforma constitucional obligan a establecer acuerdos previos a su envío, porque no se trata de posicionar la visión de un solo hombre, sino de construir los consensos necesarios”, ha manifestado este lunes el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. El jefe nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha advertido también: “Esta fue la primera de tres. Tiene que aprender Morena que el Congreso se construye con acuerdos, que hay que escuchar a la oposición. No vamos a permitir que México se convierta en una dictadura. Primero ponemos la vida por delante”.

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