México destinará el 25% de la publicidad oficial a un fondo para periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado este lunes que el Gobierno prepara un plan de apoyo a periodistas, un gremio fuertemente golpeado por la violencia en México, donde ocho reporteros han sido asesinados en los primeros tres meses del año y miles desempeñan su trabajo en situación de precariedad. El mandatario, que ha recibido presiones de gobiernos y organismos internacionales para que investiguen y aclaren los atentados, y que ha descalificado el trabajo de la prensa en diferentes ocasiones, ha explicado que se destinará al programa el 25% del presupuesto de publicidad oficial del Gobierno, unos 750 millones de pesos, y que se espera que se ponga en marcha a partir del 7 de junio. “Va a consistir en una primera etapa, pero va a ser básicamente para salud, atención médica y pensiones”, ha indicado.

El director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Zoé Robledo, había asegurado en marzo de 2020 que 22.000 periodistas en el país no están afiliados a ningún sistema de seguridad social, sobre todo los que trabajan de forma independiente. En ese momento, sugirió que se estudiaba la forma de incorporarlos al IMSS. La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado propuso meses después, en septiembre de ese año, modificaciones a la ley del seguro social para incorporar a periodistas. López Obrador, ahora, ha tomado el testigo y ha sugerido que el plan se ponga en marcha a partir del 7 de junio para que coincida con el Día de la Libertad de Expresión.

El presidente ha dado pocos detalles sobre el programa pero ha asegurado que como parte del plan se creará un censo y un “comité de periodistas” que autorizará los apoyos. La oficina de la Presidencia no ha aclarado quiénes serán los miembros de ese consejo porque “aún no está conformado”. “Cuando se anunció este plan nos hablaron algunos periodistas con el propósito de ayudar sin que ellos sean considerados [beneficiarios del programa] porque quieren apoyar al gremio”, ha dicho el mandatario. Además, “se va a llevar a cabo una consulta”. “No así… tan amplia”, ha aclarado en relación a la de revocación de mandato celebrada este domingo y en la que López Obrador obtuvo un fuerte apoyo de sus seguidores. “Sino buscando consensos de periodistas a los que ustedes les tienen confianza”, ha aclarado a los reporteros que han asistido a la conferencia de prensa matutina.

Desde ese atril, López Obrador ha deslegitimado en diferentes ocasiones el trabajo de la prensa en el país. Ha tachado a periodistas de mercenarios, de corruptos, de deshonestos. A esa tribuna también se dirigió la periodista Lourdes Maldonado para reclamarle ayuda. “Vengo aquí a pedirle apoyo y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, alertó la reportera al presidente en una rueda de prensa tres años antes de ser asesinada a finales de enero en Tijuana. Antes de ella, habían sido asesinados José Luis Gamboa y Margarito Esquivel. Después le siguieron Roberto Toledo, Héber López Vázquez, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñoz y Armando Linares. Ocho en total entre enero y marzo, según el recuento que hace Artículo 19.

En todo 2021, la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa. Es decir, en promedio un periodista fue agredido por su trabajo cada 14 horas. Según Artículo 19, el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, bien porque sean presidentes municipales, por ejemplo, o agentes de Seguridad, entre otros. En un informe publicado recientemente, la organización critica la “estigmatización” a los medios de comunicación desde el Palacio Nacional: por lo menos en 71 ocasiones, casi seis veces al mes, el presidente u otros integrantes del Gobierno “denostaron a la prensa”, de acuerdo con esa investigación. En marzo, el Parlamento Europeo dijo que “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas” contra los periodistas, y antes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lamentó el clima de violencia que soportan a diario los reporteros mexicanos.

López Obrador respondió entonces que México no es “una colonia” y criticó que se actúe de “forma “injerencista”. El Gobierno, sin embargo, ha dado algunas muestras de apertura ante las críticas. Tras el clamor internacional, López Obrador encargó investigar los últimos casos y se informa periódicamente sobre algunos avances, aunque se señalan o detienen sobre todo a los autores materiales, pero no a los instigadores, donde reside la clave de la violencia. Además, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que se trabaja en una iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El apoyo para dar atención médica y pensiones a periodistas y a sus familias ha sido el más reciente anuncio.

Paula Saucedo, de la organización Artículo 19, defiende que “es necesario y urgente que la seguridad y derechos laborales sean garantizados para todos los mexicanos”. “Dentro de este espectro, por supuesto está la prensa”, apunta. “Aunque reconocemos que debe enfrentarse la precariedad en la que gran mayoría de periodistas ejercen la labor, este anuncio debe ir acompañado de otras medidas”, agrega. Saucedo enumera, entre otros, la necesidad de transparentar este proceso bajo el cual se otorgarán los beneficios para que “no se convierta en un mecanismo para controlar líneas editoriales” y herramientas que garanticen que las empresas y los dueños de los medios de comunicación cumplan con sus obligaciones en materia de derechos laborales.

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