El Gobierno de México presiona para que el PRI y la Suprema Corte salven su política energética

El Gobierno mexicano contiene la respiración. La Suprema Corte de Justicia está a punto de decidir sobre un tema que toca el corazón político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ministros se pronunciarán este jueves sobre la constitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para limitar la participación de la iniciativa privada en el sector. El mandatario sabe lo que está en juego y presiona abiertamente a los ministros del máximo tribunal, a quienes ha pedido este miércoles demostrar si son “abogados del interés público o patronales”. Una sentencia favorable salvaría su política energética, justo cuando la reforma constitucional en esta materia hace aguas por falta de apoyos en el Congreso. En ese frente, el presidente ha pedido a los diputados del PRI que se rebelen contra su dirigencia y voten a favor.

López Obrador ha reclamado a los ministros del máximo tribunal que no decidan solo de acuerdo con el marco constitucional vigente. “Que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, ha dicho. El presidente considera que la Suprema Corte también debe tomar en cuenta los sobornos que supuestamente pagó el Gobierno anterior para sacar la ley adelante, una acusación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que no ha sido probada todavía pero que el mandatario da por buena. “¿Y que no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos?”, ha lanzado.

La LIE, una de las leyes secundarias de la reforma de Enrique Peña Nieto, apuntaló la apertura del sector de la generación a la iniciativa privada. López Obrador, descontento con la liberalización, propuso en febrero de 2021 unas modificaciones a esa ley para cambiar el orden de despacho. En lugar de que las primeras centrales en subir la electricidad a la red fueran las más baratas, el Ejecutivo planteó que se diera preferencia a las de la CFE, fueran o no más caras o contaminantes. Estos cambios fueron aprobados por el Congreso en marzo del año pasado, aunque sus efectos fueron suspendidos en los tribunales de primera instancia después de que decenas de empresas se ampararan. Luego, la oposición presentó una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones por considerar que iban contra el derecho a un medioambiente sano y el principio de libre competencia.

La estrategia de presión del Gobierno a la Suprema Corte arrancó al poco de que la acción de inconstitucionalidad llegará a las manos de los ministros. En mayo pasado, el mandatario confesó haberse reunido con algunos de ellos en el Palacio Nacional, incluido el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, para que conocieran “de manera directa” los argumentos del Gobierno para su política energética. “Nos importa mucho que sepan por qué la ley eléctrica”, dijo entonces. En vísperas de la decisión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue visto entrando a la Suprema Corte este miércoles. Las visitas de altos funcionarios del Gobierno a los ministros para discutir temas en disputa legal son comunes desde hace décadas, pero López Obrador es más abierto y agresivo que sus predecesores en los intentos por influir en el tribunal.

Para que los cambios a la LIE sean declarados inconstitucionales, ocho de 11 ministros deben de votar en ese sentido. Es una mayoría cualificada que en principio favorece al Gobierno. Cuatro de los integrantes han sido nominados por el mandatario y un quinto, el ministro presidente, es considerado un aliado de López Obrador. Además, el proyecto de sentencia ha sido redactado por la ministra Loretta Ortiz, fundadora de Morena, la formación del mandatario, y diputada federal cuando se discutió la reforma constitucional de 2013 y la LIE. En su proyecto de sentencia, Ortiz defiende la constitucionalidad de cada uno de los cambios propuestos por este Gobierno. El pleno rechazó por una mayoría de ocho votos una petición para recusar a la ministra ponente debido a su militancia política pasada.

Pese a la dificultad de lograr una mayoría cualificada a favor de la inconstitucionalidad, dos de los nominados por el mandatario, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, expresaron el martes diferencias importantes respecto al proyecto de Ortiz. González Alcántara señaló que la prioridad dada a las centrales de la CFE “no está justificada” y “afecta la libre competencia”.

Después de estas declaraciones, el jurista Alfonso Herrera considera probable que se establezca la inconstitucionalidad de al menos una parte de las modificaciones. “Va a ser una sentencia segmentada en las votaciones. Para muchas porciones o varias va a haber determinaciones de invalidez en que se alcance la mayoría cualificada. En otras porciones probablemente no”, apunta este profesor de Derecho de la Universidad Panamericana.

Aun si no se consigue una mayoría cualificada para invalidar los cambios más polémicos a la LIE, la sentencia de la Suprema Corte no tumba automáticamente los amparos presentados por las empresas afectadas ante tribunales de primera instancia. “En las porciones en las que no hubiera una mayoría a favor de la inconstitucionalidad, los jueces aún tendrían alguna autonomía para resolver los amparos. Se necesitan ocho votos para que la decisión de la Suprema Corte sea totalmente obligatoria”, señala Herrera, aunque añade: “Los jueces de primera instancia suelen ser muy disciplinados en regir su actuación según una mayoría aunque no haya sido cualificada”.

Si la Corte declara la inconstitucionalidad de la LIE, al Gobierno solo le queda intentar aprobar la reforma constitucional en el Congreso. Esta recoge muchas de las modificaciones a la LIE, aunque es más agresiva -fija en la Carta Magna un porcentaje mínimo de generación del 56% para la CFE- y también incluye la nacionalización del litio. El presidente no esconde su preferencia por la reforma constitucional. “[En] la Ley Eléctrica no estaría incluyéndose, por ejemplo, lo del litio, que eso está en la reforma constitucional, y otros temas”, declaró el martes. La aprobación de la reforma, además, tumbaría automáticamente la acción de inconstitucionalidad, las dos controversias constitucionales y los amparos contra la LIE.

Sin embargo, el recorrido de la reforma constitucional es cada vez más incierto. A Morena le faltan más de 50 diputados para llegar a la mayoría de dos tercios en el Congreso. El PRI anunció el lunes que votaría en contra, después de jugar a la ambigüedad durante seis meses. El partido tricolor y sus aliados de la oposición, el PAN y el PRD, presentaron una contrapropuesta “apegada a la legalidad y a la competencia”. Entre los 12 puntos presentados, está el derecho a la electricidad y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos reguladores, pero deja el modelo energético actual prácticamente como está.

Morena no se rinde y ha prometido incorporar al menos la mitad de los 12 puntos señalados por la oposición en un dictamen revisado que se presentará el jueves. No está claro que sea suficiente. La oposición ya ha avisado que el problema tiene que ver con el fondo de la reforma constitucional, que propone limitar la competencia en el sector para favorecer a las centrales de la CFE, aunque estas sean más caras y contaminantes que las privadas.

Hasta ahora, Morena no ha dado señales de querer tocar el meollo de su propuesta. En lugar de eso, López Obrador ha llamado a los diputados del PRI a rebelarse contra la decisión de sus líderes y a votar a favor de la reforma. “Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar”, declaró el martes. Su política energética está ahora en manos de ese partido y del máximo tribunal.

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