Los mexicanos enfrentan la crisis económica en dos frentes: la covid-19 y la política interna

Adriana Zazueta tardó años en hacer de su negocio una operación redituable. Su restaurante de pollos al carbón estaba ubicado en el Paseo de la Reforma, el equivalente a los Campos Elíseos de la capital mexicana, y un poderoso centro económico que reúne empleados de empresas nacionales y transnacionales. Tardó más de dos años en construir una reputación como una opción saludable, sabrosa y rápida para la hora de la comida y convertirse en un favorito de oficinistas en la zona. Caminando desde los camellones de la avenida, era imposible pasar de vista Don Pollo. El local tenía tres pisos, un elevador y un letrero amarillo con naranja que invitaba a los transeúntes con promociones y fotografías de jugosos tacos, guacamole y frijoles refritos.

“Yo vivía de eso, y la pandemia llevó mis ingresos a cero, nada”, dice la empresaria de 48 años, “pero, la verdad, es que mi negocio empezó a caer desde 2019″.

México, la segunda economía más grande de Latinoamérica, vive una realidad económica distinta a la de muchos de sus pares en la región, en donde el producto interno bruto (PIB) ya se encuentra en niveles por encima de los inicios de la pandemia. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó de que la economía mexicana se contrajo en -0,1% en el último trimestre de 2021. La variación anual del PIB en 2021 fue de 5%, insuficiente para compensar la caída de 8,3% que ocasionó la pandemia en 2020.

“El 2018 fue, para mí, un muy buen año y, de ahí, nunca se repitió”, cuenta Zazueta, dueña de Don Pollo, profesionista con posgrado en Administración, y madre. Cada año, en diciembre, empresas con oficinas cercanas alquilaban el último piso de su local para ofrecer una fiesta navideña a sus empleados. “En diciembre de 2019, no tuve, ni cerca, el mismo número de empresas pagando un festejo. Empresas que estaban antes en la zona, ya no estaban, se fueron. La aplicación de delivery Postmates también se fue ese año. Lo que yo veo es que tuvo que ver con la cancelación del aeropuerto”.

La economía de México empezó a caer antes de la pandemia. En 2019, el PIB cayó -0,1%, una contracción que se explica, en parte, por el bajo gasto del Gobierno y, en parte, por la caída en la inversión del sector privado. El índice de inversión fija bruta del Inegi alcanzó su máximo histórico en 2015, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual pasó reformas estructurales que abrieron el mercado energético y nivelaron la competencia entre empresas de telecomunicaciones. En octubre de 2018, meses antes de tomar el poder, Andrés Manuel López Obrador canceló un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, obra respaldada por inversores internacionales, que ya estaba en construcción. Este fue el inicio del descenso de la inversión en el país. A noviembre de 2021, la inversión registró su tercera caída mensual consecutiva, y, de acuerdo con un análisis de Banco Base, sigue casi 17% por debajo de su nivel máximo histórico.

La covid-19 sigue haciendo estragos en todo el mundo. La cuarta ola, impulsada por la variante ómicron, ha generado disrupciones en la producción de bienes y servicios por bajas médicas, así como el número de muertes relacionadas con el virus. Sin embargo, a México lo está frenando también la política interna. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, estima que, entre las 50 economías más grandes del mundo, México se ubica en la posición 44 en recuperación del PIB, por debajo de Sudáfrica, Vietnam y Nigeria.

“Creemos que la razón principal de la lenta recuperación es el bajo estímulo fiscal y el débil gasto público durante la pandemia”, escribió Luciano Rostagno, doctor en finanzas y analista del banco de inversión Mizuho, en un reporte publicado el martes. López Obrador anunció en marzo de 2020 que no se “rescataría” a empresas y negó ofrecer incentivos fiscales. Su política se centró en pequeños préstamos únicos y adelantos de pensiones a adultos mayores, campesinos y jóvenes aprendices.

Zazueta aplicó para uno de los préstamos de 25.000 pesos (1.200 dólares) durante 2020. “Me alcanzó para pagar una renta, un mes, y nada más”, cuenta la empresaria en entrevista. Entre cada pregunta, responde a los pedidos que su clientela hace por WhatsApp. “Mándale un panquecito de cortesía”, le pide al teléfono a uno de los tres empleados que quedaron, de los 24 que eran. Del local de 700 metros cuadrados en Paseo de la Reforma, Zazueta se tuvo que cambiar a uno, en la misma zona, de 20. “Es posible que para una empresa mucho más pequeña, ese dinero hubiera hecho una diferencia. Pero para mí no y, ahora, ese es un préstamo que tengo que pagar”.

Sus ingresos actualmente representan el 5% de lo que ganaba en 2018 y sobrevive gracias a los ahorros que había acumulado en los buenos años. El Gobierno federal no suspendió de manera temporal pagos de impuestos a empresas como las de Zazueta, quien cerró por completo el restaurante durante siete meses en 2020. “Leer en las noticias cómo en otros países ofrecían apoyos, subsidiaban el empleo, para mí era traumatizante”, cuenta la empresaria.

Política interna

“El sector servicios siguió arrastrando a la economía, con una caída del 0,7%, impactado por una reforma laboral que prohibió la subcontratación”, apuntó Rostagno, de Mizuho, refiriéndose a la ley que prohíbe el outsourcing en la mayoría de sus formas, la cual entró en vigor en 2021. La controvertida ley fue un compromiso que el Gobierno de México hizo a EE UU y Canadá durante la renegociación del tratado de libre comercio, el T-Mec.

Mucho del gasto público que entre 2020 y 2021 se canalizó a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tan solo el año pasado, el director de Pemex dijo que el Gobierno federal cubriría 36.000 millones de dólares en deuda de la petrolera -la más endeudada del mundo-. CFE, por su parte, fue la única dependencia que aumentó su plantilla de empleados cuando tomó el poder López Obrador, quien adelgazó el tamaño de secretarías, agencias y reguladores, abogando por una “austeridad republicana”.

El gasto en las empresas estatales viene acompañado de un empuje legislativo por revertir parte de las reformas del Gobierno anterior. López Obrador busca hacer de Pemex y CFE los jugadores preponderantes en el mercado, limitando la participación de los privados. Los intentos por revertir la legislación, así como los ataques a empresarios por parte del presidente han generado tensión entre el Gobierno y el sector privado.

Empresas de energías renovables han sido particularmente afectadas. Por órdenes del presidente, los reguladores han suspendido o retrasado permisos y licencias que las empresas necesitan para operar. Subastas programadas para este sexenio, en las que eólicos y solares competirían por instalar capacidad en el país, fueron canceladas. Para grandes empresas multinacionales, que buscan migrar a energías limpias para mantener una marca fuerte y buena imagen, la actitud del Gobierno de López Obrador pone en riesgo sus compromisos.

“¿Por qué gastar en una nueva refinería cuando la idea, a futuro, es que ya no se use el petróleo?”, cuestiona Zazueta. “Yo no veo que mis impuestos se inviertan en escuelas de buena calidad, en servicios de salud, en carreteras. En México hay dinero, hay mucho dinero, pero las empresas como la mía no vemos ni un beneficio”.

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