El fiscal de Jalisco renuncia por “temas de salud”

Apenas tres años ha durado el último encargo de Octavio Solís en Jalisco. Nombrado fiscal en diciembre de 2018, con la llegada de Enrique Alfaro a la gubernatura, Solís ha renunciado este martes por “temas de salud”. Su gestión queda marcada por el asesinato del predecesor de Alfaro, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. El hallazgo constante de fosas en el Estado y la cuestionable actuación de la policía ministerial durante las marchas juveniles ese mismo año empañan cualquier logro.

Funcionario con todas sus letras, Solís ha dirigido la fiscalía en dos periodos, el que ahora acaba y el quinquenio 2001-2005, coincidiendo con el Gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña. Ha sido secretario de Gobierno y gobernador interino. Siempre le persiguió la polémica. En 2004, tras la Cumbre América Latina, Caribe y Unión Europea celebrada en Guadalajara, la oposición le acusó a él y otros cargos policiales de permitir que se torturase a manifestantes.

En su carta de despedida, el funcionario ha señalado: “Ha habido momentos buenos y momentos difíciles, sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil. Es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción”. Solís ha indicado que ya le ha comunicado su decisión al gobernador, quien “ha manifestado su apoyo y solidaridad” para que atienda “esos temas de carácter personal de tiempo completo”.

La gestión del fiscal quedará marcada por el asesinato del priista Sandoval en Puerto Vallarta, ataque que mostró la falta de escrúpulos del crimen, capaz de organizar un atentado en uno de los enclaves vacacionales más importantes del país. A más de un año del asesinato, la Fiscalía de Jalisco aún busca a los autores materiales, presuntamente asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De los autores intelectuales no hay noticias, menos del móvil de los asesinos.

El caso fue todo un escándalo por la capacidad de los criminales de poner a su servicio a los trabajadores del local donde perpetraron el ataque. Fue en el bar Distrito 5, en la ciudad costera, el 18 de diciembre de 2020. Los atacantes aprovecharon una visita al baño del exmandatario y le dispararon a bocajarro. Al menos tres balas impactaron en su cuerpo, causándole la muerte poco después. Trabajadores del bar modificaron la escena para borrar evidencias del ataque. Al menos 13 fueron detenidos y procesados poco después.

A finales del año pasado, Solís y Alfaro comparecieron ante los medios para celebrar los avances en el caso, la identificación de los autores materiales y la obtención de órdenes de detención contra ellos. Pero de momento no aparecen y el caso, lejos de suponer un éxito, deja un vacío y una enorme cantidad de preguntas sobre el motivo y, por tanto, sobre los años de Sandoval al frente del Gobierno del Estado.

No es ningún secreto que bajo el mandato del exgobernador asesinado, el CJNG agarró poder en la región. No solo en Jalisco, también en Michoacán, Nayarit e incluso Guanajuato. Muchas de las explicaciones de lo que ocurrió en esos años aluden al ámbito estatal, pero otras lo hacen al federal. No en vano, el CJNG es una empresa de criminales organizados, espécimen cuya investigación toca a la fiscalía federal. Durante parte de los años de Sandoval en Jalisco, el delegado local de la fiscalía federal en el Estado fue el propio Solís.

No únicamente fue el caso de Sandoval. Su gestión queda marcada también por la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes hermanos en Guadalajara, en 2021. Según la explicación oficial, criminales los confundieron cuando trataban de ubicar a una persona, custodiada por la Fiscalía federal, que vivía cerca de los muchachos. Este caso recordaba a su vez al de los tres estudiantes de cine, desaparecidos en 2018, víctimas de una presunta pugna entre el CJNG y un grupo rival.

El año pasado, el trabajo de la fiscalía local fue igualmente escrutado tras la muerte de Giovanni López, presuntamente a manos de policías de Ixtlahuacan. El 4 de junio, los agentes detuvieron a López presuntamente por no llevar cubrebocas. El hombre murió en custodia. El caso de López provocó una oleada de protestas en Guadalajara, que culminó con críticas al gobernador y al fiscal por la represión policial. Alfaro dijo que personas de otros estados llegaron a la ciudad para tratar de “hacer un Ayotzinapa”. El gobernador dijo además que grupos de delincuencia organizada habían atacado a manifestantes. “Mi instrucción fue no usar la violencia, mantener una actitud de contención, una actitud pacífica por parte de los policías. Por supuesto que esta instrucción fue desobedecida y desacatada por el grupo de la Policía Ministerial que atacó a estos jóvenes”, dijo el mandatario.

El hallazgo de decenas de cuerpos en fosas clandestinas culmina así un trienio de horror para Guadalajara y la procuración de justicia. El área metropolitana de Guadalajara y municipios del corredor al lago Chapala, como Tlajomulco, configuran una geografía del horror que apenas ahora empieza a conocerse.

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