El alcalde de San Cristóbal y avionetas con cocaína: las últimas notas de Fredy López

Desde el otro lado del teléfono, en un ambiente de tensión y furia, los cercanos a Fredy se quiebran la cabeza para averiguar qué sucedió aquella noche. El pasado jueves, el veterano periodista de Chiapas Fredy López Arévalo fue asesinado de un disparo cuando regresaba a su casa en San Cristóbal de las Casas después de haber celebrado con toda su familia el 83 cumpleaños de su madre. En la puerta de su domicilio le esperaba un sicario en moto. Una semana después del balazo por la espalda, las sospechas aumentan, pero nadie se atreve a afirmar quién pudo pagar el precio que costó su vida ni por qué. En lo que coinciden todos, familiares y amigos, es en que su trabajo incomodaba tanto al poder como al narco. Y que Fredy fue acribillado por ser periodista.

El crimen de Fredy se ha convertido en el último símbolo de la violencia contra la prensa en uno de los países —que no están oficialmente en guerra— más letales para la profesión. Tan solo 24 horas después de su homicidio, otro compañero en Acapulco (Guerrero), Alfredo Cardoso, era también acribillado a balazos, murió dos días más tarde en un hospital. Los dos homicidios engrosaron la cifra de asesinatos de periodistas que alcanza los 10 en lo que va de año. La organización Reporteros Sin Fronteras nombró en 2020 al país como el más letal para la profesión, con ocho muertes. Antes de que acabe el 2021, ya se ha batido un nuevo récord macabro.

Tras su asesinato, la familia de Fredy que creció en un ambiente periodístico —tres de los cinco hermanos se dedicaron a la prensa— revisó sus últimas publicaciones de Facebook, donde compartía todo su trabajo. Desde hace años, cuentan, solo utilizaba el celular, nada de libreta y pluma. Tecleaba desde el móvil las noticias que le llegaban para la cuenta oficial de Jovel en la red social y la compartía desde la suya. Con más de 30 años de trayectoria, el reportero se había convertido en una voz con influencia en la opinión pública local. “Pudo molestar como a una decena de personas. Por donde mires, hay algo que dices, quizá fue por esta cosa”, señala un amigo cercano que prefiere no decir su nombre por cuestiones de seguridad.

La última publicación fue del mismo día de su asesinato, el 28 de octubre. “Aquí, en la última frontera, donde comienza la patria, siguen los ríos de la inmigración de ciudadanos al norte. Sigue la contención de migrantes centroamericanos y extracontinentales; sigue la lacerante pobreza...”, comenzaba la última crónica del periodista firmada en los Altos de Chiapas. La región, que incluye a San Cristóbal y los municipios indígenas del norte del Estado, ha sido sacudida en los últimos meses por una ola de violencia entre el narcotráfico y grupos de autodefensas que ha provocado más de 2.000 desplazados de la sierra hacia las principales urbes.

Sobre la crisis de seguridad que sorprendió para una zona ajena a las grandes peleas de los cárteles de la droga, más conocida por la lucha indígena por las tierras, escribió Fredy en sus últimas notas. Como el asesinato en julio del activista Simón Pedro Pérez, de 35 años, que había acompañado a los pobladores de Pantelhó a presentar una denuncia ante la Secretaría de Gobierno por el avance de los grupos criminales en la región.

En las últimas semanas, el dardo de Fredy apuntaba directamente al Gobierno municipal de San Cristóbal, liderado por Mariano Díaz Ochoa (Partido Verde). En una publicación del 20 de octubre, el reportero lo llamaba “presidente usurpador”. Incluso llegó a insinuar que existían vínculos entre el poder municipal y el narcotráfico y la violencia de la zona. “Aunque en Chiapas está proscrita en la prensa la palabra narcopolítico, no quiere decir que no exista”, se lee en el mismo texto. Las acusaciones del reportero coinciden con unos meses de terror en San Cristóbal, una localidad que vive en gran medida del turismo extranjero.

Un grupo de sicarios apodados Los Motonetos ha sacudido a la localidad de calles empedradas, artesanía y textiles indígenas. La prensa local los apoda así, aunque calculan que son hasta cinco grupos de jóvenes narcomenudistas. “Estas bandas son conocidas por los vecinos como grupos de choque contratadas por autoridades municipales o particulares para generar conflictos”, publicaba el periódico La Jornada hace una semana. Y están relacionados con el asesinato del fiscal de Justicia Indígena en agosto pasado en la misma localidad, Gregorio Pérez Gómez. En este clima de auge de la violencia en la ciudad se movía y denunciaba Fredy.

Otra de las noticias que publicó el reportero fue de los días 17 y 18 de octubre. Ahí el periodista denunció operativos antidrogas de la Marina. Una avioneta con la bandera de Estados Unidos a un costado fue incendiada y una lancha que había transportado droga abandonada cerca de su casa de descanso en la zona costera de Boca del Cielo, al sur de Chiapas. “Desde ayer [16 de octubre] la Secretaría de Marina intensificó los sobrevuelos con aviones y helicópteros sobre la isla y el patrullaje en lancha. Los militares están sobre un cargamento de coca que presuntamente descargó en esta isla, en un brazo del mar del Pacífico, pero no lo han hallado”, se lee en una publicación de esos días junto a imágenes de la avioneta semicalcinada.

El periodista aseguraba en sus informaciones que el corredor chiapaneco, frontera con Guatemala, era la puerta de entrada de la droga de Sudamérica hacia Estados Unidos. Un tema del que apenas se habla en México. Los grandes capos de la droga siempre han estado en el norte; también sus guerras. Chiapas ha sido pocas veces señalado como un Estado con presencia del crimen organizado a ese nivel, aunque se refugiara muy cerca de ahí —en un municipio de Guatemala fronterizo con México— Joaquín El Chapo Guzmán poco antes de que fuera capturado por primera vez, en 1993. “Es un secreto a voces que el 65% de la cocaína que llega a Estados Unidos ingresa por Chiapas, con la frontera más amplia y porosa con Centroamérica”, sostenía Fredy en sus últimas crónicas.

Poco antes de denunciar las operaciones contra el narcotráfico, el periodista denunció el asesinato de un compañero. Muy cerca de su casa de la playa, en Puerto Arista, habían encontrado el cadáver del periodista Gerardo Antonio Moreno, originario del norte del país (Monterrey), que se encontraba esos días en Chiapas investigando el rastro del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación en el sur del país.

Según los cercanos a Fredy, este no había recibido últimamente ninguna amenaza. “Nos hubiera dicho o lo hubiera compartido en redes, cuando hace años le sucedió eso, lo denunciaba por ahí”, explica otro amigo. Y entre todos tratan de responder estos días a la terrible pregunta: ¿por qué? Su esposa, Gabriela Vázquez, le hizo llegar esta semana un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Gobierno federal supervise la justicia contra el crimen de su marido. “Es muy lamentable porque el periodismo en los pueblos es muy riesgoso, desgraciadamente, allá se topa el que denuncia con el señalado”, reconoció López Obrador. En lo que va de Gobierno, casi tres años, han asesinado a 49 periodistas y solo cinco de los casos ha recibido una sentencia.

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