Una nueva masacre en Michoacán ilustra la pugna sin fin del crimen en el Estado

La violencia golpea de nuevo a Michoacán, esta vez en la parte norte, en los límites con el Estado de Jalisco. En la noche del lunes, los cuerpos de 11 hombres aparecieron abandonados en una carretera rural del municipio de Tangamandapio, todos con el tiro de gracia, según ha informado la Fiscalía estatal. La policía ha divulgado este martes varias imágenes sobre el despliegue de efectivos en la zona. A última hora de la tarde, la fiscalía ha informado de que seis de los 11 eran menores de edad, cinco de 17 y uno de 15 años.

La prensa regional ha informado de que las autoridades ubicaron los cadáveres en un predio en las inmediaciones de la comunidad indígena de Tarecuato. A camino entre Los Reyes y Zamora, Tarecuato ha sido escenario de situaciones violentas este mismo año, entre ellas el ataque con bombas molotov a la comandancia de la policía comunitaria en julio y el posterior enfrentamiento de los atacantes con policías y militares. Antes, en febrero, sicarios habían asesinado a Juan Govea, tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

Más allá de sus nombres y edades, la Fiscalía estatal no ha dado más detalles sobre lo ocurrido, la posible afiliación de los asesinos o sus motivos. Tampoco ha trascendido si en el lugar de los hechos aparecieron mensajes en mantas o cartulinas, comunes en este tipo de masacres. Los investigadores solo han dicho que los cadáveres fueron trasladados a los servicios forenses de Zamora.

Desde hace meses, medios locales han informado de una pugna entre organizaciones criminales en esa región de Michoacán, mencionando indistintamente nombres asociados a la delincuencia en el Estado en los últimos años. Unas siglas se repiten sin embargo: CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación. En pugna constante con una coalición más o menos estable y homogénea de mafias regionales, el CJNG lleva años protagonizando la ecuación criminal de Michoacán y los Estados circundantes. Ya sea en la región Sierra-Costa, en Tierra Caliente o en el límite meridional con Jalisco, el grupo criminal aparece siempre, bien por ataques y masacres, bien por extraños desfiles paramilitares.

Hace un par de años trascendió un vídeo en el que dos decenas de camionetas rotuladas con las siglas del cartel Jalisco marchaban por un camino rural. Ya fuera un desafío al Estado o una simple operación propagandística, un mensaje de poderío permeó a escala nacional. El cartel Jalisco no era solo un grupo de mercenarios empeñado en controlar carreteras, pueblos y ciudades medianas en geografías serranas. Tenían también un sentido estratégico de la comunicación. Luego se vio que el grupo, o células asociadas al grupo, no tuvieron problema alguno en organizar un atentado contra el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García, antiguo policía federal y encargado de la agencia investigadora de la extinta Procuraduría General de la República.

En 2019, cuando apareció el vídeo del desfile, la prensa especuló con que se había grabado en Zamora y alrededores. La región aparecía así como uno de los puntos más calientes de la pugna en el CJNG y la coalición de mafias locales del Estado. Con el tiempo, Aguililla y los límites de la región Sierra Costa con Tierra Caliente configurarían el otro punto caliente.

En una entrevista con EL PAÍS hace tres meses, el investigador Trevor Stack, que ha abordado las dinámicas criminales en la zona norte de Michoacán, señalaba que esos lugares han fungido de escenarios para las peleas de los grupos criminales desde hace años. “En 2005, 2006 y 2007, hubo una serie de asesinatos que causaron escándalo en la ciudad, no estaban acostumbrados. Era cosa de Los Zetas y La Familia Michoacana, para sacar a [la familia de] los Valencia, que después se fueron a Guadalajara y una parte de ellos acabó siendo del CJNG”, explicaba.

Stack señalaba igualmente que con el paso de los años y la fragmentación de los grupos criminales, “al menos diez organizaciones funcionaban en la zona con ciertas alianzas entre sí y hacia fuera, según el ramo de negocio en el que estén. Hay grupos que solo extorsionan y ni siquiera trafican drogas”.

Para el investigador, autor de Actores cívicos y márgenes ilícitos en las políticas públicas: el caso Zamora, la violencia en la zona no podía entenderse si la mediación de la Administración. “Hasta los años 80 o 90, el Estado organizaba el crimen. Desde entonces para acá, la relación se complica, pero siento que sigue existiendo. Se dice a veces que los grupos delictivos se independizaron del Gobierno, pero no creo que sea el caso”, explica. Para Stack, “el Gobierno sigue siendo importante para estos grupos y siento que los grupos siguen siendo importantes para ciertos actores políticos. La relación desde luego es más compleja que en los años 80 pero no menos esencial”.

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