Topes al precio de gas LP en México: una “opción nuclear” pero efectiva ante el encarecimiento

Los primeros días con precios máximos a la venta de gas LP en México han tapado algunos hoyos y abierto otros. La decisión del Gobierno mexicano de apretar este botón de último recurso ante el auge de las tarifas ha provocado una reducción significativa, bienvenida para el bolsillo de las tres cuartas partes de los hogares del país que utilizan esta fuente de energía. Sin embargo, ya se atisban las primeras tensiones. Un paro de cientos de repartidores dejó sin combustible a varias zonas del Valle de México y los analistas ven probable que se presenten recursos legales contra la medida. Aunque el Ejecutivo ha insistido en su carácter temporal, la industria advierte de una posible disminución de rutas de reparto y de episodios de escasez si se alarga.

La medida, tomada a toda prisa por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), responde a la frustración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió mantener el incremento del costo de los energéticos por debajo de la inflación. Un 79% de hogares utiliza el gas LP para cocinar o calentar la vivienda, frente al 11% que recurre a la leña o al carbón, y su precio no para de aumentar. En la primera quincena de julio fue un 34% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Gran parte del auge se explica por el efecto de la reactivación pospandémica, especialmente la asiática, sobre los precios internacionales, que escapan al control del Ejecutivo.

Sin embargo, el Gobierno se ha centrado en lo que percibe como principal culpable doméstico: la concentración del mercado. Tras la liberalización de los precios en 2017, cinco empresas dominaban el 53% de la distribución, porcentaje que se agravaba en ciertas regiones como la Península de Yucatán. Y, donde hubo un aumento de la competencia, este tampoco se tradujo en una reducción de las tarifas, señaló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2018. Como ejemplo, el costo en diciembre de 2020 era un 46% mayor al del mismo mes de 2016, pese a que el precio de referencia internacional disminuyó un 5% en ese periodo, ha documentado la CRE. “[Las empresas] se están quedando con márgenes de utilidad muy amplios”, interpretó López Obrador a principios de julio.

Los topes con los que el Gobierno quiere desenredar la situación han tenido, por el momento, el efecto esperado: una caída significativa de las tarifas. En Ciudad de México el promedio por kilo disminuyó un 22,5%, de 27,5 pesos en la última semana de julio a 21,3 a inicios de agosto, según datos de la CRE recopilados por el especialista en competencia Paco Castillo, doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En Tijuana y Cancún hay descensos del 28% y 21%, respectivamente.

Por otro lado, algunos distribuidores que vendían por debajo de lo establecido por la CRE han subido sus tarifas y en municipios alejados como Pueblo Nuevo en la sierra de Durango el precio promedio incluso ha aumentado un 12% respecto a la última semana de julio. “Es un riesgo que existe, aunque en la mayoría de localidades se aprecia una disminución”, explica Castillo.

Pese al congelamiento mayoritario de los precios promedio de venta, los expertos advierten de que la caída en los beneficios de las empresas puede reducir la competencia y resultar contraproducente: a mayor concentración, mayores tarifas. “La CRE va a tener que ser muy cuidadosa”, afirma Óscar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Se va a distorsionar más un mercado que de por sí ya está concentrado. Los precios máximos pueden provocar que no entren más jugadores. Si eran cinco, el sexto no va a entrar”.

El descontento en el sector provocó el martes un paro de los repartidores que los distribuidores contratan para llevar el combustible hasta el consumidor final. Para la analista Rosanety Barrios, exfuncionaria de la CRE y de la Secretaría de Energía, la reacción era esperable. “Los distribuidores se quedaron sin posibilidad de seguir compartiendo su margen de beneficio y eso es condenar a los repartidores”, dice. López Obrador ha anunciado este miércoles que la Guardia Nacional dará apoyo a los distribuidores para mantener sus operaciones y que baraja presentar denuncias contra los que bloqueen la distribución. “Quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente”, ha acusado el presidente.

Los distribuidores se han querido deslindar del paro de los repartidores, pero han agitado igualmente el fantasma del desabasto. La asociación Amexgas aseguró el martes que los precios máximos “no cubren los costos indispensables de la distribución”, lo que puede provocar una disminución de rutas de reparto. Se trata de un “escenario extremo”, según Óscar Ocampo, que se puede dar si la medida se prolonga en el tiempo y los precios que marca la CRE son bajos comparados con el mercado mundial. “A medida que esa brecha se vaya abriendo va a ser menos atractivo para los gaseros importar el gas del extranjero”. Más de dos terceras partes del gas LP consumido en México es importado y solo una pequeña parte es producida por Pemex.

Los precios máximos, como otras medidas recientes de política energética, amenazan con abrir la enésima disputa legal entre el Gobierno y el sector privado. La Ley de Hidrocarburos establece que para imponer topes se requiere de una “declaratoria de ausencia de condiciones de competencia” de la Cofece. El organismo autónomo, encargado de velar por el buen funcionamiento del mercado, inició un procedimiento en mayo sobre este asunto que todavía no ha finalizado.

Sin esperar la decisión, la CRE publicó una metodología de precios la semana pasada, apenas un día después de recibir un exhorto del Gobierno federal. “Da la impresión que el esquema se diseñó con prisas más que con fundamentos técnicos”, dice Ocampo, del IMCO. “Los gaseros pueden ampararse y tienen todas las de ganar porque la ley es muy clara”. La Cofece, por su parte, está facultada para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por invasión de competencias.

Hay alternativas menos farragosas que los topes para contener las tarifas, según los analistas. De entrada, la Cofece tiene una segunda investigación en curso sobre la posible manipulación de precios en el sector, que puede desembocar en sanciones de hasta el 10% sobre los ingresos de las empresas. Además, el organismo ha planteado vender gas LP en las tiendas de la empresa paraestatal Diconsa a la población más vulnerable o facilitar la sustitución del combustible por gas natural. La falta de infraestructura de transporte ha impedido explotar este último recurso, que solo utilizan las cocinas de un 7% de los hogares. “Esto lleva más tiempo. El control de precios es muy lucidor, pero está provocando una distorsión brutal en el mercado. No hay una medida que sola pueda resolver el problema del gas LP”, apunta Barrios

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