El Gobierno publica una nueva ley para que ningún funcionario gane más que el presidente

Una de las más viejas obsesiones de Andrés Manuel López Obrador ha conseguido finalmente desenredarse. Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación ha publicado la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del presidente, fijado en 162.311 pesos mensuales brutos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021. Esta norma sustituye a la aprobada en noviembre 2018 por la Cámara de Diputados, que fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los altos funcionarios del Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrán mantener, de momento, sueldos superiores al de López Obrador gracias a los recursos presentados ante la justicia.

La idea no es nueva; fue la primera ley de la era López Obrador, quien consiguió aprobarla cuando ni siquiera era presidente, pero ya controlaba la Cámara de Diputados. Enmarcada en el estrenado eje de austeridad, la Administración pretendía colocar un tope salarial a la alta burocracia. Entonces, Morena desempolvó una ley de 2011 escrita durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) que había sido aprobada por el Senado. Los partidos opositores advirtieron del enredo judicial que iba a provocar la entrada en vigor de la ley tal y como estaba, porque en esos siete años se habían creado órganos e institutos autónomos de alta especialización que no habían sido considerados.

En enero de 2019, la Cofece ya presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva ley. Le siguieron el INE y el Banco de México. Apenas unos meses después, la SCJN invalidó la norma por no contemplar parámetros para fijar el salario del presidente por lo que resultaba arbitraria y ordenó al Congreso a corregir esta falla. Tras dos años estancada, el Senado mexicano aprobó el 27 de abril la nueva ley. La norma fija el Producto Interior Bruto (PIB) como referente para determinar las retribuciones de los trabajadores públicos. Establece, en un método que no se había aplicado antes en el país, una fórmula para calcular la llamada Remuneración Anual Máxima, que pertenece al presidente.

Los legisladores de Morena consideran que este criterio “frena la práctica discrecional de conceder que algunos servidores públicos tengan percepciones por encima de sus superiores jerárquicos”. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó al aprobarse en el Senado que la ley es el resultado de un clamor popular: “No más funcionarios que se pongan el sueldo que quieran”.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, también consideró que la ley favorecerá un ejercicio eficiente de las responsabilidades públicas: “Responde al país que, con tanta urgencia, pide que se acaben los gobiernos ricos con pueblo pobre”. Los partidos opositores se mostraron de acuerdo con el trasfondo de la austeridad de la ley, pero considera que la propuesta “no es un marco regulatorio útil, ni brinda certidumbre o claridad sobre las percepciones del sector público”.

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