La defensa de López Obrador del control del precio de la luz choca con problemas estructurales de gestión

Andrés Manuel López Obrador hizo de la reforma eléctrica que beneficia a la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad una apuesta central de su proyecto político. Pero la crisis de febrero, que provocó un apagón en el norte de México generando un desabastecimiento y un sobrecosto del gas que alcanza los 50.000 millones de pesos, cuestiona también la misma gestión de la CFE. Ese gasto imprevisto repercutirá en las facturas de la luz, que este mes de abril ya han experimentado un incremento acumulado mensual del 0,2% para llegar a un 3,3% anual. El discurso del presidente sobre el control de los precios de la energía y los combustible acaba chocando con la percepción de los consumidores.

José Martín Mendoza Hernández, director del departamento de Servicios Básicos de la CFE, ha defendido este lunes en la conferencia de prensa de López Obrador que esos aumentos están en línea con la inflación, que el pasado mes de marzo alcanzó un 4,67%, el por dato en más de dos años. Sin embargo, más allá de la inflación existen problemas estructurales de gestión. Y los ha venido a reconocer el propio Mendoza.

“El mes de abril, el costo de generación que impactó en el mes de febrero [cuando un apagón masivo dejó a oscuras a millones de personas en el norte de México] asociado a los costos de gas que pasaron en el sur de Texas o en todo Texas [...] se tuvo aquí una exposición fuerte de sobrecosto”, ha recordado. La crisis del suministro de gas, originada por el congelamiento de las infraestructuras al otro lado de la frontera, disparó los precios y se desató una tormenta perfecta que puso en jaque al sistema eléctrico mexicano.

Esa emergencia, ha admitido Mendoza, “le originó a la CFE cerca de 50.000 millones de pesos. Esos 50.000 millones de pesos se están trabajando y se trabajaron con la Comisión Reguladora y con la Secretaría de Hacienda para dosificarlos o trasladarlos en los meses en los cuales tarifa tenía un decremento y seguir manteniendo ese 3%”. Así, ese desfase imprevisto de cerca de 2.500 millones de dólares sí tuvo un impacto las tarifas al consumo.

Más allá del alcance de los ajustes, el analista David Shields considera preocupante este reconocimiento, porque en definitiva será trasladado a los usuarios. “Eso genera muchos cuestionamientos y muchas inquietudes. Nos cortaron el gas, el gas subió de precio momentáneamente, no durante días, pero esa situación causó un daño por 50.000 millones de pesos”, describe el consultor, con décadas de experiencia en el sector, para preguntarse: “¿Pero no había cobertura? Se supone que en estos casos debía haber un seguro, una cobertura o una alternativa que puedan generar eléctrica”.

En su opinión, “más que una debilidad del sistema, es una debilidad de gestión”. Y el reflejo de este manejo se da justo cuando el Gobierno, con López Obrador a la cabeza, ha impulsado una reforma eléctrica que busca fortalecer a una compañía del Estado frente a la iniciativa privada, lo que supone en sí un desincentivo a las inversiones, tanto de capital extranjero como mexicano. Para Shields, se trata de solo un capítulo de un pleito más amplio del mandatario con el sector privado.

El presidente, de hecho, ya ha anunciado una reforma parecida también para el sector petrolero, con el propósito de rescatar a Pemex, que tiene una deuda de más de 110.000 millones de dólares. Se trata de un discurso que tiene rédito electoral. Hoy mismo López Obrador ha asegurado que cumple con el compromiso de “no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz”. “Tenemos pendiente el ajuste en el gas, solamente eso, es lo que vamos a resolver pronto, pero en gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas no sólo hemos cumplido, sino ha habido disminución en términos reales”, ha dicho antes de afirmar que existe una “campaña de desinformación en contra”.

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