López Obrador propone que la Fiscalía revise a los candidatos tras el ‘caso Salgado Macedonio’

Con la campaña electoral ya iniciada en un puñado de Estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa enviando recados y perfilando la ruta rumbo a los comicios del 6 de junio. Hace dos semanas, el mandatario hizo pública una carta dirigida a los gobernadores donde les recordaba sus deberes electorales, entre otros, evitar la compra de votos o impedir que el crimen organizado irrumpa en las campañas que renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y más de 20.000 cargos públicos locales. Este miércoles, el mensaje ha ido dirigido a los partidos, a los que ha conminado a enviar su lista de candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar que no tienen abierta ninguna investigación en su contra.

“Sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas, si no están ahí en expedientes”, ha defendido durante la rueda de prensa mañanera de este miércoles. La propuesta eleva el listón de la regulación electoral actual, que se limita a exigir una revisión de los antecedentes penales —condenas por sentencia firme— para los potenciales candidatos.

Las palabras del presidente llegan sobre todo en medio del escándalo que rodea a Félix Salgado Macedonio. Sobre el candidato de Morena al Gobierno de Guerrero pesan dos denuncias por violación y otros tres señalamientos de acoso y abuso sexual. El veterano político, crecido en las filas del PRD junto a López Obrador, ha recibido el respaldo sin matices del presidente y de parte de la organización pues cientos de militantes, principalmente mujeres, han pedido apartar al aspirante de la contienda. Una fuerte contestación social ha provocado que un comité interno de garantías revise desde hace dos semanas el proceso para nombrar a Salgado Macedonio, ganador de una encuesta interna. La autoridad electoral de Guerrero ha autorizado la candidatura, pero el partido aún no ha anunciado el resultado.

El caso Salgado Macedonio representa de momento el mayor lastre para la campaña de Morena, que aspira a revalidar la mayoría en la cámara baja. El conflicto ha escalado incluso dentro de las filas del partido. Frente al silencio de los hombres que forman el gabinete, su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha tenido el valor de dar un paso adelante y ha recordado que “es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias”

Elevar los estándares para la idoneidad paro los candidatos en México, donde menos del 1% de los delitos denunciados acaban en sentencia, redoblaría la lucha contra la impunidad, uno de los caballos de batalla del Gobierno de López Obrador. Además, lanzaría un mensaje implícito sobre el caso concreto de Salgado Macedonio, ante el que el presidente ha permanecido enrocado hasta ahora aduciendo una campaña orquestada por sus adversarios políticos. Unos argumentos similares a los expuestos ante la emergencia del movimiento feminista y sus demandas de justicia e igualdad en un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día y 4 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia sexual, según un estudio independiente.

Los avances en perspectiva de género ya han llegado a algunas instituciones. El Instituto Nacional Electoral (INE) inauguró para estos comicios el llamado Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres. Un archivo donde la autoridad electoral ha ido registrando los candidatos que acumulan algún tipo de sanción —penal, administrativa o civil— en materia de género. El resultado hasta ahora es de 19 cargos públicos —15 hombres y cuatro mujeres— inhabilitadas para el proceso electoral.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, salió al paso esta misma semana a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, recordando que la responsabilidad última sobre la elección de los candidatos es de los partidos, no de ninguna instancia superior. “La responsabilidad de presentar a candidatos sin presentar denuncias de acoso y abuso recae primordialmente en los partidos políticos. Otorgar su registro es una facultad de los institutos electorales, pero la responsabilidad de presentar a cargos públicos a candidatos honorables, no le demos vueltas, es exclusivamente de los partidos políticos”. Claudia Zavala, otra consejera electoral del INE, ha señalado esta misma semana en un foro que es “inaceptable” que se acepte el registro de candidatos señalados por agredir mujeres.

En cuanto al encaje legal de la propuesta del presidente, Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que una posibilidad sería “incluir en la Ley General de Partidos Políticos la obligación de que las formaciones tuvieran este requisito antes del registro de los candidatos”. Otra de las dudas es dónde se pondría la línea en el marco de una investigación de la Justicia.

El presidente ha hablado de “autoridades judiciales”, “carpetas” y “expedientes”. Para el jurista de la UNAM, la intención parece ser no esperar al hito de la imputación, es decir, la vinculación a proceso por parte de un juez, sino que sea suficiente con la actuación de la Fiscalía. “Esto puede ser problemático dada la falta de autonomía de nuestras fiscalías. Para evitar el uso político de este tipo de medidas sería necesario garantizar su independencia”, cierra el jurista.

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