Una filtración del expediente contra el gobernador de Tamaulipas sacude el arranque de la campaña electoral

Un gobernador opositor señalado por la Fiscalía por corrupción y delincuencia organizada, un presidente que se refiere a la investigación en casi todas sus comparecencias y que pide que el expediente se haga público, una campaña electoral que acaba de empezar, filtraciones y cruces de acusaciones. El caso que afecta a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN) que gobierna el Estado norteño de Tamaulipas desde 2016, adquirió este viernes una nueva dimensión después de que se conociera que la Fiscalía General de la República (FGR) le acusa de haber “amasado una fortuna millonaria” aprovechándose de su posición. Cabeza de Vaca fue senador, diputado y presidente municipal de Reynosa y lleva al menos dos décadas en la primera línea.

Los investigadores le atribuyen, según un documento publicado por el diario Reforma, una treintena de propiedades no declaradas tanto en Tamaulipas como al otro lado de la frontera con Estados Unidos, en Texas. Esos bienes, según la carpeta, fueron adquiridos entre 2005 y 2019, cuando el político ya ostentaba cargos públicos. El expediente hace referencia a residencias, ranchos, restaurantes, galerías de arte y cuentas bancarias. El valor de ese patrimonio, que formalmente figura a nombre de terceros, familiares y allegados, supera los 951 millones de pesos (casi 45 millones de dólares), según la instrucción. En cualquier caso, muy por encima “de los 50 millones que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador”.

La Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el pasado 23 de febrero el desafuero del gobernador, es decir, el fin de la inmunidad parlamentaria, y para ello envió al Congreso la información relacionada con el caso. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió públicamente desde el púlpito de sus conferencias de prensa matutinas, difundir el expediente, pero la Sección Instructora de la Cámara rechazó hacerlo. El responsable de esa instancia, Pablo Gómez, dijo que la ley obliga a mantener el secreto y devolvió la pelota al fiscal general, Alejandro Gertz. Desde la Fiscalía se han desentendido de las filtraciones. El propio Alejandro Gertz manifestó al comunicar la petición de desafuero que había que “respetar su autonomía [de la Cámara de Diputados] y no empezar a hacer tareas litigiosas en un asunto tan delicado”. Pero lo cierto es que algunos detalles de la investigación han visto la luz justo al comienzo de la campaña electoral, que arranca hoy en cinco Estados -Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima y Sonora-.

López Obrador se pronunció el jueves sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria asegurando que “si hay elementos para hacerlo y se decide que haya desafuero, el expediente se va al Congreso local, a Tamaulipas, y ahí deciden o de manera directa la Fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva”. “Ese es el procedimiento, eso ya está iniciado en el caso de Tamaulipas”, afirmó. “Nosotros”, prosiguió, “vamos a ser respetuosos y lo único que quiero dejar claro, desde el principio lo expresé, es que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie, como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie. Por eso yo soy partidario de la transparencia en estos casos, porque eso despeja mucho las dudas. Si la gente conoce el expediente, se conoce toda la información…”.

El gobernador ha rechazado las acusaciones desde que se conoció la investigación. “Lo publicado son especulaciones que nada tienen que ver con la solicitud de desafuero. De nueva cuenta, filtraciones dolosas para crear percepciones de culpabilidad. Exijo seriedad a las autoridades en el manejo de este asunto”, afirmó en sus redes sociales, donde se ha empleado en mostrar actividades como la pavimentación de unas calles o la inauguración de un centro de bienestar.

El dirigente también pidió a su formación, el PAN, que escuchen su versión sobre el caso. Cabeza de Vaca es el primer jefe de Gobierno de ese partido en Tamaulipas, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se había mantenido en el poder durante más de 80 años. En los últimos días, Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no solo cerró filas con el gobernador, sino que prometió en vísperas de la campaña de las elecciones federales y locales del 6 de junio que la formación seguirá luchando por el Estado norteño, que celebra elecciones a la gubernatura el próximo año.

Este caso no es el único que agita el comienzo de la carrera electoral. En Guerrero, Morena, el partido de López Obrador, aún no ha resuelto la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el aspirante apoyado por el presidente que se enfrenta a dos denuncias por violación y otras acusaciones de acoso sexual. La competición, que aparte de la renovación de la Cámara de Diputados determinará quién gobierna en 15 de las 32 entidades federativas, se celebra además en un clima de violencia. Y el Estado de Tamaulipas acaba de ser escenario de una masacre de al menos 15 migrantes guatemaltecos.

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