Cabeza de Vaca, el gobernador investigado en un Estado bajo el yugo del narco

Hay pequeños detalles que persiguen a los mandatarios de la frontera en su carrera política. Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un acto aparentemente cotidiano en la ciudad de Reynosa, cuando era alcalde en 2005, lo manchó. En una celebración del Día del Niño, permitió que se repartieran juguetes a los pequeños que iban firmados por un nombre conocido: Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo. Diez años después de aquello, cuando estaba a punto de convertirse en senador por el conservador PAN, un informe de la DEA lo ubicaba en un encuentro de 2012 con Joaquín El Chapo Guzmán en Baja California Sur y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy procesado por Estados Unidos por narcotráfico. Aquellas supuestas conexiones y otras más concretas que apuntan al lavado de dinero y fraude fiscal han sacudido la política en México. La Fiscalía ha arremetido contra el gobernador, opositor al presidente, a unos meses de las elecciones legislativas y locales.

El caso de Cabeza de Vaca, de 53 años, se suma al de otros cuatro gobernadores de Tamaulipas, un Estado penetrado hasta el tuétano por los cárteles de la droga. Tres millones y medio de habitantes, una de las fronteras más codiciadas por el narcotráfico ubicada en el Golfo de México, a un paso de Texas y casi 30 años de gobiernos que han permitido, colaborado y hasta dirigido las operaciones criminales en el territorio.

Desde el mandato de Manuel Cavazos Lerma (de 1993 a 1999) —acusado de lavado de dinero y a quien un líder de Los Zetas lo señaló en un juicio por reunirse con un cartel rival— hasta Cabeza de Vaca, no hay un solo gobernador de la entidad que no haya sido marcado por posibles nexos con el crimen organizado. Tomás Yarrington (de 1999 a 2004), detenido en 2017 y a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico; Eugenio Hernández (de 2005 a 2010), acusado de lavado de dinero y encarcelado; y Edigio Torres Cantú (de 2011 a 2016), denunciado por encubrimiento y delincuencia en 2017.

Cabeza de Vaca ganó las elecciones de 2016 y su mandato concluye en 2022. El gancho de la Fiscalía ha ido dirigido hacia la inmunidad parlamentaria que mantiene para poder ser juzgado por estos delitos. El órgano ha enviado una petición a la Cámara de Diputados federal este martes para que se discuta ahí la posibilidad de retirarle el fuero. Una decisión, que de darle la razón a la Fiscalía, debe ser trasladada al Congreso estatal de Tamaulipas y respaldada por una mayoría de dos tercios, algo poco probable pues 23 de sus 36 integrantes son militantes del PAN, el mismo partido que el del acusado.

El golpe de la Fiscalía, cuya investigación ha integrado la denuncia de algunos miembros del partido de Andrés Manuel López Obrador (de Morena), pone contra las cuerdas al gobernador de un partido opositor en un momento clave: previo a las elecciones en las que en junio se renueva la Cámara de Diputados, se eligen 15 gobernadores y otros 2.000 cargos. Además, asesta un mensaje definitivo para el resto de gobernadores asociados contra el presidente, una organización llamada Alianza Federalista, a la que pertenece Cabeza de Vaca y otros nueve mandatarios enfrentados a la Administración en temas cruciales como presupuestos, combate al crimen organizado y la estrategia para hacer frente a la pandemia. Algunos críticos con el Gobierno federal denuncian una persecución electoral más que una búsqueda de justicia y combate al crimen organizado.

Entre las evidencias que recoge la Fiscalía, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar el desafuero, figura una red de lavado de dinero entre el gobernador, algunos testaferros y miembros de su familia. Según el expediente, mencionado por el medio mexicano Emeequis en diciembre, el gobernador logró la licitación de una obra pública en 2017 que nunca se construyó y se embolsó a través de una empresa fantasma 48,6 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) y otros 33,5 millones (1,6 millones de dólares) a través de otras operaciones con su hermano José Manuel. Además, la investigación en contra de Cabeza de Vaca que fue ampliándose durante todo el 2020 incluía hasta 20 propiedades en Texas, valoradas en 10 millones de dólares, y 10 empresas con domicilios en California y Seattle (Estados Unidos), solo dos de ellas activas, según el informe.

Su enriquecimiento inexplicable en razón del puesto político que ejercía esos años no es lo único que la Fiscalía ha documentado. La DEA y el Departamento del Tesoro lo investigaban desde hace años por lavado de dinero, fraude bancario y por posibles nexos con el Cártel del Golfo. Además, el extitular de Pemex, y hoy procesado por sus vínculos con la trama de corrupción Odebrecht, Emilio Lozoya, señaló a Cabeza de Vaca entre decenas de legisladores que habían aceptado sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

Cabeza de Vaca nació en septiembre de 1967 en Reynosa, una de las principales ciudades de Tamaulipas, que gobernó desde 2005 a 2007. Estudió Administración de Empresas y Marketing en Houston (Texas). Y durante sus años universitarios en Estados Unidos fue detenido por un caso de robo de armas a una pareja en una camioneta, según documenta la denuncia de Rojas en su contra presentada ante la Fiscalía. Este episodio de su vida le acompañó especialmente durante su campaña electoral a gobernador en 2016 y aseveró que se trató de un error. La foto de su rostro juvenil en una comisaría de McAllen (Texas) circuló, no obstante, entre los ataques de sus rivales.

Antes de comenzar su carrera política, fundó una empresa familiar Productos Chamoyadas, especializado en uno de los dulces típicos mexicanos. El negocio creció y junto a sus hermanos, uno de ellos es hoy senador de la república por el PAN en Tamaulipas, fundó una compañía contratista del Gobierno que ha realizado obras para Pemex y la Comisión Nacional del Agua. Acorralado por la Fiscalía este miércoles, el gobernador ha arremetido contra el Gobierno: “Era de mínima decencia política citarme a comparecer hace un año, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad!”.

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