López Obrador anuncia un plan millonario de inversiones con los empresarios a dos años de mandato

Hace solo una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenciaba en su conferencia de prensa que su Gobierno ya no “toleraría” abusos del sector privado. Este lunes, a un día de que cumplir dos años de la Administración, los representantes de la clase empresarial acompañaron al mandatario en Palacio Nacional para anunciar inversiones multimillonarias conjuntas. Es una nueva muestra de cooperación en una relación que ha sido calificada por expertos como ríspida e incierta. El anuncio llega en medio de un debate intenso sobre una iniciativa de ley enviada por López Obrador al Congreso que prohibiría a las empresas utilizar varias modalidades de subcontratación. Representantes de cámaras empresariales se han mostrado en contra y pidieron una reunión con el mandatario para expresarle cambios a la iniciativa, que debe ser aprobada por los legisladores.

López Obrador ha anunciado esta mañana proyectos de infraestructura por un valor total de 228.000 millones de pesos (11.311 millones de dólares) que incluyen puertos, carreteras, ferrovías y obras de agua potable y energía. El anuncio lo hizo acompañado por el secretario de Hacienda Arturo Herrera y Carlos Salazar, el presidente de la principal patronal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los expertos coinciden que el simbolismo del anuncio de hoy es importante. Es una muestra del tira y afloja entre el Gobierno y los empresarios, que ha generado incertidumbre en el país y ahuyentado la inversión en dos años de Administración. Un acuerdo entre las partes de esta magnitud es una señal de avance, pero no debe interpretarse como el fin de las tensiones sino como una apertura —tal vez parcial— del Gobierno a la inversión privada ante las presiones económicas y políticas que enfrenta la autodenominada Cuarta Transformación, dicen especialistas.

“El Gobierno ha hecho, primero, un señalamiento muy claro que ha cumplido, que es buscar reconfigurar la relación del Estado mexicano con los principales actores en términos económicos, políticos y sociales desde su visión, que es que hasta el 2018 era un Estado capturado por intereses y por eso lo que planteó es generar una separación y rápida, muy contundente respecto a la forma en la que se estaban llevando las relaciones,” dice José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), una organización independiente de investigación. “Ahora lo que busca es, en función de esa relación, establecer estrategias que permitan acelerar el crecimiento del país,” añade De la Cruz.

El más ambicioso entre los proyectos anunciados esta mañana es una planta de licuefacción de gas natural en Baja California. La obra tendrá un costo superior a los 47.000 millones de pesos y correrá a cargo de la empresa Ienova, una subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy.

“Toca en algunos proyectos energéticos y esto es relevante porque justamente el sector energético ha sido uno de los que ha sido manejado con mayor reserva por parte del Ejecutivo, por la visión que tiene de que el Estado debe mantener el control sobre este sector energético. Entonces, que se esté avanzando ahí muestra que hay cierto grado de apertura todavía moderada en un sector en donde el Gobierno desea recuperar un control pleno”, dice de la Cruz.

El anuncio del presidente es un cambio de tono, opina Jesús Garza, profesor de la escuela de negocios del Tec de Monterrey, EGADE y director general de la firma financiera GAMMA. “Considerando también que el presidente electo de los Estados Unidos, Joseph Biden, le va a dar un giro importante al sector energético americano de combustibles fósiles hacia energías renovables. Es posible que esto ya haya influido sobre la política energética mexicana”, agrega.

De la Cruz coincide con esta lectura: “Me parece que México ya observó que viene un cambio importante en materia energética, en donde Estados Unidos va a regresar al Acuerdo de París, va a regresar al impulso de las energías renovables y ese es un aspecto que sí está pesando en la decisión”.

Las empresas aportarán más del 50% del capital, informó el Gobierno. En total, los 29 proyectos equivalen a una inversión del 2,5% del producto interno bruto (PIB) y se implementará a lo largo de los próximos tres años, lo cual está muy por debajo de promedio anual para el país de 20%, asegura Garza. México enfrenta una caída del PIB de 9% este año de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la inversión es el principal motor para impulsar el empleo, explica el economista. El Gobierno aseguró que las inversiones anunciadas generarán cerca de 400.000 empleos.

“El Gobierno federal ha anunciado muchas veces este tipo de programas de la mano del sector privado y a la mera hora no pasa nada y seguimos con el mismo cuento del cierre del sector energético,” apunta Garza. “La relación entre IP y el Gobierno es un tira y afloja y yo siento que el Gobierno federal no entiende que el sector empresarial es fundamental para el crecimiento económico”.