La secretaría de Medio Ambiente dio de baja al menos a 63 trabajadores en medio de la pandemia

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) ha dado de baja en 2020 al menos a 63 trabajadores en medio de la pandemia. Los despidos se realizaron en el marco del plan de austeridad federal, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en septiembre que no se había echado a nadie en la Administración pública durante la crisis sanitaria de la covid-19. El recorte de personal le costó a la dependencia más de un millón de pesos en indemnizaciones. Un grupo de exempleados ha llevado a juicio a la Secretaría, que acumula al menos 695 desvinculaciones desde 2019.

“Me dejaron sin trabajo en la pandemia”, cuenta a este diario un extrabajador de Semarnat que prefiere mantener el anonimato. Este técnico ambiental había entrado a la delegación a trabajar durante el sexenio pasado y llevaba unos tres años con contrato eventual. En enero debía renovarlo, según relata, pero como “siempre tardaban en llegar los documentos” siguió trabajando. En ese momento, no le pareció extraño. “Era lo que pasaba cada vez que se nos acababa el contrato”, explica. Pero el papel nunca llegó y a finales de marzo le avisaron iban a prescindir de él. “Tuve suerte y pude conseguir empleo en mayo, pero no me pareció bien la forma en la que actuaron”, dice.

La pandemia dejó en México a más de 12 millones de personas sin empleo. Ante la paralización de la economía, López Obrador pidió a las empresas privadas el 20 de marzo que no despidieran gente. “No hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores”, dijo entonces. Seis meses después aseguró que el Gobierno federal no había echado a nadie, pese a haber profundizado en junio el plan de austeridad con recortes del 75% en algunas áreas.

Las declaraciones del presidente se contraponen con los datos oficiales. De las 63 bajas, 46 pertenecían a la sede de Ciudad de México y el resto a las oficinas en los Estados como Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas y Chihuahua. Los números aportados por la dependencia, a través de una solicitud de acceso a la información, solo registra a aquellos trabajadores que estaban como formales, y no a los eventuales, por lo que la cifra de despidos podría ser mayor. Consultada sobre las bajas durante la pandemia, la Secretaría asegura que “han sido por renuncia voluntaria, defunciones, jubilación, terminación de contratos y bajas por transferencia” y que los despidos obedecen a una decisión política “orientada a eliminar la duplicidad de funciones y puestos que generaban un costo mayor a las dependencias”.

Semarnat era ya una de las dependencias más afectadas por la austeridad de este Gobierno y los recortes de la Administración de Enrique Peña Nieto. La última rebaja presupuestaria provocó en agosto el cierre de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Según un informe reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el presupuesto para Medio Ambiente cayó en los últimos siete años un 59,5%, unos 43.900 millones de pesos. De acuerdo al mismo informe, solo los recortes en el último año llevaron a la eliminación de unas 1.500 plazas dedicadas a proteger el medio ambiente desde 2019. La Secretaría asegura a este diario que las medidas buscan “generar ahorros en el gasto público para reorientar los recursos hacia el beneficio de las personas más vulnerables”.

Decenas de esos trabajadores que perdieron su plaza conversan cada día en un grupo de Whatsapp en el que comparten sus experiencias e indignación. Los que fueron despedidos antes aconsejan a los nuevos sobre cómo actuar o sobre qué tienen que hacer para poder denunciar un despido improcedente. Uno de los miembros del grupo cuenta que llevaba casi 10 años trabajando para una oficina de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) -una de las ocho unidades administrativas de Semarnat- en el centro de México, antes de que le despidieran sin más. Desde hacía años firmaba su renovación cada seis meses. En junio del año pasado le comunicaron a él y a otros 14 compañeros que “iban a hacer una restructuración y ya no les necesitaban”.

Lo que vivió después de su despido fue un “tortuoso camino”, recuerda. Por no tener un contrato fijo, le ofrecieron pagarle solamente los días de vacaciones que le debían de los últimos seis meses, unos 10.000 pesos. “Está bien canejo, después de pasarme tanto tiempo ahí”, dice. De las 40 personas que trabajaban en su oficina, asegura, a ocho echaron en diciembre de 2018, con la llegada de López Obrador. Junto con él se fueron otros nueve en junio de 2019. Otros 18 fueron desvinculados a principios de este año y solo quedaron cuatro personas, los que tenían contratos como formales. “Es muy poco lo que pueden hacer, la oficina ha quedado casi inoperativa”.

Uno de sus excompañeros, que se desempeñaba como técnico en la misma oficina, también llevaba una década como empleado. En su caso, cuando le desvincularon le ofrecieron seguir trabajando como asesor externo, un puesto peor pago y con menos beneficios laborales. “Para quedarnos como externos nos obligaban a aceptar el finiquito, en mi caso de 10.000 pesos. Yo no lo acepté porque me correspondía mucho más, pero a nadie le dieron la liquidación que le debían”.

Ambos señalan como causa de la sangría que vivió su oficina al “desinterés en el sector ambiental” que tiene la actual Administración. “Nuestro director quería hacer algo, quería recontratarnos, pero sin los recursos es muy difícil”, dice uno de ellos. “La bronca vino del Gobierno federal”, agrega el otro. Los dos hombres, que de momento trabajan en el sector privado, han demandado a la Secretaría para que les paguen lo que les corresponde. Todos los extrabajadores que hablaron con EL PAÍS no quisieron dar su nombre por miedo a “entrar en una lista negra” que les “cierre las puertas por revoltosos” en un área tan reducida profesionalmente como la medioambiental.

Un biólogo de unos cincuenta años comenta en el grupo de Whatsapp. Él decidió marcharse de la dependencia en diciembre de 2018, después de pasar 16 años trabajando allí. Lo hizo, según cuenta, porque le molestaba que los cambios en la Administración pública “siempre terminan afectando al trabajador de pie”. A él no le despidieron, pero continúa hablando con sus excompañeros porque le preocupa que los recortes afecten al sector ambiental, “uno de los menos atendidos”, asegura. “Semarnat invirtió mucho dinero en capacitar a trabajadores que luego nos fuimos, porque quisimos o porque les echaron”.