La consulta de los gobernadores para romper el pacto fiscal choca con la Suprema Corte

El frente abierto entre los gobernadores opositores y el Gobierno escaló el martes hasta un nuevo nivel. Los 10 mandatarios estatales que ya rompieron amarras en septiembre con su salida de la mesa de negociación federal (Copago) volvieron a cargar con su caballo de batalla favorito: el pacto fiscal, el reparto de los ingresos fiscales que hace el Estado federal. Ante las insistentes quejas desde Jalisco o Nuevo León, que consideran el sistema “abusivo”, Andrés Manuel López Obrador respondió con la propuesta de que hicieran una consulta para pulsar el grado de descontento de la ciudadanía. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue el primero en aceptar el pulso del presidente. Este miércoles, le han seguido Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán.

Los cinco gobernadores están dispuestos a jugar la baza de la consulta. Pero no está tan claro la viabilidad jurídica de uno de los instrumentos favoritos de López Obrador, desde su versión más rigurosa, acorde la normativa constitucional, hasta opciones más informales como las llevadas a cabo con el aeropuerto a el tren maya, meras estratagemas políticas sin cobertura legal. La primera, la posibilidad de organizar una consulta ciudadana según los cauces marcados por la Constitución, se enfrenta con serias adversidades. La propia normativa establece requisitos como que la consulta ha de ser de interés nacional o regional y deja fuera del objeto de la pregunta cualquier cuestión relacionada con los gastos y ingresos del Estado.

Existen incluso precedentes de la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal del país ha rechazado recientemente dos propuestas de consulta, precisamente, por tratarse de temas presupuestarios y fiscales. En octubre de 2014, parlamentarios del PAN impulsaron una consulta sobre la idoneidad de elevar el salario mínimo. Mientras que tan solo un mes después, el máximo tribunal también echó para atrás otro intento, esta vez desde las filas de Morena, de abrir la discusión sobre la reforma energética.

“Hace seis años parecía que la vía constitucional para las consultas iba a quedar en letra muerta. Y que casi cualquier asunto relacionado con ingresos y gastos iba a quedar excluido”, apunta Javier Martín Reyes, profesor de derecho constitucional en el Estudios Jurídicos del CIDE. “Sin embargo, la última resolución de la Suprema Corte ha rebajado mucho la barra para la procedencia de una consulta, abriendo la puerta a plantearse si este relajamiento de los estándares significa que los magistrados son hoy en día más receptivos”. El constitucionalista se refiere a la inesperada resolución de principios de este mes que avalaba la iniciativa de López Obrador de llevar acabo una consulta ciudadana sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes.

Más allá de la hipotética postura final de la Suprema Corte, la opción con más probabilidades a priori de salir adelante sería la convocatoria de una consulta a nivel estatal. La Constitución de Jalisco, por ejemplo, da cabida a estos instrumentos con unos requisitos accesibles: tanto el gobernador como el 50% de la cámara local podrían sacarla adelante. “La tercera posibilidad en todo caso sería una consulta al margen de la ley, que no estuviera al amparo de la normativa, como ya sucedió con las del aeropuerto y el tren maya”, añade Martín Reyes.

Consulta a mano alzada

En sus últimas declaraciones, los propios gobernadores admiten la dificultad técnica de la propuesta —en teoría marcada para que coincida con las elecciones del año que viene— y perfilan el sesgo político y electoral inevitable. “Vamos a tomarle la palabra al presidente. No necesariamente tiene que ser constitucional. Vamos a hacerla a mano alzada, vamos a ir a todas partes a preguntar”, anunció el miércoles el mandatario independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Muy parecida fue la intervención de Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Dese la tribuna, improvisó otra votación a mano alzada durante un acto con ganaderos y productores de leche.

“Por el nivel de las declaraciones, todo indica a que que se trata de una acción política más que una propuesta jurídica. Porque aunque la ley da margen para hacer una consulta e incluso para romper el pacto fiscal, los más perjudicados serían los propios gobernadores”, apunta Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los Congresos estatales tienen de hecho la potestad de revocar los convenios firmados en la Federación, por los que las tesorerías locales recaudan los impuestos federales y se los envían íntegramente a la Secretaria de Hacienda.

“Sería inédito que un Estado revocase su convenio. Y además perdería una serie de incentivos que asume al colaborar con la Federación”, añade Concha Cantú. Salirse del pacto fiscal no implicaría quedarse con los impuestos que los Estados recaudan. De hecho, una ruptura del pacto significaría que las tesorerías locales dejarían de recaudar esos impuestos federales. Lo haría directamente Hacienda, quien posteriormente reparte la bolsa total en forma de participaciones y aportaciones. Para este año, los ingresos totales de las entidades rondarán los dos billones de pesos. De ese total, el 87% corresponden a transferencias federales.

Esa es la piedra de toque de los Estados del norte, la zona más industrializada del país. Consideran injusta la distribución de los ingresos fiscales que hace el Estado federal, basada en el principio de solidaridad y reparto entre los estados ricos y pobres. En un contexto además de fuertes recortes presupuestarios, los portavoces de los gobernadores opositores, la llamada Alianza Federalista (AF), convertida en uno de los polos más firmes de oposición, llegaron incluso a amenazar con demandar al Estado central si no recula en el recorte del 5,5% en las transferencias que platea el proyecto de presupuestos federales para el año que viene.

La postura de los gobernadores incluía también una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para proponerle un plan alternativo para que siga fluyendo la financiación federal. El propio Herrera salió este miércoles al paso de la polémica recordando que la última reforma sobre el sistema de reparto de ingresos y gastos la llevó a cabo el Gobierno de Felipe Calderón. “No deja de sorprenderme", señaló Herrera en un tuit, "que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”.