Una reforma a la Ley de Transparencia obliga a los jueces de México a hacer públicas todas las sentencias

México ha dado un paso histórico para cimentar la transparencia en el Poder Judicial. Una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ha hecho formal la reforma de la Ley de Transparencia aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a finales de julio que obliga a los magistrados a hacer públicas todas las sentencias. La enmienda, que entrará en vigor en los próximos seis meses, busca acabar con la opacidad que se daba hasta ahora en este organismo, que no hacía públicos más del 95% de los fallos, según una investigación de Equis Justicia para las Mujeres en 2019, una de las asociaciones implicadas y a partir de la que se comenzó a moldear esta reforma.

Este dictamen tiene especial relevancia y ayuda a sanear el Poder Judicial en un país donde las cifras de impunidad superan el 90%, los niveles más altos de Latinoamérica. Los jueces hablan a través de sus sentencias y en México hasta ahora hablaban poco. Desde 2015, la Ley de Transparencia les exigía solo hacer públicas las sentencias que se consideraran “de interés público”, algo ambiguo y que dejaba el poder en los magistrados, que en más de 18 Estados no publicaron ni un solo fallo en los últimos dos años, según la asociación Equis. Otro de los problemas de la anterior ley era que impedía el monitoreo en las resoluciones de los jueces y daba pie a que se pudieran dictar condenas discriminatorias o sin perspectiva de género, ya que el acceso era muy limitado.

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para las Mujeres, celebra la reforma por la que llevan peleando desde 2015. “No se podía ver cómo trabajaban los jueces, cómo argumentaban y sostenían sus decisiones. El Poder Judicial en México es de los más opacos y esta medida espero que ayude a fortalecerlo y a favorecer la transparencia, aunque habrá que esperar porque no es una solución mágica”, comenta. Pecova destaca la transparencia que se ha dado en los últimos años desde los organismos federales, aunque en México el 80% de las sentencias las realizan los tribunales locales, que son los que han mostrado una gran opacidad hasta ahora. “No es para que se tomen todo esto en contra, pero pueden utilizarlo para construir una mayor credibilidad y tener más respaldo de una ciudadanía que en su mayoría no cree en ellos”, zanja.

Uno de los últimos casos que indignaron al país fue el del asesinato de Abril Pérez en la Ciudad de México. Después de recibir una paliza con un bate de béisbol por parte de su marido, uno de los delegados de Amazon en la Ciudad de México, ella lo denunció por tentativa de feminicidio. Tras el paso del fallo por dos jueces, ambos dictaminaron que era violencia familiar. Semanas después, Abril fue asesinada por dos sicarios cuando se dirigía al aeropuerto de la capital. “A día de hoy todavía no hemos tenido acceso a esa sentencia. No sabemos qué argumentos tomaron estos jueces, que obraron mal, ya que Abril acabó asesinada, supuestamente por su marido, que ya está detenido. Estas son las cosas a las que ahora tendremos acceso y por las que podremos pelear”, explica Pecova. Ambos jueces fueron apartados de su trabajo por parte del Poder Judicial de Ciudad de México sin dar más explicaciones.

Las razones de esta debilidad en los poderes locales, resalta María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, es que en muchos casos los organismos están muy apegados y son muy dependientes del Ejecutivo, aunque la máxima razón, argumenta, tiene que ver con los recursos. “No es lo mismo el Poder Judicial en Oaxaca o Chiapas que en Nuevo León o Ciudad de México, hay una brecha abismal. Los recursos en algunos Estados son muy bajos y creo que es un gran desafío que solo en 180 días vayan a poder cumplir esta reforma”, sostiene. Novoa considera la reforma de la Ley de Transparencia un paso muy favorable pero repleto de retos. Entre los desafíos está el de ofrecer estas sentencias de forma accesible para todas las personas. “Que se incorporen métodos de difusión, lenguaje accesible o que se tenga en cuenta que para muchos mexicanos su primera lengua no es el español y que muchos no tienen Internet”, argumenta. Para Novoa uno de los aspectos más favorables de esta reforma, además de una justicia abierta, es que ayudará a fortalecer la cultura judicial del país, pero insiste en que no es un proceso automático y que desde ya hay que ir evaluándolo para quien no cumpla con sus obligaciones tenga consecuencias y no quede impune. En 2018, la asociación Equis hizo una encuesta frente al Poder Judicial en Ciudad de México y más del 80% de los participantes no sabía cómo funcionaba ni qué hacían desde dicha institución.

La responsabilidad de que esta reforma se haga efectiva en la sociedad mexicana no es solo del Poder Judicial, destaca Luis Villanueva, encargado del área legal de la asociación Equis. “La ciudadanía y las organizaciones sociales y de derechos humanos tenemos un rol fundamental a partir de ahora para que esto se haga efectivo. Tenemos el derecho a las sentencias y obligaciones para denunciar casos de discriminación, racismo o roles de género, aunque no sean mediáticos. Podemos monitorear a los jueces. Ahora sí tenemos las herramientas, hay que utilizarlas”, explica.

La desconfianza en el sistema y la opacidad han limitado hasta ahora el acceso de los mexicanos a la Justicia. En México solo una de cada 10 personas denuncia un delito, según la investigación de Equis. Esto se debe a la desconfianza ciudadana en las instituciones y a la poca eficiencia de estas para impartir justicia hasta ahora. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018 refleja que el 67,5% de los ciudadanos no cree en el Poder Judicial. Esta reforma es una aparente victoria para el país, que a través del refuerzo de la transparencia en los tribunales pretende garantizar que los poderes públicos hagan bien su trabajo.