La agenda ultraconservadora se abre paso en México

El veto de contenidos educativos sobre ética, educación sexual y perspectiva de género ya es una realidad en México. Sin hacer ruido y lejos de los reflectores, el Estado de Aguascalientes, en el centro del país, se convirtió el pasado mayo en el primero en aprobar el polémico pin parental, una ley que permite a los padres de familia decidir qué tipo de educación reciben sus hijos según sus convicciones y creencias religiosas. No es un caso aislado. Se han presentado iniciativas similares, con apenas unas semanas de diferencia, en otros ocho Congresos estatales durante la primera mitad de este año. El último caso fue este miércoles en Morelos y está previsto que en estos días se sume Chiapas. “El pin parental es solo el capítulo más reciente de una larga lista de intervenciones en la vida pública del país y es parte de una estrategia mucho más grande de grupos antiderechos para posicionarse políticamente”, advierte la activista trans Siobhan Guerrero.

La iniciativa del pin parental, una propuesta abanderada en España por el partido de extrema derecha Vox, hizo su debut en México en el Estado norteño de Nuevo León el pasado 22 de enero. La propuesta llegó de la mano del diputado local Juan Carlos Leal, separado el año pasado de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, tras hacer comentarios homófobos y notorio por proponer en febrero la desaparición del delito de feminicidio. Pese a ser arropado por el Partido Encuentro Social (PES), el aliado evangélico y ultraconservador de López Obrador, el proyecto de Leal fue desechado en el pleno a finales de mayo. En España, solo se aprobó en Murcia.

En México hay propuestas en Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato y Baja California, casi todas apoyadas por el PES. “Todo esto habla de grupos antiderechos que se coordinan en el país, tienen apoyos económicos considerables y operan transnacionalmente”, explica Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta. “Hay una coordinación entre los diputados del PES, por supuesto”, comenta Elsa Méndez, la legisladora del PES que propuso la iniciativa en Querétaro, “es una agenda nacional y local que compartimos todos los diputados de nuestro partido”.

Méndez defiende que se pretende “hipersexualizar” a los niños a una edad temprana y que por eso es necesario que las escuelas pidan el consentimiento por escrito de los padres antes de impartir estos contenidos. La diputada reconoce la inspiración en la propuesta de Vox y que la iniciativa fue elaborada en alianza con el Frente Nacional Por la Familia, una de las asociaciones ultraconservadoras más visibles del país, así como con otras asociaciones de padres de familia y organizaciones católicas y evangélicas.

El caso de Aguascalientes, donde el conservador Partido Acción Nacional auspició la iniciativa, llama la atención porque se aprobó por unaninimidad, camuflada en un paquete de reformas a la Ley estatal de Educación y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. “Fue un caballo de Troya, que se planeó y cabildeó desde hace tiempo, un madruguete en plena pandemia”, lamenta Dahlia de la Cerda, codirectora de Morras Help Morras, una asociación que asesoró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para impugnar el pin parental ante la Suprema Corte.

“Esta no es una reforma educativa, se pretende vulnerar la laicidad de la educación y consolidar la persecución ideológica de las Iglesias a través de un mecanismo ciudadano”, afirma Alhelí Ordóñez, directora de la organización Ledeser. En el fondo, lo que censura el pin parental son las herramientas para que los niños y las niñas puedan desarrollar libremente su sexualidad y personalidad, identificar abusos, protegerse de enfermedades de transmisión sexual y prevenir embarazos infantiles y adolescentes, advierten las especialistas. “Se trata a los niños como si fueran objetos y no sujetos de derecho, como si primara la objeción de conciencia de los padres que, por cierto, no es un derecho”, subraya Ordóñez.

El Gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se han mostrado preocupados por la inconstitucionalidad y el retroceso que representan las iniciativas. “No entendemos por qué tienen que darnos línea de cómo debemos votar; el Congreso no se puede subordinar a otro poder”, responde Méndez, que también rechaza las críticas de las ONG, “que no fueron votadas ni electas”. Todo esto en un país con 4,5 millones de casos de abuso sexual infantil y las tasas de embarazo adolescente y de prevalencia del VIH más altas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Hace cuatro años eran las megamarchas en defensa de la familia “tradicional” y hace tres llegó el autobús tránsfobo Hazte Oír, que también hizo paradas en España y otros países de Latinoamérica. Ahora, señala Vela, se trata de sabotear el ejercicio de derechos fundamentales, como la educación, la igualdad y la no discriminación. Como en otros países, si se consagra el derecho a abortar, por ejemplo, lo convierten en un trámite engorroso y revictimizante, se promueve la objeción de consciencia de los médicos o se dificulta el acceso a fármacos. “Son grupos que llevan décadas, pero se han hecho más visibles en los últimos años porque es también cuando los grupos feministas y LGBT han logrado más conquistas”, apunta Guerrero. Méndez argumenta que los esfuerzos del Gobierno no han frenado estos abusos y que la propuesta del PES ayudará a hacerlo.

Vela identifica tres pilares ideológicos ultraconservadores: desacreditar lo que ellos llaman la “ideología de género”, refrendar el matrimonio entre hombres y mujeres como fundamento de la familia y el poder de decidir sobre sus hijos, una doctrina que se sintetiza bajo el mantra “con mis hijos no te metas”. Pese a que ocho de cada 10 mexicanos son católicos, algunos grupos evangélicos antiderechos han cobrado relevancia en el país, influidos por su fuerza en países como Brasil y EE UU, indica Guerrero. El Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, de corte evangélico, hizo desde 2016 un compromiso para influir activamente en la legislación de sus países, trabajar en el terreno para frenar el aborto y establecer “principios y valores del reino de Dios”.

“A nivel estatal tienen claro que pueden avanzar sus agendas en el centro y en el norte del país, en estados conservadores donde históricamente la Iglesia católica y el panismo han sido dominantes o en regiones donde el Estado no ha podido llegar”, afirma Guerrero. Las estrategias de incidencia se han sofisticado, “cooptando el discurso de los derechos humanos y promoviendo argumentos ‘pseudocientíficos”, agrega la activista.

“La mayor colaboración de los padres en la educación de nuestros hijos tiene su fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, asegura en un comentario grabado Paloma Amezquita, diputada del PAN en Aguascalientes, en la misma línea que la diputada Méndez. Las legisladoras obvian que a mediados de junio la Unicef, la Unesco y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas reprobaron la enmienda educativa en ese Estado. Amezquita, que aclara que no está en contra de la educación sexual, es calificada por el Frente Nacional por la Familia como “un baluarte de la vida y la familia”.

Pese a que el conservadurismo en México es fuerte en regiones del centro y norte del país, los grupos ultraconservadores aún no son fuertes políticamente. El PES, que prometió a López Obrador un 5% de los votos al cerrar su alianza, apenas alcanzó 1,5 millones de votos en las elecciones de 2018, un 2,7%. Los mensajes reaccionarios, sin embargo, se hacen eco en las redes sociales y los medios de comunicación, con batallas como el sabotaje del matrimonio igualitario (restringido en más de la mitad del país), coqueteos con concesiones televisivas a grupos religiosos y el negacionismo de los derechos de mujeres y miembros de las minorías sexogenéricas. “No me sorprendería ver nuevos intentos de que se aprueben estas iniciativas”, sentencia Vela, “tenemos que estar alertas”.