López Obrador rebaja la tensión con los gobernadores opositores y tiende puentes en seguridad y coordinación fiscal

Andrés Manuel López Obrador ha escenificado este jueves una tregua con algunos de los actores más firmes de la oposición. La gira del presidente mexicano por los Estados más golpeados por la violencia ha servido también para tender puentes con los gobernadores y rebajar la creciente tensión política con el trasfondo de las elecciones intermedias del año que viene. Tras su paso por Guanajuato, donde se formalizó una mayor coordinación en materia de seguridad con el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, este jueves le tocaba el turno a Jalisco. El segundo motor económico del país, con el gobernador Enrique Alfaro al frente, se había erigido como el principal azote opositor afianzando en la agenda cuestiones de financiación, seguridad o gestión de la pandemia. Tras duros encontronazos, el presidente y el gobernador han acercado posturas este jueves. “Vengo a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México”, ha anunciado Alfaro en la rueda de prensa conjunta.

El poder estatal, con un ramillete de gobernadores independientes o panistas al frente de los estados industriales del norte, ha sido el principal bloque opositor. Ante el control de las dos cámaras parlamentarias por Morena y el letargo de la dirigencia nacional de PRI o el propio PAN, tan solo el poder judicial ha representado otra voz capaz de disputar el debate público mexicano. Durante los primeros meses del mandato, los gobernadores comenzaron a levantar la voz contra los coordinadores estatales, los llamados superdelegados, una figura creada por la mayoría morenista en el Congreso para controlar en los 32 Estados los programas sociales y las políticas dictadas desde Ciudad de México.

La gestión de las medidas sanitarias durante la pandemia de la covid elevó la tensión entre el poder federal y el perímetro estatal. Cada vez más gobernadores apostaron por endurecer las medidas de distanciamiento social dictadas con laxitud desde la capital. Jalisco fue el más expeditivo en elevar los controles, apostando por los test rápidos, el uso obligatorio de mascarilla y hasta endureció la vigilancia de sus fronteras. El cenit de la confrontación se alcanzó precisamente en el contexto de la crisis sanitaria. A principios de junio la muerte de Giovanni López a manos de la policía municipal de un pueblo de Jalisco desató graves cruces de acusaciones entre Alfaro y el Gobierno federal.

El gobernador llegó a denunciar una oscura campaña dirigida desde Ciudad de México para alentar las manifestaciones ciudadanas en el Estado con el fin de sabotear el poder local. Preguntado al respecto, durante la rueda de prensa de este jueves en el municipio jalisciense de Zapopan, el gobernador ha zanjado la polémica: “Sé que hay quienes todavía quieren seguir echándole leña al fuego. No le voy a entrar. Yo al presidente lo respeto y lo aprecio”.

La sintonía mostrada durante esta semana con sus adversarios estatales, contrasta con la respuesta que dio el presidente a una dura carta publicada ayer por un grupo de intelectuales y figuras públicas. El texto publicado en la prensa denunciaba una “deriva autoritaria” por parte del Gobierno e instaba a conformar “una amplia alianza ciudadana” para “asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo”. La respuesta de López Obrador fue sacar a colación a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex detenido por corrupción y que llegará está noche a México tras su extradición desde España. El presidente subrayó los rumores que apuntan a que Lozoya ofreció mordidas a los grupos parlamentarios a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada en 2013 por el PRI.

En las elecciones de junio del año que viene, México renovará la Cámara de Diputados (500 asientos), 15 gubernaturas y 2.000 alcaldías. Aún queda casi un año para la contienda, pero fiel a su estilo de representar una campaña electoral permanente, una de sus mayores bazas políticas, López Obrador ha agitado el debate con ocasión de los supuestos movimientos de la oposición de cara a los comicios. A principios de junio desveló una campaña de empresarios y líderes de partidos, que incluirían a los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, destinada a arrebatar la mayoría morenista en el Congreso.

Durante la gira de este semana, el tono de López Obrador ha sido sin embargo mucho más templado y conciliador. Ante otra de las reclamaciones tradicionales de los Estados de norte, una revisión del pacto fiscal, el presidente ha concedido este jueves que “es una demanda legitima de los Gobiernos estatales y lo vamos a analizar”. Más allá del gesto y la retórica dialogante, una nueva distribución de la recaudación fiscal que favorezca a los estados más ricos se antoja una tarea complicada en el contexto actual. La economía mexicana sufrirá un duro golpe este año —en el país se va a dar uno de los mayores crecimientos de la pobreza de la región— y la apuesta del Gobierno pasa sobre todo por optimizar los recursos existentes y evitar gastos extra.

De modo más pragmático, el presidente ha señalado sin embargo que otra fórmula posible podría ser una reestructuración de la deuda. Según los análisis Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), dependiente de la Cámara de diputados, los Estados y municipios han sufrido reducciones de sus participaciones y aportaciones federales con motivo ce la crisis sanitaria. Mientras que la bolsa de deuda que mantienen con el Estado federal asciende a algo más de 640.0000 millones de pesos.