“Recibimos esta noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta”

El caso Ayotzinapa ha dado un nuevo vuelco. El hallazgo de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, en un sitio que había sido descartado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha dado el puntillazo a la versión oficial de lo que sucedió en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero, en la noche del 26 de septiembre de 2014. “La ‘verdad histórica’ se acabó”, ha dicho este martes Omar Gómez Trejo, encargado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). “Hemos recibido esta noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de verdad y de justicia”, afirma en entrevista Vidulfo Rosales, el representante legal de los padres y las madres de las víctimas.

Rosales confía en que el hallazgo de los restos pueda revelar una verdad que se ha ocultado a la opinión pública de México y que se ha convertido en una de las principales promesas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde que asumió la presidencia en diciembre de 2018. Los primeros indicios de esa verdad llegan con el trago amargo de la muerte de Rodríguez Telumbre, que fue víctima de desaparición forzada cuando apenas tenía 19 años. “Todo esto es algo que ha causado un gran impacto en el movimiento y principalmente en los padres de Christian Alfonso”, comenta el abogado, que ha dado un nuevo voto de confianza a las autoridades tras el anuncio de esta tarde.

Para los padres de los estudiantes desaparecidos fue importante que la noticia del asesinato se diera a conocer primero a los familiares y no a los medios de comunicación. La confianza está depositada en que se cumplan las órdenes de detención contra 46 implicados, que se giraron la semana pasada, para que se saque a la luz el contubernio de las autoridades y la delincuencia organizada, así como su papel en la desaparición de los alumnos. En el blanco de las nuevas órdenes de aprehensión está Tomás Zerón, antiguo jefe de las investigaciones durante el Gobierno de Peña Nieto y hoy prófugo de la justicia.

“Son apenas los primeros pasos significativos, falta mucho por hacer, falta encontrar al resto de los estudiantes desaparecidos, falta sancionar y procesar a muchos responsables”, señala Rosales. Entre los señalados hay autoridades locales y estatales en Guerrero, así como funcionarios federales que son acusados por acción u omisión durante las pesquisas. “Todo este cúmulo de responsables es el trabajo que hoy tiene la Fiscalía”, agrega.

Estos no son los primeros restos que se han identificado y corroborado por los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Entre 2014 y 2015, la Procuraduría Federal de la República, entonces dependiente del Ejecutivo y dirigida por Jesús Murillo Karam, hizo público que se encontraron los restos de Alexander Mora y Jhosivani Guerrero, pero se aseguró que el hallazgo se produjo cerca del río San Juan y el basurero de Cocula, una línea de investigación que ahora es desacreditada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la FGR.

El basurero de Cocula, telón de fondo de la llamada “verdad” histórica porque se aseguró que ahí se habían quemado los cuerpos de los estudiantes, está a más de 800 metros de distancia de donde se encontraron los restos de Rodríguez Telumbre en noviembre de 2019. El sitio es conocido como la Barrancas de la Carnicería, parte del Ejido de Cocula, aunque no tiene relación con el basurero de esa localidad de Guerrero.

“Nosotros no vamos a inventar una nueva verdad histórica, nuestro compromiso es con la verdad y la justicia”, ha afirmado Alejandro Encinas, encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tras dar el pésame a los padres de Rodríguez Telumbre. “Desde un principio dije que en el caso Ayotzinapa la única verdad es que no había verdad”, ha añadido Encinas, de la Comisión ad hoc de Acceso a la Justicia y a la Verdad, para defender el nuevo recuento de los hechos.

“La identificación confirma que la ‘verdad histórica’ fue una fabricación”, ha manifestado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompañado a los padres de las víctimas, en un comunicado conjunto con otras organizaciones civiles. “Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases”, manifestó el lunes, horas antes del anuncio de los nuevos indicios, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, otra organización que ha acompañado a los familiares en el proceso legal y de búsqueda.

Los padres han comunicado su deseo de no dar declaraciones públicas hasta el próximo viernes, cuando sostendrán otra reunión con los representantes del Gobierno y la Fiscalía. En ese encuentro se marcará la pauta a seguir en las investigaciones y en las acciones penales contra los culpables. “Lo anterior era un montaje, una mentira”, dice Rosales, “hoy esperamos que el compromiso del presidente sea que se siga investigando, que se dé continuidad a este esfuerzo”.