La Justicia libera y recaptura a un implicado clave en el ‘caso Ayotzinapa’

La justicia mexicana ha hecho malabares para evitar la libertad de un implicado clave en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La madrugada del miércoles, un juez federal del Estado de México ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como El Mochomo, presunto integrante del cartel Guerreros Unidos. El juez determinó que no había pruebas suficientes para mantener a Casarrubias en prisión a pesar de que la Fiscalía anunció con bombo y platillo su detención y lo señaló como “un participante de gran notoriedad” en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del Estado de Guerrero, al sureste del país. La tarde del miércoles, sin embargo, en un esfuerzo por evitar la humillación y mantener al presunto delincuente en prisión, agentes del Ministerio Público Federal consiguieron una nueva aprehensión, antes de que Casarrubias saliera del Penal del Altiplano, adonde fue trasladado tras su captura. Este jueves, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que “hubo corrupción” en el juzgado que ordenó la libertad de El Mochomo.

“Hubo dinero de por medio y se tienen las pruebas”, ha afirmado el mandatario. “Se va a actuar castigando a los responsables. Puedo decirles que la libertad de este señor, presunto responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado y espero que la fiscalía presente todas las pruebas”, ha agregado. Tras las declaraciones del presidente, el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) ha anunciado que inició una investigación sobre “posibles actos de corrupción y vicios jurídicos” en el juzgado donde se ordenó la liberación de Casarrubias, a cargo de la juez María del Socorro Castillo. El escándalo ha sido tal, que además de López Obrador también se ha pronunciado el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, quien desde su cuenta de Twitter ha afirmado que “cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”.

Las dos medidas tomadas el miércoles, por el juez y el Ministerio Público, demuestran la fragilidad con la que se ha construido un caso que estremeció a la sociedad mexicana y que sigue impune. La pregunta que queda abierta es cómo fue posible que en una pieza considerada clave del caso, ocurrido en 2014, las autoridades no presentaran las pruebas suficientes para determinar el lazo de Casarrubias con el crimen organizado. El sospechoso fue capturado la semana pasada después de estar varios años prófugo. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 70.000 dólares por información que diera con su paradero. La detención fue ordenada por un juez por delitos relacionados a la delincuencia organizada. Otro togado, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó la liberación tras determinar que no existían pruebas suficientes para procesar a Casarrubias. La Fiscalía General puede impugnar esta decisión.

Las autoridades ya habían detenido a dos hermanos de El Mochomo, Mario y Adán, en los meses posteriores a la desaparición de los 43. Para los familiares de las víctimas José Ángel es clave por la información que podría aportar en la investigación para esclarecer lo ocurrido en 2014. Un quinto hermano Casarrubias, José Alfredo, era capitán del Ejército la noche de la desaparición de los estudiantes. Durante esos años, los abogados de las familias han pedido a la fiscalía que lo investigue para entender su actuación frente a las actividades de sus hermanos.

La liberación de El Mochomo se da un día después de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz, anunciara una nueva ruta en el caso y revelara la emisión de 46 órdenes de captura contra servidores públicos por su participación en la desaparición de los estudiantes. Se trata, ha dicho, de exfuncionarios de “diversos municipios” del Estado de Guerrero a quienes la Fiscalía acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Además, está pendiente la captura de Tomás Zerón, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal que lideró las investigaciones del caso Ayotzinapa durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. La fiscalía acusa a Zerón, quien huyó a Canadá según reportes de la prensa mexicana, de tortura, desaparición de personas y delitos contra la administración de justicia. Las autoridades mexicanas, coordinadas con la Interpol, han emitido una orden internacional para la detención de Zerón.

“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República”, ha explicado el fiscal Gertz. “Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos; e inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación; sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”, ha agregado. El funcionario decretó durante su intervención que en México “se acabó la verdad histórica”, en referencia a la expresión que usó el primer fiscal de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, cuando presentó los resultados de sus investigaciones, comandadas por Zerón, en 2014. Aquella versión planteaba que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado por policías de Iguala y otros pueblos cercanos, había atacado a los estudiantes y luego había capturado a los que había podido y los había matado y quemado en un basurero.

Esta nueva controversia de la justicia mexicana se da días después de que fueran liberados 31 detenidos en un caótico operativo contra la estructura financiera del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que las autoridades presentaron como un fuerte golpe contra el crimen organizado. En la operación también fueron detenidas la madre y la hermana del líder del cartel, José Antonio Yépez, El Marro, quien amenazó con represalias al Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, culpó tras la liberación de los detenidos a la “corrupción” de las autoridades locales y en particular al fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, quien, dijo, “lleva ya 12 años en el poder”. López Obrador, sin embargo, no pudo explicar cómo fue que un operativo de este nivel resultara en un total fracaso.