El juez desinfla el caso de corrupción que tumbó al Gobierno portugués

La crisis política en Portugal ya no hay quien la pare, pero la investigación de la Fiscalía que la desencadenó está desinflándose por momentos. El juez Nuno Dias Costa dejó el lunes en libertad a los cinco detenidos, a los que no ha considerado sospechosos de corrupción ni prevaricación –solo vio indicios de tráfico de influencias–, en contra del criterio del ministerio público, que va a recurrir las ...

La crisis política en Portugal ya no hay quien la pare, pero la investigación de la Fiscalía que la desencadenó está desinflándose por momentos. El juez Nuno Dias Costa dejó el lunes en libertad a los cinco detenidos, a los que no ha considerado sospechosos de corrupción ni prevaricación –solo vio indicios de tráfico de influencias–, en contra del criterio del ministerio público, que va a recurrir las mínimas medidas cautelares impuestas. La Fiscalía pedía prisión preventiva para el ex jefe de gabinete del primer ministro, António Costa, y su amigo Diogo Lacerda Machado, al considerarlos como las piezas principales de varios casos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación en proyectos energéticos.

El varapalo del magistrado, que se suma a dos errores cometidos por los tres fiscales que han investigado el caso, está alimentando las críticas contra la actuación de la Procuradoría General de la República (Fiscalía) por provocar un tsunami institucional que se ha llevado por delante al primer ministro António Costa, a su gobierno y a su mayoría absoluta cuando todavía no se había llegado al ecuador de la legislatura.

Una de las voces críticas ha sido la de Cândida Almeida, antigua directora del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, el mismo que ha dirigido la Operación Influencer, en el Jornal de Notícias, donde reprochó tanto las filtraciones a la prensa como la difusión de la investigación a Costa en el Supremo. Los reproches del Partido Socialista, principal damnificado en esta crisis, fueron acallados por Costa en la reunión de la comisión política donde presentó su renuncia como secretario general y donde surgieron voces contra el proceder del Ministerio Público. Y Pedro Nuno Santos, que aspira a sucederle en el liderazgo socialista, subrayó en la presentación de su candidatura que el partido “no pasará los próximos cuatro meses a discutir de un proceso judicial”.

La Operación Influencer pasará a la historia, en primer lugar, como el caso que llevó a la renuncia de un primer ministro en ejercicio por vez primera en los 50 años de democracia portuguesa. “Esta es una etapa de la vida que se cierra y que cierro con la cabeza erguida y la conciencia tranquila”, dijo Costa el martes en su discurso de dimisión. El primer ministro dio un paso atrás después de que la Fiscalía difundiese un comunicado con un párrafo final donde anunciaba la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo para aclarar su papel en la aprobación de proyectos energéticos y un centro de datos digitales que la Fiscalía relacionó con un caso de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

El párrafo era ambiguo, pero fue suficiente para que el primer ministro considerase que estaba en entredicho la “dignidad” del cargo y que su primera obligación era preservarla. Así que dimitió y abrió una profunda crisis política, que llevará a los portugueses a unas nuevas elecciones anticipadas —las segundas en dos años— en el país que se había convertido en un modelo de estabilidad institucional desde 2015.

No parece que la Operación Influencer vaya a pasar a la historia como un ejemplo de rigor jurídico, a la vista de algunos errores descubiertos en los últimos días. Uno de ellos fue la confusión del nombre de António Costa con el de su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de una conversación telefónica entre el abogado y amigo del primer ministro, Diogo Lacerda Machado, y el presidente ejecutivo de Start Campus, Alfonso Salema.

Sería el propio Lacerda, que trabajaba como consultor de la empresa y tenía una pequeña participación accionarial en ella, quien advertiría en su declaración ante el juez de esta confusión de gran trascendencia, ya que Salema estaba pidiendo al abogado que tratase de influir para que el Gobierno portugués reclamase ante la Comisión Europea una modificación para beneficiar a Start Campus, promotora de la construcción de un gigantesco polo de almacenamiento de datos en Sines. “Después veo cómo tomamos la iniciativa de suscitar y sugerir. Si fuese Finanzas, hablo con [el ministro Fernando] Medina o con António Mendes, que es el secretario de Estado. Si fuese Economía, preparo la manera de llegar después al propio António Costa”, responde Lacerda a Salema. “Este caso acaba aquí. Lo que está sobre la mesa es la presentación por parte de Lacerda Machado de unas personas a otras personas”, ironizó su abogado defensor, Manuel Magalhães e Silva.

La resolución del juez instructor, recogida por Expresso, sostiene que los hechos descritos por la Fiscalía no demuestran la existencia de corrupción pasiva o activa, ya que los investigadores no lograron presentar la existencia de “una contraprestación por una conducta concreta”. Así, solo imputó un delito de tráfico de influencias a Vítor Escária, exjefe de gabinete del primer ministro, y al abogado Diogo Lacerda Machado, al que impuso una fianza de 150.000 euros. A ambos les retira el pasaporte por riesgo de fuga —una preocupación que sí comparte con los fiscales—, de Lacerda a Guinea-Bissau, donde tiene relaciones profesionales y “le resultaría fácil ocultarse”, y de Escária a Angola, donde trabajó en el pasado.

A los representantes de la empresa Start Campus, Alfonso Salema y Rui Oliveira Neves, les atribuyó delitos de tráfico de influencias y cohecho. El alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, también detenido y encarcelado durante seis noches, quedó en libertad sin ninguna imputación delictiva. “Presté todas las aclaraciones que me fueron solicitadas, y es la postura que mantendré en todo el proceso”, declaró este martes Mascarenhas antes de reivindicar su inocencia.

Además de dejar en libertad a los cinco detenidos, el juez instructor consideró “desproporcionado” su ingreso en prisión, decretado por los fiscales de la Operación Influencer, que ordenaron su detención hace una semana. La decisión del instructor será recurrida por los fiscales ante el Tribunal de la Relación de Lisboa. Y aunque el juez no haya visto en esta fase indicios de delitos de corrupción y prevaricación, pueden surgir en la fase de investigación que seguirá ahora.

En relación con el papel de António Costa, será el Tribunal Supremo el que deberá emitir su conclusión final, aunque el juez instructor señaló en su resolución del lunes que son poco fundamentadas las sospechas de los fiscales sobre las presiones que se habrían ejercido sobrel primer ministro para sacar adelante esos proyectos, según el diario Público.

Otro error que ha sacado a la luz Expresso afecta a una supuesta decisión de João Galamba, arguido (sospechoso oficial) en el caso y que el lunes dimitió como ministro de Infraestructuras. Los fiscales consideraron que Start Campus había influido sobre Galamba para preparar un proyecto de decreto para aprovechar el uso de terrenos de los gasoductos de la Red Eléctrica Nacional (REN) para sus cables de fibra para datos, pero la identificación del decreto que incluyeron en su investigación se corresponde con otro asunto que nada tiene que ver con el caso.

La sustitución de Galamba fue uno de los temas que abordaron el primer ministro dimisionario, Costa, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se reunieron a última hora del martes en el Palacio de Belém. La crisis política ha salpicado también al gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, que fue sugerido por Costa para sustituirle como primer ministro hasta 2026, fin de la legislatura. La comisión de ética del Banco Central todavía no ha hecho público su dictamen sobre si la neutralidad de Centeno quedó en entredicho durante esta crisis. Una decisión que también aguardan en el Banco Central Europeo.

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