Duque ordena la militarización de Cali y ocho departamentos tras otra jornada violenta y de caos

Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado el viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos seis personas. De madrugada, el Ejecutivo ha decretado también la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país...

Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia. Ante el caos de orden público desatado el viernes, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización tanto de la tercera ciudad colombiana como del departamento del Valle del Cauca, donde murieron al menos seis personas. De madrugada, el Ejecutivo ha decretado también la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país.

“Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle”, ha dicho el mandatario al final del día, luego de viajar a la gran urbe del suroccidente colombiano, de más de dos millones de habitantes, donde comenzó a regir un toque de queda nocturno. “Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, agregó.

En su alocución, aseguró que se proponía desbloquear las carreteras, con más de 7.000 hombres desplegados en el Valle para esa labor. “Siempre hemos mantenido canales de deliberación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando los derechos de los ciudadanos. No pueden existir islas de anarquía”, afirmó el presidente. Añadió que las fuerzas armadas deben actuar ante actos de vandalismo “que amenacen la tranquilidad”. Varios asesinatos y enfrentamientos entre manifestantes y civiles armados llevaron a Duque a desplazarse a Cali, encabezar un consejo de seguridad y anunciar el despliegue militar. De madrugada, el presidente expidió un decreto en el que extiende esa figura de asistencia militar a otros siete departamentos: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio caleño de La Luna, donde murieron tres personas. El presidente no ha hecho referencia a ninguna de estas víctimas en su discurso. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil huyendo tras haber disparado contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de encapuchados lo persigue y lincha hasta matarlo. El fiscal general, Francisco Barbosa, confirmó que se trataba de un funcionario de la entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. “Fredy Bermudez estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones y, de acuerdo con información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, confirmó Barbosa.

Según las versiones que han trascendido en Cali, Bermúdez se habría molestado por el bloqueo de la vía y usó su arma de dotación contra los manifestantes. En los videos se observa a uno de los jóvenes asesinados en el asfalto. “Esta situación se presentó entre quienes bloqueaban una vía y quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al llamar a la calma y al diálogo. La oficina de derechos humanos de la ONU confirmó al menos otros dos muertos en la capital departamental. En Candelaria, también en el Valle, se reportó el asesinato de un joven que pertenecía a la llamada ‘primera línea’ de manifestantes. De acuerdo con el alcalde de esa población, Jorge Eliecer Ramírez, se presentó un “enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas”. La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y decretó un toque de queda desde las 7.00 de la noche.

Conversaciones estancadas

En medio de esa degradación de la situación en algunos lugares, principalmente en departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en días pasados fue incendiada una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro se antojan estancadas. El preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no ha sido refrendado, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Mientras el comité del paro exige como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente Duque sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, en la mayoría del país hubo marchas pacíficas al cumplir un mes del inicio del paro nacional.

Destrabar las carreteras se ha convertido en una prioridad que produce fricciones, y el Gobierno ahora rechaza la figura de corredores humanitarios en la que han insistido los manifestantes. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, ha dicho Emilio Archila, delegado por Duque para los acercamientos. “Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo”, enfatizó el propio mandatario en una entrevista con Blu Radio, antes de la militarización. “No solo tenemos que rechazarlos sino levantarlos con toda la capacidad de la fuerza pública en el territorio”.

Para el Gobierno, la crisis también se ha jugado en el terreno de la diplomacia, pues Colombia ha sido blanco de una infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza a lo largo de este mes. En ese frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado la semana en Estados Unidos, a donde viajó para contener daños tan pronto fue designada también como canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien de acuerdo con su oficina “expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas” y “reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente”. El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el Gobierno Duque y el comité del paro, además de reiterar el compromiso de la Administración Biden con la paz en Colombia.

A pesar de que la gira de la flamante canciller ha estado dominada por el tira y afloje en torno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, como reclaman diversas organizaciones sociales, la reunión con Blinken es un logro de la maltrecha diplomacia colombiana. El Gobierno la exhibió como la primera visita que recibe de un líder latinoamericano. El estallido social se ha producido cuando Bogotá todavía lidia con el reacomodo de las relaciones con Washington después de haber apostado por la reelección del republicano Donald Trump, lo que dejó irritó a muchos líderes demócratas. Medio centenar de congresistas del partido del presidente Biden han fustigado la gestión de las protestas e incluso han pedido suspender la asistencia a la policía de Colombia.

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