El Tribunal Electoral de Bolivia impide la candidatura de Evo Morales al Senado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha decidido no autorizar la candidatura de Evo Morales al Senado en las elecciones que se celebrarán del 3 de mayo. El argumento principal es que el expresidente no cumple con el requisito de tener una “residencia permanente” en Cochabamba, la región de Bolivia que pretendía representar. Morales se encuentra exiliado en Argentina, mientras en territorio boliviano sus rivales políticos le siguen múltiples procesos por diversos cargos. El partido del expresidente, el Movimiento al Socialismo (MAS), había anticipado que los jueces electorales inhabilitarían a su líder y también había anunciado que apelaría este fallo ante tribunales internacionales.

La autoridad electoral boliviana, sin embargo, permitirá la candidatura de Luis Arce, el candidato del MAS, para aspirar a la presidencia. De acuerdo con Salvador Romero, presidente del Tribunal Electoral, Arce, exministro de Economía "cumple con todos los requisitos” para postularse. El TSE comunicó su decisión la noche de este jueves, día en que se celebra el carnaval, una fiesta muy importante en Bolivia. Si el MAS se había declarado “en emergencia” anticipando que la resolución le sería adversa, el Comité Cívico Pro Santa Cruz había amenazado con declarar una huelga indefinida si los jueces electorales hubiesen permitido que Morales fuese candidato.

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El temor de los sectores contrarios al MAS se debía a la fuerza que mostraba este partido en las encuestas preelectorales donde, según estas, el partido de izquierda podría obtener la mayoría del Senado y, entonces, presidir la Cámara. La posibilidad de que Evo Morales terminase como el presidente del Senado resultaba intolerable para los grupos opositores que estuvieron involucrados en su derrocamiento en noviembre pasado.

Las normas electorales en Bolivia exigen que los candidatos parlamentarios vivan en la circunscripción electoral que les corresponde al menos los dos años previos a las elecciones. Esto inhabilita a los políticos que pese a trabajar en la sede administrativa del país, La Paz, buscan representar a la población del interior del país.

Esta restricción causó varios conflictos políticos en el pasado. En 2015, una diputada fue impedida por esta razón de postularse como alcaldesa de su ciudad natal; posteriormente, ella interpuso un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ganó el derecho a un resarcimiento del Estado boliviano.

Según la resolución del TSE en referencia a Evo Morales, esta institución “se ha enfocado en definir el concepto de ‘residencia permanente’ en materia electoral (...) La residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrada y declarada por el ciudadano en el padrón electoral; luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su ‘proyecto de vida'. Por último, en su aplicación de principio de ‘verdad material’, se requiere una residencia efectiva en ese distrito”.

El presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, Salvador Romero, no quiso especificar qué parte de esta definición se aplicaba específicamente a Morales y a los otros candidatos en situación similar, entre ellos el excanciller de este último, Diego Pary, quien pretendía ser senador por Potosí, y Mario Cossío, un político de derecha que estuvo exiliado en Paraguay y, por tanto, no vivió los últimos años en Tarija, su región natal.

Evo Morales había dicho que pretendía ser senador para protegerse de los ataques que sufre y que, según él, son instigados por Estados Unidos. Sin embargo, la Constitución boliviana de 2009 eliminó la inmunidad parlamentaria. Morales está siendo procesado por “sedición y terrorismo” por su supuesta participación en los bloqueos de caminos que siguieron a su renuncia a la presidencia del país. A causa de una denuncia del candidato Carlos Mesa, la Fiscalía también lo está investigado por el supuesto fraude electoral del 20 de octubre pasado. En ambos casos, los procedimientos se siguen en los tribunales ordinarios, sin considerar el derecho que tienen los expresidentes bolivianos a un juicio especial. Mesa y otros candidatos contrarios a Morales celebraron la inhabilitación del expresidente.

La primera encuesta de intención de voto que se realizó después de la inscripción oficial de candidatos mostraba al MAS como la primera fuerza política del país, con 31%, seguido por Mesa, con 17 % y la presidenta interina Jeanine Áñez, con 16%. El exdirigente cívico Luis Fernando Camacho aparecía en cuarto lugar, con 9%. Estos resultados sumieron en la preocupación a los sectores derechistas de la política boliviana. Camacho dijo que, en estas circunstancias, existía el riesgo de que “el MAS vuelva”, por lo que debía organizarse un frente único de todos los grupos que se le oponen. Sugirió que él podría renunciar a sus pretensiones presidenciales, con la condición de que también lo hicieran los demás. Hasta ahora, ninguno de los otros partidos ha respondido formalmente a Camacho y todos han ratificado que seguirán en carrera.