La renuncia de un ministro del Supremo da a López Obrador un mayor control judicial

La fotografía de una boda celebrada en mayo ha circulado en México en las últimas horas. Son imágenes del lujoso banquete ofrecido por la unión de la hija de Juan Ramón Collado, uno de los abogados más importantes del país. Con el anfitrión departían los intocables de México. Entre ellos, el expresidente Enrique Peña Nieto; el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; el exfiscal general Alberto Elías Beltrán y el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos. Muchos califica de maldito a este evento. Algunos de sus asistentes han caído en desgracia recientemente. Collado está en prisión acusado de lavado de dinero. A Del Mazo le hallaron 1,6 millones de dólares ocultos en Andorra. Otros son investigados por deudas al fisco. El carácter malhadado de la boda se refuerza con el derrumbe de otro de sus asistentes, Eduardo Medina Mora, el ministro que ha renunciado a la Suprema Corte de Justicia tras ser investigado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero. 

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La dimisión del ministro da una nueva oportunidad al Gobierno de incrementar su influencia en el poder judicial, donde la Administración del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está construyendo una mayoría. 

Medina Mora presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador la tarde del jueves. La escueta carta de tres párrafos, que será analizada por el Senado el martes, no expone ningún motivo para abandonar un cargo que concluía en 2030. La Constitución señala que la renuncia de los ministros al Supremo solo procede por causas graves. López Obrador ha dicho la mañana del viernes que la dimisión obedece a una investigación de la Fiscalía por una serie de “sospechosos” traspasos millonarios emitidos desde México a cuentas bancarias del juez en Estados Unidos y el Reino Unido, destinos donde Medina Mora fue embajador para gobiernos anteriores.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda halló algunos meses atrás que el juez había comprado acciones de empresas que no fueron transparentadas en sus declaraciones patrimoniales. “Yo considero que el ministro quiere atender las denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas se han interpuesto”, afirmó López Obrador en el Estado de Puebla esta mañana. La UIF ha considerado esta mañana que presentó las denuncias ante la Fiscalía a finales de julio. 

La dimisión de Medina Mora ha abierto una crisis en el tribunal constitucional. La Corte no vivía un escándalo de tal magnitud desde diciembre de 1988, cuando fue separado de su cargo el ministro Ernesto Díaz Infante, quien era sospechoso de haber recibido un soborno de 500.000 dólares para presionar a dos magistrados de circuito para liberar a un empresario acusado de violar y asesinar a una menor de seis años. Aquella Corte sufriría una profunda transformación seis años después, cuando el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) la reformó para reducir el número de togados de 26 a 11. 

La reforma judicial de 1994 fijó las reglas de renuncia de un ministro, que hoy deben pasar por los órganos que lo eligieron, la presidencia y la cámara alta. Aquella reforma también pretendió dar autonomía a la cúpula judicial del omnipotente poder Ejecutivo del viejo PRI, una independencia que ha sido cuestionada con nombramientos como el de Medina Mora, propuesto en 2015 por su amigo, el presidente Peña Nieto, del PRI. 

La primera renuncia de un ministro en la era moderna de la Corte coloca al Gobierno de López Obrador en una ventajosa posición. El Ejecutivo sugerirá al Senado un tercer juez constitucional en menos de un año. En diciembre de 2018, la mayoría legislativa del partido de López Obrador avaló la elección de Juan Luis González Alcántara como ministro. En marzo, Yasmín Esquivel fue votada como magistrada a pesar de estar casada con un contratista y consultor del Gobierno de Morena. 

La influencia de la autodenominada Cuarta Transformación en el Supremo puede aumentar considerablemente con la designación del relevo de Medina Mora, que tendrá que ser votado por dos terceras partes del Senado. A esto podría sumarse también la vacante que dejará en diciembre de 2021 el juez José Fernando Franco, que concluye su período de 15 años. En 2024, en el ocaso del sexenio de López Obrador, llegarán a su fin los encargos de los jueces Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar, hoy presidente del Supremo. Es una regla no escrita que el Ejecutivo saliente negocie los últimos dos relevos judiciales con el ganador de los comicios presidenciales. 

“Es una posibilidad real que la Cuarta Transformación termine votando seis integrantes de la Corte”, señala Javier Martín Reyes, profesor del Centro de investigación y Docencia Económica. “No sería menor, podría convertirse en una coalición del 50 % + 1”, asegura el catedrático, quien suma el voto del ministro presidente Zaldívar, un progresista que ha mostrado coincidencias con el Ejecutivo de Morena en temas como la lucha anticorrupción y la reducción de los privilegios. 

El experto en temas judiciales considera que el eventual bloque al interior de la Corte tendría la fuerza necesaria para bloquear las declaratorias de invalidez para alguna norma o para frenar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por terceros. “Necesitas para ello cuatro ministros afines de los once”, agrega Reyes. El Gobierno de Morena va camino de replicar en el poder judicial la mayoría que tiene en el Legislativo. Los contrapesos institucionales podrían recibir un nuevo golpe en los tiempos de la Cuarta Transformación.