Verdades de laboratorio

En junio del año pasado, la familia Velásquez López fue quemada viva en su casa de tres plantas, donde funcionaba una fábrica artesanal de colchones. Vivían en el barrio Carlos Marx, Managua, un territorio de conflicto en ese entonces, cuando la Policía reprimía violentamente a los opositores de Ortega que habían colocado barricadas por la zona.

Seis miembros de la familia murieron calcinados, entre ellos dos niños de ocho meses y dos años de edad. Tres sobrevivieron. Cinthia López fue una de ellas.

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—¡Maldigo a Daniel Ortega y toda su descendencia!—dijo en medio de un llanto lastimero en un video que grabó cuando aun salía humo de la casa de sus padres, donde funcionaba una fábrica de colchones —¡Lo maldigo!

Desde el principio el Gobierno quiso culpar del crimen a los opositores, pero la evidencia era apabullante. Las cámaras de seguridad de un vecino muestran a patrullas de la Policía junto con paramilitares de civil frente a la casa momentos antes del siniestro. Un video anterior tomado por la familia desde la planta alta deja ver el sentimiento antigobierno que los Velásquez tenían, cuando graban y reclaman la desmesurada represión policial en la zona. Los dos niños que murieron quemados aparecen en una foto familiar vestidos con pasamontañas en las caras y morteros artesanales de juguete, a la usanza de los “tranquistas”.

Wilih Narváez, periodista del diario Hoy, fue uno de los primeros en llegar a la casa después de la tragedia y dice que vio a la Policía disparar al aire para dispersar a la muchedumbre furiosa contra el gobierno. Y por si fuera poco, estaba el testimonio de Cinthia y el de su primo Francisco, otro sobreviviente, que acusaban de la matanza a los paramilitares del Gobierno y a la Policía.

“Eran paramilitares porque yo lo vi. Hay un video frente una iglesia, las patrullas, las camionetas de civiles y eran los policías porque nosotros lo vimos todo, eran ellos sí”, reiteró Cinthia López en noviembre pasado en una entrevista con el periodista Will Grant, de la BBC.

Sin embargo, el reciente video difundido ampliamente por los medios de comunicación y las redes sociales oficialistas plantea otra verdad. Cinthia y Francisco aparecen desdiciendo su versión original. Quienes prendieron fuego a la casa con la familia Velásquez dentro, asegura, fueron los opositores a Ortega.

Las explicaciones sobre el radical cambio de opinión de los dos sobrevivientes que acusaban a la Policía son, cuando menos, pueriles. “Cuando grabé el video una gente de ellos (los opositores) me decía: esto va a decir, por culpa de Daniel Ortega todo esto está pasando”, justifica Cinthia. Francisco asegura ahora, en el mismo video, que culpó a la Policía porque el periodista que lo entrevistó le pidió que dijera eso.

Los laboratorios de propaganda del Gobierno de Daniel Ortega tienen la posibilidad de resolver cualquier crimen. Y culpar por ello a quien quieran. Podrían, por ejemplo, resolver el asesinato de Jonh F. Kennedy y culpar a Jair Bolsonaro. Para ellos es relativamente sencillo. Todo es cuestión de editar planos y tomas, ignorar lo que se tenga que ignorar, conseguir mediante malas artes testimonios útiles, recrear con animaciones de computadora sus teorías conspirativas, y aderezarlas con música dramática. La música dramática es muy importante para fabricar estas verdades.

El video de la casa quemada del barrio Carlos Marx se inscribe en ese esfuerzo orwelliano de crear una verdad contrapuesta a la realidad. Desde el principio de las protestas, en abril del año pasado, la señora Rosario Murillo bautizó como “puchitos” (poquitos) a las marchas opositoras que en varias ocasiones sobrepasaron los cien mil manifestantes. El lenguaje oficial decidió llamar “golpistas” o “terroristas” a cualquier ciudadano que mostrara su desacuerdo con el Gobierno. La bandera azul y blanco de Nicaragua se volvió un símbolo criminal. Haga la prueba, salga a la calle con una bandera patria y en cosa de minutos tendrá una decena de patrullas de la Policía sobre usted.

Al contrario, en esa neolengua orwelliana, los paramilitares de capucha y armas de guerra que aterrorizan los barrios y poblados son llamados “militantes de la paz”.

El asunto no termina en el discurso, desgraciadamente. Invade todo el Estado. Jueces y policías actúan en función de los nuevos significados que los Ortega Murillo han dado a las palabras en sus laboratorios.

Durante el último año murieron 325 personas, según las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de la violenta represión con que el Estado respondió a las protestas ciudadanas. La gran mayoría de los muertos son opositores. Sin embargo, no hay un solo paramilitar, simpatizante del Gobierno o policía, detenido o investigado por alguno de estos crímenes. Porque desde la lógica oficial no son delincuentes, son “militantes de la paz”. En cambio, el régimen ha detenido a unos 600 ciudadanos y los jueces han impuesto condenas de hasta 400 años contra líderes de las protestas por los crímenes cometidos contra los suyos. Porque son “terroristas”.

Cuando han decidido abrir un proceso por la muerte de alguien ajeno a los suyos, terminan siempre culpando a otros opositores, porque no se pueden permitir que los hechos contradigan la verdad que sale de sus laboratorios. Y la verdad que ellos quieren imponer es: “Aquí hubo un intento de golpe de Estado, los terroristas salieron a las calles a buscar sandinistas en una persecución sin sentido, y al final terminaron matándose entre ellos”. Una verdad jalada de los pelos que nadie, fuera del mismo Gobierno, les ha querido comprar.

Si el apóstol Tomás pedía “ver para creer”, el régimen de Daniel Ortega pide lo contrario: “No crean lo que vieron sus ojos, crean en lo que nosotros les decimos”.

Falta en Nicaragua, evidentemente, investigaciones imparciales sobre muchos crímenes que el Gobierno ni quiere ni puede investigar. No es casualidad que Ortega haya echado a los expertos internacionales de la OEA y la ONU que llegaron a Nicaragua, precisamente, para apoyar en la investigación criminal.

Cualquier versión del Gobierno es por ahora la versión del principal sospechoso. Por lo tanto hay que oírla con reservas. Pero, además, es la versión de un mitómano. Alguien que miente todos los días con el mayor desparpajo sobre hechos evidentes. Es la versión de alguien que al día de hoy no ha aceptado ni una pizca de culpa sobre la crisis que vive Nicaragua y que ha costado más de 300 muertos, 600 presos políticos, más de cuatro mil heridos, 300 mil desempleados y una economía en caída libre.

Hace unos días apareció el segundo video de la serie que tiene el significativo nombre de “180 grados”. Se trata de la muerte del periodista Ángel Gahona. Si en el video de la casa quemada del barrio Carlos Marx lo llamativo, el escándalo, es la versión de la familia, en este nuevo video sucede lo contrario. La familia está ausente. Sucede que los padres y esposa del periodista asesinado acusan a la Policía del crimen. Y, ya se sabe, la verdad que quieren construir es una que siempre acuse a “los otros”.

Se han anunciado más videos. Prometen revelar “las claves de la verdad” sobre los grandes crímenes de esta crisis en Nicaragua. De ahí puede salir cualquier cosa. Así como la casa de los Velásquez fue quemada ahora por opositores, también podría salir que Álvaro Conrado, el adolescente que murió de un balazo en la garganta, se haya suicidado o que Abel mató a Caín. O que Jesucristo crucificó a Pilatos. Ellos pueden hacer cualquier verdad.