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Hoja de ruta para superar 20 años de chavismo

El líder de la oposición busca animar la protesta, consolidar el apoyo exterior y mantener cerradas sus filas

Un grupo de manifestantes lleva una imagen de Hugo Chávez en La Guaira.
Un grupo de manifestantes lleva una imagen de Hugo Chávez en La Guaira. AP

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se acercó más al poder el 23 de enero. Ese día se conmemoraban los 61 años del derrocamiento del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez y, para celebrarlo, la oposición convocó una movilización multitudinaria. Allí se proclamó presidente interino de Venezuela y pidió a Nicolás Maduro que no se aferrara a un cargo que, según la oposición, no le pertenece. Fue la culminación de un proceso que llevaba días fraguándose. Después de la manifestación del miércoles, Guaidó permaneció en paradero desconocido durante 24 horas, hasta que ayer reapareció para dirigirse a la gente en un multitudinario acto en el municipio de Chacao, en las afueras de Caracas.

Sus pasos hasta al momento han sido cautos. El dirigente tiene en mente una hoja de ruta que tiene que ver en buena medida con el respaldo financiero, el apoyo de la comunidad internacional y el impulso de la protesta ciudadana.

Mientras aumenta el conflicto, Guaidó ha empezado a tramitar donaciones internacionales para paliar la crisis. “Comenzamos a gestionar los primeros pasos. Ya tenemos ayuda humanitaria de EE UU por 20 millones de dólares”, confirmó el jueves pasado en referencia al anuncio de Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, ante la Organización de los Estados Americanos. Así se asegura el respaldo financiero para la transición. También cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Lucha en la calle

Uno de sus grandes logros ha sido hasta ahora que, en menos de 15 días, ha logrado resucitar la lucha en la calle. Ha levantado el entusiasmo popular tras un año y medio de apatía y desencanto entre los ciudadanos. La clave han sido los más de 300 cabildos abiertos, o asambleas de ciudadanas, que se han extendido por todo el país. Con ellos respondió a la toma de posesión de Maduro como presidente el 10 de enero ante sus aliados del Tribunal Supremo de Justicia, y no ante el Parlamento, como establece la Constitución.

Al día siguiente se realizó el primer cabildo, luego siguieron otros, que se han convertido en enormes manifestaciones. En esas asambleas han intervenido diputados de todos los partidos y representantes de la sociedad civil. Allí se fraguó la histórica movilización nacional del 23 de enero, la más grande que se haya visto en los últimos años de fricciones políticas en Venezuela.

El actual líder de la oposición ha sabido transmitir con claridad la llamada ruta de la transición, que repite una y otra vez en sus mensajes: cese de lo que la oposición considera una usurpación de la silla presidencial por parte de Maduro; impulsar un Gobierno de transición para atender la emergencia humanitaria, y crear las condiciones para alcanzar el tercer punto del camino, es decir, unas elecciones realmente democráticas.

También ha sabido aterrizar las expectativas de la población y se ha anticipado a las reacciones del régimen como la anulación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de los actos de la nueva junta directiva del Parlamento por el supuesto desacato señalado en 2017.

Guaidó juró el miércoles pasado como “presidente encargado” del país. Para ello se valió de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. De ellos ya empezó a hablar el mismo 5 de enero, cuando tomó juramento como presidente de la Asamblea Nacional para el nuevo período. El artículo 233 da al presidente del Parlamento la potestad para asumir la presidencia de la nación en caso de vacío de poder y ordena convocar elecciones en 30 días. Este supuesto no encaja totalmente en la situación actual de Venezuela. En primer lugar, porque la Asamblea Nacional declaró “una usurpación” —asunción ilegítima del cargo—. En segundo lugar, porque un mes no sería suficiente para organizar unos comicios con garantías reales, que requieren la renovación del poder electoral aliado ahora de Maduro. Por otra parte, los artículos 333 y 350 establecen la vigencia suprema de la Constitución y la potestad de autoridades y ciudadanos de desobedecer al poder que la esté violando.

Juan Guaidó, en cualquier caso, no está solo en la pugna política. A diferencia del aislado Maduro, el dirigente consolida importantes vínculos diplomáticos. Salvo algunos Gobiernos como Rusia, Turquía, Cuba y México, el líder opositor ha recibido el respaldo de varios mandatarios del mundo para asumir el control del país, empezando por la Administración, de Estados y los principales Gobiernos de América Latina.

Cuerpo diplomático

El miércoles, Maduro ordenó en 72 horas la expulsión del cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela. Enseguida, Guaidó emitió un comunicado para instar a desconocer cualquier decisión contraria al “poder legítimo” (de la Asamblea Nacional) e invitó a las misiones diplomáticas y embajadas a continuar operando en el país. De momento, la Casa Blanca solo ha autorizado la retirada del personal no indispensable, pero evita sucumbir a la amenaza de Maduro, al que no reconoce como un presidente legítimo por ser reelegido en unas votaciones sospechosas de fraude el 20 de mayo.

Desde sus primeros discursos, además, Guaidó colocó la pelota en el terreno de los militares. A ellos se ha dirigido en las asambleas, en vídeos grabados y en transmisiones en vivo en redes sociales, ante la censura gubernamental que han impuesto a los medios.

A ellos se dirige también la promesa de una ley de amnistía y garantías para funcionarios civiles y militares que colaboren con la transición. Este fue uno de los primeros acuerdos que aprobó el Parlamento, junto con la declaración de usurpación de la presidencia por parte de Maduro y el plan para repatriar activos confiscados en el extranjero al chavismo.

Un día antes de que Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela, el líder opositor designó a Gustavo Tarre Briceño como el nuevo embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La oposición asumió una medida que desautorizó al Gobierno de Nicolás Maduro y acatada a nivel internacional.

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