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OPINIÓN i

Una isla en el mar de violencia

Cómo es que el mismo Gobierno mexicano que logró reducir la violencia en La Laguna la dejó crecer en prácticamente en el resto el territorio

La escena del crimen en Acapulco, Guerrero.
La escena del crimen en Acapulco, Guerrero. Cuartoscuro

Hace exactamente seis años, la zona metropolitana de La Laguna era la más violenta del país. Le había arrebatado la distinción a Ciudad Juárez y Acapulco justo en un momento crucial: el cambio en el gobierno federal y la incertidumbre propia de cualquier transición.

En los días anteriores y siguientes a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República ninguna otra ciudad del país tuvo más homicidios dolosos que la zona conurbada de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

La noche del 30 de noviembre, a unas horas antes de que Peña Nieto asumiera el mando de las fuerzas federales de seguridad, dos policías municipales de Torreón fueron acribillados frente a una iglesia en una colonia residencial. Fueron los últimos homicidios del sexenio de Felipe Calderón.

A las 11 de la mañana del día siguiente, sábado 1 de diciembre, justo cuando Peña Nieto se ceñía la banda presidencial, los cadáveres de dos agentes del Ministerio Público de Durango fueron hallados en Gómez Palacio.

El domingo 2 de diciembre, los cuerpos de siete hombres fueron arrojados en distintos puntos de la ciudad de Torreón. Estaban descuartizados. En el transcurso del día, otras dos personas fueron asesinadas en Torreón, mientras que en Gómez Palacio los criminales laguneros dieron la bienvenida al nuevo gobierno con un ataque a agentes de la Policía Federal, matando a uno de ellos.

Fue así como en las 72 horas alrededor del cambio de gobierno, 12 personas habían sido asesinadas en la zona metropolitana de La Laguna, una cada seis horas, crímenes que incluían ataques a cada nivel (federal, estatal y municipal) del aparato de seguridad y justicia.

No era violencia asociada a la transición, sino simplemente una dinámica criminal que llevaba años escalando, con grupos luchando por controlar los negocios de drogas en la región, indiferentes a los tiempos políticos. El espacio no es suficiente para enumerar lo que pasó en La Laguna en el resto de ese diciembre. Basta decir que el mes terminó con más de 100 homicidios y el año 2012 cerró con más de mil, la cifra más alta en cualquier registro.

Así arrancaba el sexenio de Enrique Peña Nieto en la región. Y todos se daban cuenta menos el nuevo gobierno. En enero, periodistas de El País visitaron La Laguna y el diario publicó un reportaje titulado “Código Rojo en el norte de México”. El entonces corresponsal en México, Luis Prados, escribió: “Torreón, cuyo eslogan fue una vez ‘la ciudad que venció al desierto’, está hoy de rodillas ante el narco”.)

Unos días después, el periodista Carlos Loret de Mola transmitió su noticiero matutino de Televisa desde la ciudad de Torreón y presentó una crónica de los horrores que la ciudad había vivido en las semanas previas y el ambiente de temor que se vivía. “La gente vive con pánico y se ha impuesto por necesidad un toque de queda al caer el sol, entre balaceras y ejecutados”, comentó entonces.

La violencia escaló en febrero con más homicidios y ataques armados. El gobierno federal y los estatales de Coahuila y Durango no podían contener la hemorragia que causaban criminales que se movían libremente entre ambos estados, sin respetar los límites entre estados y municipios que las autoridades no podían cruzar.

En el diario El Siglo de Torreón, donde trabajaba como director editorial, no nos dábamos abasto para procesar las noticias sobre hechos violentos que se venían en cascada y que inevitablemente nos alcanzaron.

El 7 de febrero de 2013, un grupo de delincuentes secuestró a cinco trabajadores de El Siglo de Torreón como una forma de intimidar al diario para que dejara de publicar noticias sobre la ola de violencia. Los cinco fueron liberados en unas horas con un mensaje amenazante. Entramos en contacto con altos mandos del Ejército y la Policía Federal para buscar la manera de protegernos.

Pero cuando la Policía Federal puso a agentes a resguardar el diario, se volvieron blanco. A finales de febrero fueron atacados tres veces en tres días consecutivos por hombres armados. La incapacidad de la Policía Federal para responder puso al gobierno en riesgo de reprobar su primera prueba de fuego en seguridad.

“La Laguna queda expuesta como una región a merced de criminales que no se ven disuadidos para intentar ataques cada vez más espectaculares”, escribí a principios de marzo en El País. “Lo que no sabemos es si las autoridades han aprendido estas lecciones ante la escalada de violencia”.

Afortunadamente, ese fue un punto de inflexión. Durante los dos meses siguientes, más de 50 integrantes del grupo criminal responsable de los ataques y los secuestros contra El Siglo fueron detenidos por el Ejército, que desmanteló al grupo conocido como “Cártel del Poniente”, que disputaba el control criminal de la zona.

El Ejército lanzó un operativo que en 2013 redujo los homicidios casi a la mitad. Al final de ese año un reporte de la Procuraduría General de la República daba cuenta que una cuarta parte de los 69 jefes de cárteles del narcotráfico detenidos o abatidos por fuerzas federales de seguridad había caído en La Laguna. En ninguna otra región del país se había dado un golpe tan contundente. (De manera incidental, el operativo tuvo otra consecuencia positiva: Desde febrero de 2013 hasta ahora, ningún grupo criminal volvió a atacar un medio de comunicación en la Comarca Lagunera).

Para darle continuidad a la estrategia local de seguridad, en 2014 el gobierno federal creó la figura de un Mando Especial, un general del Ejército a cargo de coordinar a todas las fuerzas de seguridad (federales y locales) en la región. Los gobiernos estatales y municipales tuvieron incentivos para alinearse y no eludir su responsabilidad.

Cinco años después, amplias zonas del país han caído presa de la violencia. Algunas no la habían vivido en el sexenio anterior, como León, Querétaro o Colima; otras que se habían pacificado se encendieron de nuevo, como Tijuana o Ciudad Juárez; otras nunca mejoraron, como Tamaulipas o Guerrero. Por eso ante este panorama, los resultados en la Comarca Lagunera parecen una anomalía. Los homicidios dolosos se redujeron de 1,085 en 2012 a 101 en los primeros 10 meses de 2018, de un promedio de tres diarios a uno cada tres días. La tasa de robo violento bajó de 452 por cada 100.00 habitantes en 2011 a 120 en 2017.

Viendo estos datos y repasando la experiencia de hace un sexenio, con frecuencia me pregunto cómo es que el mismo gobierno federal que logró reducir sustancialmente la violencia en esta zona del país la dejó crecer en prácticamente en el resto el territorio. La Laguna cierra el sexenio como una isla, si no de tranquilidad por lo menos de mayor seguridad, en medio de la violencia que devora otras ciudades y estados. La baja de la violencia tiene muchas causas, algunas atribuibles al gobierno, otras externas. Pero los resultados son palpables.

El periodista Raymundo Riva Palacio ha sugerido que el modelo de seguridad planteado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se basa en parte en el Mando Especial de La Laguna. La división del país en 266 regiones con un mando militar ciertamente así lo indica, al establecer cuadrantes para aplicar un modelo de mando militar sobre la seguridad pública.

Sin embargo, la gran diferencia es que el Mando Especial de La Laguna se planteó como una medida transitoria que fue acompañada de una depuración y mejora en las policías locales. La Comarca Lagunera cuenta ahora con policías mejor capacitados y aunque todavía son señalados por abusos y arbitrariedad, han logrado mejores resultados. Hace seis años prácticamente ningún homicidio se resolvía, ahora más de 40% de los ocurridos en el año están judicializados.

Esta dimensión policiaca no se encuentra en el plan de López Obrador, que se apoya totalmente en una estructura militar, ya sea de las fuerzas armadas regulares o de una pretendida Guardia Nacional. Resulta difícil creer que el gobierno federal saliente tenido algún éxito en materia de seguridad, pero el caso de La Laguna es una insólita excepción a la regla que merece ser estudiada.

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