La cúpula chavista evalúa la posibilidad de convocar una consulta sobre la nueva Constitución

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el Parlamento oficialista elegido en 2017 sin la participación de las fuerzas opositoras, sustituyó de facto al poder legislativo del país. Un año y medio después de esa votación, cuestionada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, crecen las expectativas en torno a la posibilidad de que la cúpula chavista procure desembarazarse de las  presiones que se acumulan en su contra convocando una consulta sobre su nuevo proyecto constitucional.

Hace unos días, circulaba por las redes sociales y grupos de Whatsapp un texto con el supuesto contenido de la nueva Constitución venezolana, atribuido a una de las comisiones de la Asamblea Nacional. La veracidad del documento, que consagraba la creación del Estado comunal, con fórmulas alternativas de propiedad colectiva y un nuevo papel de las Fuerzas Armadas, fue desmentida por las autoridades chavistas comisionadas, muy especialmente por quién es considerado el cerebro legal de la Constituyente, el abogado Hermann Escarrá.

Muchos políticos opositores, periodistas y observadores, sin embargo, se tomaron muy en serio los contenidos del documento, considerando lo habituales que han resultado estos ardides durante la era del chavismo: proyectos legales extremadamente polémicos que son puestos a circular por correos electrónicos y celulares, con el objeto de medir reacciones y lanzar un globo de ensayo entre la audiencia.

Y mientras desde Europa, en un intento encabezado por el actual Gobierno español, se trata de  recomponer una línea de conversaciones con el Ejecutivo de Nicolás Maduro que pueda incluir a los políticos de la oposición, se espera que el oficialismo convoque un referéndum.

En una línea similar, el senador estadounidense Bob Corker visitó hace poco Caracas con el objeto de conocer de primera mano los argumentos del Gobierno y sostuvo varios encuentros con actores políticos opositores, diplomáticos y periodistas. Las tentativas de nuevos escenarios de diálogo se mantienen. En las filas chavistas se prepara, según fuentes internas, un debate sobre las herramientas políticas disponibles para abrir un nuevo camino y ejercer el próximo período constitucional con alguna legitimidad política. Maduro afronta un gravísimo problema económico y enormes dificultades para el uso de préstamos y créditos internacionales por haber laminado el fuero del poder legislativo.

Chavistas, opositores y diplomáticos acreditados en Caracas tienen en la mira el 10 de enero de 2019, momento en el cual, de acuerdo a la Constitución vigente (de 1999), tendría que asumir funciones el presidente, reelegido en mayo en un clima de fuerte contestación. Esta fecha se constituiría en el límite de la legitimidad política de Maduro a los ojos de muchos Gobiernos influyentes de la región y del mundo. Algunos actores opositores y diplomáticos mantienen una pequeña esperanza en que algo tangible se logre en materia de acuerdos políticos antes de ese día, en virtud de las discutibles condiciones de las últimas presidenciales.

Un sector del chavismo piensa que las demanda de democracia y transparencia que les piden la oposición y la comunidad internacional deben ser respondidas “con más democracia”. Eso significaría convocar a una consulta para aprobar el nuevo proyecto constitucional en discusión o para pactar unas “elecciones de relegitimación”, posteriores a la vigencia del nuevo texto constitucional, que contemplen una nueva consulta para elegir presidente, poder legislativo y gobernadores. Estas elecciones serían organizadas en los términos del chavismo, con un amplio dominio de la dirigencia opositora dividida, renuente a asistir, y en medio del pesimismo generalizado.

Otros, en cambio, opinan que el texto constitucional que emerja de los debates constituyentes podría ser puesto en vigor sin necesidad de organizar consulta alguna. El objetivo final del chavismo consistiría, como ya lo ha afirmado el Presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, en “hacer irreversible la revolución”

La eventualidad de una consulta constitucional, que no ha sido abiertamente mencionada por el Gobierno de Maduro, tiene también divididos a los sectores opositores, triturados entre la represión política y sus propias diferencias.

Un sector, en el cual se contarían el ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski; Acción Democrática; Un Nuevo Tiempo y Henri Falcón, estarían a primera vista interesados en llevar el grueso de las tensiones a una nueva mesa de conversaciones e intentar derrotar el proyecto constitucional chavista en las urnas. Otros sectores, como el encabezado por María Corina Machado, Antonio Ledezma y Julio Borges, estarían radicalmente opuestos a una nueva ronda de conversaciones con el chavismo en los actuales términos, luego del fracaso de las conversaciones en la República Dominicana

Teóricamente, las filas opositoras podrían derrotar a Maduro en cualquier cita electoral. El chavismo, sin embargo, sabe que podría aprovechar alguna zanja en un formato consultivo, sobre todo si se mantiene en vigor las actuales divergencias de criterios en la disidencia democrática. Sobre estos elementos estaría gravitando la intervención europea en Caracas, protagonizada por los gobiernos de España y Portugal.