Crece la tensión en Costa Rica por una huelga contra el plan fiscal del Gobierno

Miles de trabajadores estatales y grupos de universidades públicas cumplen este jueves cuatro días de huelga contra el plan fiscal que impulsa el presidente Carlos Alvarado. El paquete que impulsa el Gobierno busca evitar el descalabro financiero del país, que enfrenta la peor crisis tributaria en cuatro décadas. Con atisbos de violencia, trastornos en servicios como educación o salud y bloqueos intermitentes de las calles, la protesta convocada por los principales sindicatos del sector público insiste en el retiro del proyecto que se tramita en el Congreso costarricense.

El Gobierno, sin embargo, se aferra al sentido de urgencia fiscal y al apoyo que tiene de un sector de la oposición para aprobar reformas en impuestos y recortes en el gasto. "La mesa de diálogo está a la espera, pero soy claro en que deben cesar las acciones que comprometan la tranquilidad de las familias y las personas trabajadoras", dijo Alvarado el miércoles, horas después de una marcha multitudinaria en el centro de la capital San José hacia la Asamblea Legislativa, aunque los servicios no se han paralizado.

Alvarado deploró el conato de violencia entre un grupo de manifestantes ante los policías que acordonaron el Congreso. También se produjeron actos vandálicos en la ciudad de Limón (en la costa del Caribe), donde hubo 14 detenidos por el asalto a un supermercado y el intento de sabotaje al sistema de gas de la empresa estatal de combustibles, Refinadora Costarricense de Petróleo.

El presidente recibió también una marcha en la Casa Presidencial en la mañana del jueves. Estudiantes y autoridades de las universidades estatales protestaron por una intervención policial en los alrededores y dentro de la Universidad de Costa Rica, después de que estudiantes bloquearon una calle aledaña. Hubo cuatro detenidos y un estudiante debió ser hospitalizado por las heridas. "Fue una agresión", denunciaron las autoridades universitarias.

Mientras, en Limón los comerciantes y pobladores reportan un clima de hostilidad con la participación de grupos delictivos que se aprovechan de la huelga. El Gobierno ha reforzado la presencia policial en esa ciudad y se mantiene atento por eventuales bloqueos de carreteras en otros puntos del país. Además, intenta restablecer la normalidad en escuelas, colegios y clínicas, aunque no todos los funcionarios se han sumado a la protesta.

La huelga fue denunciada como "ilegal" ante los Tribunales de Justicia. Además, Alvarado insiste en que es injustificada, pues ha habido disposición a escuchar las críticas de los sindicatos al plan fiscal, centradas en el recorte de privilegios de trabajadores que trabajan en el Estado y en el trato benevolente que reciben algunos sectores empresariales.

Fuerzas políticas de todo el espectro coinciden en la urgencia de estabilizar las finanzas para salir de la mayor crisis fiscal en 40 años. El déficit podría alcanzar el 7% del PIB al cierre el año y un endeudamiento equivalente a la mitad de su producción. La crisis amenaza a la economía costarricense, conocida por ser dinámica y por las prestaciones sociales que ofrece su régimen de bienestar.

La forma de enfrentar la crisis, sin embargo, provoca diferencias entre los sectores. Para los sindicatos del sector público, Carlos Alvarado abandonó la bandera progresista y se alió con los sectores económicos más conservadores, representados en su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, y en otros miembros del gabinete. "No al combo fiscal", gritaban el miércoles dirigentes frente a la Asamblea Legislativa, en referencia al paquete de medidas fiscales contenidas en el proyecto y en otros planteamientos adicionales que ya ha anunciado la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pues insiste en que este plan no será suficiente.