Las institucionalizaciones requeridas
Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y las formas jurídicas para solucionarlos
Los votos fueron muchísimos. Transformados, alcanzaron para cubrir numerosos cargos. La presidencia de la República, cómodas mayorías en el Congreso de la Unión, diversas gubernaturas y congresos estatales, al igual que alcaldías y ayuntamientos. Las razones del triunfo se han querido ver en la promesa de cambio. La necesidad de trascender lo existente otorgó un mandato para conseguirlo. Existe la posibilidad de lograrlo, pues las mayorías están alineadas para ello. Basta que el Presidente o los gobernadores utilicen sus fuerzas camerales para tener reformas legales, tal vez hasta constitucionales. No es necesario operar por decreto, ni esconder las intenciones. Es posible identificar el objetivo, redactar las propuestas normativas y accionar a los órganos competentes para obtener la solución deseada. Hace tiempo que no estábamos así. Hace tiempo que la negociación, el pacto y el intercambio de propuestas para conseguir votos, era parte esencial del transcurrir político. Al menos en los próximos tres años las cosas podrán ser distintas.
En un mundo donde un movimiento social y diversas corrientes opositoras se harán gobierno, ¿qué institucionalización quisiéramos esperar? Desde luego, es posible, y espero que no sea así, que el triunfo ciegue y haga suponer que hay un mandato de transformación desinstitucionalizada. También, que quienes vencieron interioricen que deben trascender lo existente, incluidas las malas prácticas políticas y jurídicas que llevaron al estado de cosas que posibilitó su llegada. Por las mayorías conseguidas y lo precario de nuestros frenos y contrapesos, muchas de las limitaciones serán auto-impuestas. Quienes ejerzan los cargos tendrán que asumir moderación a partir de lo que el derecho prevea.
Los llamados a la institucionalización que se hacían antes de la elección nos siguen haciendo falta. Ahora debemos concretarlas, pero no sólo en lo estatal. Debemos incrementarlas y consolidarlas en el ámbito social. Las mayorías conseguidas requieren mecanismos para contrastar su imaginar y su actuar. Son tan grandes y tan justificadas las órdenes de transformación, que exigen dialogantes externos a ellas mismas. Es la única forma de evitar desboques.
Hablar de la necesidad de establecer espacios para contrastar lo que legítimamente pueda hacerse, parece tan natural a las democracias que sobra señalarlo. Hacerlo podría parecer un ataque a quienes habrán de ejercer el poder político o la pretensión de escamotearles su triunfo. No es así. Que una y otra estén ahí no implica suponer que el mero triunfo electoral genera experiencia y racionalidad. Mal haríamos como sociedad en aceptar que procesos y prácticas debidas van juntas de por sí. Suponer que llegar equivale a saber, o que poder es igual a querer. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y los límites que nos imponen la realidad material y las formas jurídicas para solucionarlos. A partir de ahí habrá que preguntarse y preguntar por las mejores maneras de hacer lo que haya que hacer. La sociedad tiene que impulsar sus análisis, estudios y soluciones, y buscar formas para contrastarlos con los de las autoridades, por mucho que éstas lo sean.
Así como hablamos de la necesidad de institucionalizar el ejercicio del poder político, es indispensable institucionalizar mucho y de todas las maneras posibles los espacios sociales de reflexión, crítica y propuestas. Esta reinstitucionalización es distinta pero, a la vez, necesaria para alcanzar los fines que colectivamente buscamos. De otra forma y por otras vías y motivos, estaremos generando dos diálogos y dos actuares antitéticos. El de los vencedores y el de los vencidos. A ello no podemos regresar. Participar de la cosa pública tanto como se pueda, es precondición de su apropiación y, tal vez, de su mejoramiento.
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