El Gobierno de Maduro libera a otros 15 presos políticos

El Gobierno de Nicolás Maduro formalizó la liberación de otros 43 prisioneros por razones políticas, el tercer lote de procesados penales que han salido de la cárcel en poco más de un mes, en un gesto que ha sido ofrecido al país, en medio de una tormentosa e inédita situación económica y social, como abono para “el reencuentro y la reconciliación política de los venezolanos”

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El anuncio fue hecho, en primer término, por el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, y poco después por Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente, el controvertido foro político que ha sustituido de facto al poder legislativo en Venezuela, que es dominado por la oposición.

Aunque algunos voceros siguen empeñados en especular con el advenimiento de nuevas liberaciones, Delcy Rodríguez, vocera de la Comisión de la Verdad, que ha organizado el chavismo con su propia militancia para esclarecer los hechos violentos de 2017, afirmó, al hacer el anuncio, que, con la medida, el Gobierno “concluye una etapa”.

Como ya sucedió en las dos ocasiones anteriores, existe un importante número de personas liberadas que no son precisamente activistas opositores al Gobierno de Maduro. Buena parte de ellos han sido militantes del chavismo que han cometido delitos, ciudadanos que han encabezado furiosas protestas en las calles por fallas en servicios públicos o personas sancionadas por estafa. Alonso Medina Roa, abogado y defensor de Derechos Humanos, calcula que, en rigor, en esta tercera entrega hay unos 15 auténticos prisioneros políticos.

Los prisioneros fueron trasladados a la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería en Caracas, lugar donde también despacha administrativamente la Asamblea Constituyente. Ahí recibieron una arenga sobre el objetivo de la paz pública y la convivencia democrática, y fueron instados a que valoraran el gesto desprendido del gobierno bolivariano, invitándolos a “no tomar de nuevo el camino de la violencia”.

En el acto estuvieron presentes, además, invitados por Maduro en calidad de “garantes”, los cuatro gobernadores opositores que resultaron electos en los comicios de Octubre de 2017, pertenecientes al partido Acción Democrática, que aceptaron sus cargos aún a pesar de que esas elecciones provocaron la fractura que sacara a la MUD de la ruta electoral, y que, en medio de una lluvia de críticas, aceptaron juramentarse frente a la Asamblea Constituyente chavista.

Entre los liberados, el caso más conocido de este tercer lote ha sido el de Vilca Fernández, un aguerrido dirigente estudiantil nacido en las zonas montañosas de los Andes venezolanos, que participó en duros enfrentamientos contra los cuerpos de seguridad de Maduro, y que protagonizó una prolongada huelga de hambre cosiéndose los labios durante varios días en los tiempos de Hugo Chávez.

Vilca Fernández, preso en El Helicoide, uno de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, fue liberado y enviado inmediatamente al Perú, una medida que, de acuerdo a los reportes, el Gobierno de Maduro puso como condición para sacarlo de la cárcel. Activistas de Derechos Humanos, dirigentes políticos y allegados a Fernández, preso desde diciembre de 2016, han comentado que la medida que pesa sobre Fernández ha sido intercambiada por la pena del destierro. 

Fernández, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, una de las de mayor tradición en en Venezuela, y cuyo padre es de nacionalidad peruana, terminó por aceptar la proposición del Gobierno. Representantes de la oposición y líderes estudiantiles denunciaron que Fernández fue objeto de torturas en sus años de reclusión.

Como él, todos los presos políticos liberados son procesados por las crisis políticas y de orden público desarrolladas en Venezuela durante los años 2014 y 2017, tiempo en el cual se consolidó el derrumbe de la gestión de Maduro y el agravamiento de todos los problemas del país.

El presidente del Tribunal del Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, Maikel Moreno, comentó en su cuenta de Twitter que “entre los beneficios acordados se cuentan medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial privativa preventiva de libertad previstas en el Código Orgánico Procesal Penal y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena”,

Delcy Rodríguez, que es hermana de Jorge Rodríguez, el influyente ministro de Comunicaciones de Maduro, había acogido públicamente la propuesta para la liberación de prisioneros políticos opositores que había hecho el propio Maduro una vez que quedara reelectos en unos discutidos comicios presidenciales del pasado 20 de Mayo, desconocidos por la oposición y la comunidad internacional.

Desde entonces, el Gabinete de Maduro ha hecho algunos esfuerzos por descomprimir la tensa situación política resultado de su cuestionada victoria, ofreciendo algunas concesiones a la oposición y la sociedad civil que le adversa. Como antes ya había hecho Hugo Chávez en el pasado, Maduro ha invitado a importantes empresarios al Palacio de Miraflores y se ha ofrecido para iniciar “un gran diálogo nacional”, al cual la Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma opositora más grande, se niega de plano en las actuales condiciones.

El total de personas liberadas en estas semanas está cerca de las 140. Los números de los observatorios de Derechos Humanos varían, pero se estima sigue habiendo más de 300 presos políticos en el Gobierno de Maduro, incluyendo a Leopoldo López, de Voluntad Popular, el dirigente político con mayor popularidad en las encuestas, y el investigador policial Iván Simonovis, cuya causa es muy sentida en los sectores antichavistas, hecho prisionero después del intento de golpe de estado promovido contra Hugo Chávez en abril de 2002.

Algunos de los dirigentes opositores más conocidos de este momento, como Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio, Ramón Muchacho o David Smolansnky, están exiliados y pueden ser hechos prisioneros de inmediato si deciden regresar a Venezuela. Otros, como Freddy Guevara o Roberto Enríquez, están asilados en embajadas en Caracas. Parte de los que siguen activos en la lucha política en Venezuela, como María Corina Machado y Jesús Chuo Torrealba, tienen medidas judiciales y prohibición de salida del país.