Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno de Ortega


El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que decidió imponer restricciones de visado a funcionario del Gobierno del presidente Daniel Ortega, acusados de estar relacionados con las violaciones de derechos humanos y la “socavación” de la democracia en este país centroamericano, que ha cumplido más de 50 días de una profunda crisis que ha dejado ya más de 120 muertos.

Esta es la respuesta más contundente de Washington tras la represión desatada por el Gobierno de Ortega a las manifestaciones que comenzaron en abril y que desde entonces exigen la salida del poder del presidente Ortega. Aunque no da nombres específicos, en el comunicado emitido por el Departamento de Estado se informa que el Secretario Mike Pomepo decidió imponer las restricciones de visado a oficiales de la Policía Nacional, acusada de hacer un uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones pacíficas. También se menciona a funcionarios de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud.

Las restricciones afectan “específicamente aquellos individuos que dirigen o supervisan la violencia en contra de ciudadanos que están ejercitando sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión y por lo tanto socavan la democracia de Nicaragua. Estos funcionarios han actuado con impunidad en todo el país, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa. En algunas circunstancias, los familiares de estos individuos serán sometidos a las mismas restricciones”, advierte el comunicado del Departamento de Estado.

Horas antes de conocerse estas restricciones de visado, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen pidió al Gobierno estadounidense que sancionara a funcionarios que forman parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, entre ellos Francisco López, el presidente de Albanisa, la empresa creada para gestionar y administrar la cooperación petrolera de Venezuela, valorada en más de 4.000 millones de dólares en una década y que el presidente Ortega manejó de forma discrecional. Ros-Lehtinen acusó a López –que fungía además como tesorero del Frente Sandinista– de corrupción y responsabilidad en el desvío de la ayuda venezolana a arcas privadas.

Entre los nombres mencionados por la legisladora también destacan Gustavo Porras, presidente del Parlamento y leal operador político de Ortega, y Francisco Díaz, jefe de hecho de la Policía Nacional, “por orquestar –según Ros-Lehtinen– la represión y el asesinato de nicaragüenses” en la represión de las manifestaciones. La congresista también pidió sanciones contra Sonia Castro, ministra de Sanidad, señalada en Nicaragua de ordenar que no se atendiera en los hospitales públicos a los heridos durante las protestas.

“La violencia política por parte de la policía y las fuerzas de choque de simpatizantes del gobierno en contra de la población de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, demuestra un descarado desinterés por los derechos humanos y es inaceptable”, afirma el Departamento de Estado en su comunicación. Aunque no se identifica a los funcionarios que serán afectados con estas sanciones, Washington afirma que “estamos enviando un mensaje claro que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos”.

El Gobierno estadounidense ya había impuesto sanciones al ahora expresidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, artífice de los fraudes electorales que han perpetuado en el poder al presidente Ortega. Rivas fue sancionado en diciembre por el Departamento del Tesoro, que lo señaló por corrupción y fraude electoral. La sanción impide que Rivas tenga acceso al sistema financiero estadounidense, además de congelar los activos que el funcionario pudiera tener en ese país. Las sanciones contra Rivas se dieron a través de la llamada Ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a todos aquellos funcionarios o ciudadanos extranjeros que estén involucrados en casos de corrupción o hayan sido acusados de violar los derechos humanos. Rivas fue destituido el pasado 1 de junio de su cargo, como una señal de Ortega al exterior, pero la decisión no ha logrado disminuir la exigencia ciudadana de que el mandatario deje el poder.

La tarde de este jueves Ortega se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que intentan salvar un Diálogo Nacional, con el que se espera hallar una solución a la profunda crisis que vive el país y que después de más de 50 días de manifestaciones y decenas de muertos amenaza con hundir la frágil economía nicaragüense.