Un juez pide a la Fiscalía mexicana investigar con seriedad el espionaje a periodistas y activistas

Está cerca de cumplirse un año desde que varios periodistas, activistas y defensores de derechos humanos acusaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto de espionaje. Las presuntas víctimas han denunciado este lunes los pobres resultados que en 11 meses ha arrojado la investigación emprendida, casi a regañadientes, por la Procuraduría General de la República (PGR). Las pesquisas solo han valorado nueve de 70 pruebas ofrecidas por la defensa. La Fiscalía tiene un duro papel frente a ella: investigarse a sí misma por haber comprado el software Pegasus, utilizado para infectar y acceder remotamente a la información en los teléfonos móviles de los objetivos de espionaje.

Un juez federal ordenó el lunes 21 de mayo a la Fiscalía investigar con seriedad un escándalo conocido en México como #GobiernoEspía. El togado pidió a las autoridades centrar la línea de investigación en la adquisición y posterior uso “ilegal” del programa. Este fue adquirido por la Agencia de Investigación Criminal, un organismo dependiente de la PGR, a la compañía NSO entre 2014 y 2015. Esta compañía solo vende el software a Gobiernos.

“Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido”, han denunciado este lunes algunas de las organizaciones de la sociedad civil que han sido afectadas por los ataques con el virus informático.

Organizaciones como el Centro Prodh, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad también han denunciado que la Fiscalía se ha negado a desahogar 49 de las 70 pruebas ofrecidas por la defensa. “La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR”, señala un comunicado hecho público este lunes.

El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio resolvió una impugnación contra la PGR por no admitir las pruebas ofrecidas por la defensa y que son relevantes para que el caso avance. Las víctimas consideran que esta resolución puede llevar a la Fiscalía a solicitar información a diferentes instancias gubernamentales para recabar datos sobre la contratación de Pegasus y qué personas operaron el programa. “La PGR solicitó al juez la reserva de la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ella. El juez denegó la solicitud”, afirman las organizaciones.

En junio de 2017, periodistas, activistas de derechos de los consumidores y defensores de derechos humanos denunciaron haber sido víctimas del programa Pegasus. Un informe documentó por lo menos 88 intentos de infección entre 2015 y 2016 del programa informático a teléfonos móviles. Las víctimas recibían en sus teléfonos un mensaje. Si oprimían el vínculo, el malware se descargaba en los aparatos.

Solo dos de los cerca de 90 aparatos que fueron atacados terminaron contagiados. Pero estos anzuelos se lanzaron a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. También habían sido vigilados el director del IMCO, un think tank enfocado en transparencia y rendición de cuentas, y dos activistas y un científico que habían impulsado un impuesto para gravar a las bebidas azucaradas. El Gobierno de Peña Nieto rechazó las acusaciones. Y la Fiscalía puso en marcha una investigación que a la fecha no ha dado resultados.