Morena pretende dar un nuevo impulso a la minería de la mano de un polémico exsindicalista

Andrés Manuel López Obrador pretende dar un nuevo impulso a la industria minera si triunfa en las elecciones presidenciales del 1 de julio. Su propuesta para encabezar la Secertaría de Economía si llega al Gobierno, Graciela Márquez Colín, ha dicho que este sector se encuentra dentro de sus prioridades. “Es una pieza clave para el desarrollo del país”, asegura la académica del Colegio de México a EL PAÍS. La investigadora prepara una propuesta de política industrial para este sector. La académica, especialista en Historia económica por la Universidad de Harvard, considera que México debe explotar minas de minerales como el litio, un metal blando muy utilizado en la industria del automóvil eléctrico.

El sector contribuye con el 4% del PIB mexicano. El país es el principal productor de plata en el mudno. La propuesta de Morena, que se detallará en los próximos meses de campaña, dará oportunidad de intervenir en una industria con 350.000 trabajadores con sueldos muy castigados y que sufren una sobre explotación por parte de conglomerados nacionales y extranjeros. En 2013, por ejemplo, solo 18 centavos de cada 1.000 dólares extraídos en las minas de Zacatecas se quedaban en el Estado, que tiene algunos de los yacimientos de oro y plata más grandes del país.

Este nuevo impulso a una de las industrias más antiguas de México no llega sin polémica. El partido generó una nueva controversia tras desvelar sus propuestas al Senado este fin de semana. López Obrador desempolvó la carrera política de Napoleón Gómez Urrutia, un polémico exdirigente del sindicato minero que lleva 12 años en Canadá tras haber huido de México en 2006 después de una tragedia que dejó 65 trabajadores muertos y enterrados en la mina 8 de Pasta de Conchos, al norte del país.

Márquez coincide en que Gómez Urrutis es un líder polémico. Sin embargo, considera que su inclusión en las listas de Morena al Congreso “abre un espacio para aclarar las acusaciones en su contra y discutir los efectos del debilitamiento de los sindicatos, el papel de los empresarios para promover sindicatos blancos y la responsabilidad del Gobierno para resguardar derechos laborales”. “En la minería, como en todos los sectores productivos, la defensa de los derechos de los trabajadores a través de la organización sindical debe formar parte de los procesos de transformación económica”, agrega Márquez.

López Obrador ha mostrado su rostro más conciliador a los grandes empresarios mineros del país. Este lunes, durante una gira por el sureste, el aspirante presidencial de Morena dijo que buscará un acercamiento con Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país y cabeza del poderoso Grupo México. “Vamos a buscar con él, con Alberto Bailleres [dueño de Industrias mineras Peñoles], con [Carlos] Slim, un acuerdo para sacar adelante al país. Los convoco a que juntos sin pleitos, sin rencores se logre la unidad para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que lo han metido”, dijo el político en Campeche. Esto representa un cambio a las opiniones públicas que el candidato dedicaba en sus mítines a este grupo de empresarios, a quienes señalaba como parte de un expolio.

Un pasado polémico

Gómez Urrutia forma parte de la lista de once plurinominales de Morena al Senado, legisladores de representación proporcional por los cuáles no se vota directamente y que dependen de los votos obtenidos por los candidatos de mayoría. Junto a él aparecen también Olga Sánchez Cordero, una progresista exministra de la Suprema Corte de Justicia; Néstora Salgado, una defensora de los derechos indígenas de la sierra de Guerrero; Ifigenia Martínez, una histórica exdirigente de la izquierda y Germán Martínez, un exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón y exdirigente nacional del PAN. La inclusión del dirigente minero fue la que causó más sorpresa y molestia en sectores de la sociedad.

Gómez Urrutia es un economista originario de Nuevo León con estudios en la UNAM y Oxford. Su carrera política inició en el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2002, con la muerte de su padre, Napoleón Gómez Sada, heredó la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares de la República mexicana. Un cargo que sigue ostentando al día de hoy en Canadá, a miles de kilómetros de México.

 El mayor escándalo que arrastró, sin embargo, fue la acusación que le formuló la Fiscalía en 2006 por un supuesto desvío millonario. Las autoridades mexicanas lo acusaron de haber desaparecido 55 millones de dólares entregados al sindicato en octubre de 2004 por la compra que hizo en 1989 el poderoso Grupo México al Gobierno para la privatización de los yacimientos Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre. El dinero debió haber sido repartido a los trabajadores, pero 2.800 mineros demandaron al líder sindical acusándolo de haber desaparecido los recursos. Ese fue el origen de una larga batalla legal que duró más de una década. En 2014, un tribunal federal declaró inconstitucional la orden de aprehensión contra Gómez Urrutia. Su abogado, Marco del Toro, lleva hoy la defensa de la también exsindicalista Elba Esther Gordillo y del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ambos acusados de delincuencia organizada.