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Cristina Kirchner: “Me quieren callada, pero no me van a asustar”

La expresidenta argentina denuncia que su pedido de detención busca silenciar su voz en el Senado

Cristina Fernández de Kirchner, en rueda de prensa en el Congreso argentino este jueves.

Cristina Fernández de Kirchner no tiene dudas: el juez Claudio Bonadio forma parte de una operación para acallar su voz en el Senado. La expresidenta puso al frente de esa presunta estrategia política al presidente Mauricio Macri, al que acusó de “manipular a la justicia”. “Hay instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia y Mauricio Macri es el director de la orquesta y el juez Bonadio ejecuta la partitura”, dijo durante una rueda de prensa convocada de urgencia horas después de que Bonadio pidiese al Congreso que autorice su detención por “traición a la patria”.

Kirchner se rodeó de legisladores aliados en un salón del Congreso. En ese mismo edificio iniciará el 10 de diciembre su trabajo como legisladora tras ser elegida en octubre. Se la vio evidentemente cansada. Y apeló más de una vez a la lectura para dejar bien en claro la idea que quiso transmitir a los periodistas que la escuchaban, mientras todos los canales de noticias argentinos transmitían en directo sus palabras. “Me quieren callada, pero no me van a asustar”, dijo Kirchner. Luego disparó contra los fundamentos jurídicos de su pedido de detención: “Es una causa inventada sobre hechos que no sucedieron, no hay hechos, no hay delito, esto es despropósito que viola el Estado de derecho y busca provocar daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la justicia ni con la democracia. Bonadio lo sabe y Macri lo sabe”.

Apoyo en Plaza de Mayo

Distintas columnas de partidos políticos y personas independientes se convocaron en forma espontánea en Plaza de Mayo al caer la tarde. La columna que, como de costumbre, avanzó por las avenidas aledañas se concentró frente a la Casa Rosada y coincidió con la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Nora Cortiñas, de la línea fundadora, dijo a EL PAÍS que “hay una caza de brujas y una falta de derechos total. Es una vergüenza para la imagen del país y para el pueblo este retroceso que tenemos y esta persecución política que es día por día”.

En el mismo sentido se expresó el conjunto de organismos de Derechos Humanos que convocó a la marcha y que expresó mediante un documento que “se ha desatado una cacería política sin precedentes en democracia. Una persecución política y recrudecimiento de violencia institucional sobre la población más vulnerable. Bonadio y otros jueces se ven habilitados a actuar con parcialidad vulnerando el estado de derecho”.

Jorge Taiana, excanciller de Cristina Fernández, opinó que “esto le hace mal a la democracia argentina, a la administración de justicia de nuestro país y a la imagen internacional de Argentina”. “Esto ocurre porque esta por asumir Cristina y es una forma de tratar de opacar un hecho importante: que vuelve una persona que fue ocho años presidenta. Esto no va a prosperar pero esto no importa, buscan ensuciar la cancha”, manifestó el excargo kirchnerista.

El juez Bonadio acusa a Kirchner y a otros 13 imputados, entre ellos el excanciller Héctor Timerman, de montar un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad" a los iraníes sospechados de la autoría intelectual del atentado terrorista contra la mutual judía en Buenos Aires, Amia, que dejó 84 muertos. Las conclusiones de Bonadio se basan en las investigaciones del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto de un disparo en la sien en su casa un día antes de presentar sus conclusiones en el Congreso. Los sospechosos del atentado a la Amia tenían un pedido de captura internacional cuando el gobierno de Kichhner firmó con Teherán un memorando que los habilitaba a interrogarlos en territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de avanzar hacia la verdad de lo sucedido en la mutual judía, pero el fiscal entendió que fue en realidad "un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público".

La causa por presunto encubrimiento estuvo dormida en el despacho de Bonadio hasta la llegada de Macri al poder, en diciembre de 2015. El juez fue entonces más allá y agregó a Kirchner el cargo de traición a la patria, una figura que aplica a los altos funcionarios que en tiempos de guerra ayudan al enemigo en contra de los intereses de su país. “Bonadio dice que los dos atentados terroristas, el de la embajada [de Israel en Buenos Aires, en 1992] y el de AMIA son actos de guerra. Esa fue la única manera que encontró para en su mundo jurídico para traer de los pelos la figura de la traición a la patria”, dijo Kirchner.

Para la expresidenta, la causa es un gran invento para que ella no pueda alzar su voz en el Senado, una idea en la que insistió varias veces. “No soy la única persona que sufre estas extorsiones, sí quiero decirles que no van a tener resultado y que voy a seguir haciendo lo que siempre hice, que es defender los intereses de las grandes mayoría nacionales. Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello", dijo. La Cámara alta tiene ahora en sus manos la suerte de la expresidenta. Cuenta con 180 días para decidir.

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