Maduro buscará la reelección en las elecciones de 2018
La posible candidatura sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene sucesores en el chavismo por ahora. El vicepresidente Tareck El Aissami anunció ayer que el oficialismo apostará por una ratificación del mandatario en 2018, en unas elecciones sin una fecha marcada. “Ya estamos preparados para lograr una gran victoria revolucionaria”, dijo en un mitin político en el Estado de Aragua. La posible candidatura de Maduro sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el régimen, según El Aissami.
“Vamos a tener, Dios mediante, pueblo mediante, la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente de la República”, dijo el vicepresidente. Sin una fecha oficial para los comicios presidenciales y con una ínfima popularidad, el Ejecutivo ha comenzado maniobras para perpetuar en el poder al polémico jefe de Estado. A finales de julio, el gobierno de Venezuela ha logrado el triunfo de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que sustituye al Parlamento opositor.
El régimen se ha convencido de que su gestión ha obtenido logros. El Aissami prometió que en un segundo mandato de Maduro el Gobierno consolidaría las “victorias” alcanzadas en 2017, entre las que destacó la elección de la Asamblea Constituyente. Aunque varias encuestadoras indican que la popularidad de Maduro no supera el 20% en el país sudamericano, los resultados de los últimos dos comicios —el de la Constituyente y las regionales, en octubre— han dado el triunfo al oficialismo.
Para la oposición, dividida en varias facciones, no sería un escenario favorable competir en unos sufragios presidenciales con un Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el régimen. De hecho, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha desistido de participar en las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 10 de diciembre, por considerar que no existen condiciones de que sean transparentes.
La decisión ha obedecido a los sorpresivos resultados de las elecciones regionales, donde el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones, en octubre. La oposición ha denunciado fraude, pero sus reclamos no han prosperado. Solo la comunidad internacional ha repudiado las posibles irregularidades en los comicios.“Tenemos ya 18 gobernaciones, vamos a tener la gran mayoría de las alcaldías, tenemos la Asamblea Nacional Constituyente y vamos a tener la reelección de nuestro hermano Nicolás Maduro como presidente”, añadió El Aissami ante la militancia.
El aislamiento del régimen
Maduro, el heredero político del fallecido Hugo Chávez, afronta una de las peores crisis económicas de América. Su Gobierno no ha podido superar los descalabros financieros de Venezuela. Es la gestión del desahucio. Maduro no solo es rechazado por los tradicionales partidos políticos opositores de Venezuela. Su aceptación tampoco es plena dentro del chavismo. Muchos ex altos cargos de Chávez se distanciaron de su sucesor. Por ejemplo, Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Constituyente y ahora en el exilio, ha sido la desertora más incómoda del régimen de Maduro.
Ortega Díaz se opuso a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia —otro tentáculo del Ejecutivo— que anularon las competencias del Parlamento opositor, entre marzo y abril. Por esto fue destituida de su cargo y tuvo que huir a Colombia. Hace dos semanas, la exfiscal pidió a la Corte Penal Internacional, en La Haya, una orden de arresto contra el presidente de Venezuela y varios de sus ministros por cometer crímenes de lesa humanidad. “Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, denunció Ortega Díaz.
Los cuerpos policiales venezolanos son señalados de provocar la muerte de varios opositores durante las protestas de abril y julio. Human Rights Watch (HRW) y la organización venezolana Foro Penal denunciaron ayer en un informe que el régimen ha empleado la fuerza de forma sistemática, incluidas las torturas, en contra de manifestantes y opositores políticos.
La actuación de Maduro durante las manifestaciones ha provocado una condena internacional, entre ellas, la de la Administración del presidente Donald Trump. En agosto pasado, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al mandatario, a quien acusa de socavar la democracia. La medida consistió en la congelación de activos en EE UU y la prohibición de que ciudadanos o entidades estadounidenses puedan hacer transacciones con el régimen venezolano. Muchos ministros de su Gobierno también han sido sancionados por EE UU y Canadá. El presidente venezolano ha atribuido el empeoramiento de la crisis financiera a estas penalizaciones y la caída de los precios del petróleo.
