El escándalo de espionaje en México se extiende a los políticos de la oposición

El escándalo mexicano de espionaje tiene nuevas víctimas. Citizen Lab, la organización canadiense que ha documentado el intento de infección con un programa de robo de información a periodistas y activistas, ha confirmado este jueves que políticos de oposición también han sido objetivos del malware Pegasus. Entre ellos se encuentran el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya; el expresidente del Senado, Roberto Gil, y el portavoz del partido de derechas, Fernando Rodríguez Doval.

Roberto Gil recibió en su teléfono móvil tres mensajes de texto entre el 15 y el 17 de junio de 2016. “Oye Roberto, ya viste lo que los del PRD dicen de todos nosotros solo por ganar credibilidad, mira te adjunto”, decía uno de los mensajes, que estaba acompañado de un enlace para pinchar. Gil, que en ese entonces era presidente del Senado, recibió anzuelos como los que ha documentado Citizen Lab, que hacían referencia a supuestas notas publicadas en el semanario de investigación Proceso y a supuestos amigos que invitaban a un sepelio tras la muerte de un familiar.

Ricardo Anaya recibió un mensaje casi idéntico en su celular el 15 de junio de 2016. Unos días antes, el partido había arrasado en las elecciones locales. El PAN se impuso en siete de 12 elecciones en juego el siete de junio. “Buen día, presidente Anaya. Le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose”, leyó el joven político del PAN en su teléfono. Anaya ofreció una conferencia de prensa el miércoles de la semana pasada para denunciar el intento de espionaje. Este no ha sido validado hasta esta mañana por Citizen Lab. Rodríguez Doval también registró un mensaje similar el 14 de junio, un día antes de que arribaran los textos a los aparatos de Gil y Anaya.

Los investigadores sobre ciberseguridad de la Universidad de Toronto han rastreado los enlaces que acompañaban a estos textos, smsmensaje[.]mx, a un servidor en poder de NSO Group, una firma israelí que supuestamente solo vende el malware Pegasus a gobiernos. Un aparato infectado por este programa permitía a los espías al acceso remoto a mensajes, historial de llamadas, redes sociales, fotografías, captura de pantallas y uso de las cámaras. 

Los informativos nocturnos de Televisa y Milenio publicaron la noche de este miércoles los contratos que el Gobierno mexicano celebró con NSO Group. La Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el Pegasus en 2014, cuando la fiscalía estaba a cargo de Jesús Murillo Karam, el procurador que dirigió las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. El contrato está fechado el 29 de octubre de 2014 y está firmado por el entonces responsable de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón. El vendedor fue una empresa mexicana llamada Tech Bull, que se especializa en comerciar programas de este tipo al Estado mexicano

Citizen Lab y The New York Times han asegurado que el programa Pegasus también está en manos de otras dos dependencias del Gobierno mexicano: la Secretaría de la Defensa y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior). El presidente Peña Nieto ha confirmado que su Gobierno tiene este tipo de herramientas, pero no ha dado más detalles. También ha rechazado que su Administración esté detrás de los intentos de espionaje.

La periodista de Televisa, Denise Maerker, mostró uno de los contratos de adquisición de Pegasus. Según el documento, la PGR pagó 32 millones de dólares por 500 intentos de infección. Citizen Lab ha documentado, hasta el momento, 93 ataques si se suman los de esta mañana a los que recibieron periodistas como Carmen Aristegui y su equipo, Carlos Loret de Mola, el defensor de derechos humanos Mario Patrón y activistas anticorrupción como Juan Pardinas, del Instituto mexicano para la competitividad (IMCO).

La ola de infección que se fijó a periodistas como objetivo se dio en noviembre de 2015, cuando la PGR ya estaba en manos de la procuradora Arely Gómez. El periodista Carlos Puig, de Milenio, afirma que el programa de espionaje quedó en manos de Noé Ramírez Gutiérrez, jefe de oficina de la fiscal. 25 personas fueron capacitadas durante cinco días para utilizar el programa.