La Fiscalía mexicana pide ayuda al FBI para investigar el espionaje a periodistas y activistas

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) dio a conocer que pondrá en marcha una investigación sobre el presunto espionaje a periodistas y activistas en México. En las pesquisas participarán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones, dependiente de la ONU y la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros organismos internacionales, según informó Ricardo Sánchez, fiscal especial para Delitos Relacionados contra la Libertad de Expresión.

En un mensaje a los medios dijo que "los hechos vertidos en la prensa son serios. Y esta procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes otorgan. La investigación está en curso".

Sánchez anunció que también se investigará a las empresas que han vendido equipos para el espionaje telefónico, para saber, entre otras cosas, si han vendido dichos equipos a empresas estatales o privadas, y se pedirá a las compañías telefónicas que entreguen los registros de las llamadas a los celulares de los periodistas y activistas investigados para determinar si fueron infectados con el malware Pegasus.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje hechas hace justo una semana por un grupo de periodistas críticos y defensores de los derechos humanos. En una escueta carta dirigida a The New York Times, el diario que publicó el 19 de junio cómo se intentaba contagiar móviles con el malware Pegasus para robar información, la Presidencia señaló que "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje". La carta firmada por Daniel Millán, director general de medios internacionales de la Presidencia de México, señala que el Gobierno condena "cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona".

Cuatro días después de las acusaciones, Enrique Peña Nieto rompió su silencio afirmando que él mismo como presidente también se sentía espiado y aseguró que esperaba que la ley se aplicara "contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos". Poco después de hacer estas declaraciones, el mandatario afirmó que no se trataba de una amenaza e insistió en que se refería a la orden que le había dado a la Procuraduría General de la República para que investigue las denuncias presentadas.