Desaparecidos: la otra cara de la violencia contra los periodistas en México

Informar es una misión de alto riesgo en México. Romper el silencio ha costado la vida a 106 periodistas desde 2000. Y a la sombra de la muerte, la violencia ha encontrado otra forma de ensañarse contra la prensa. Las desapariciones forzadas son un cáncer que se ha extendido por todo el país y que no discrimina entre hombres, mujeres, trabajadores de medios nacionales o de pequeños diarios regionales. El único nexo irrefutable entre las víctimas es su profesión. El último fue el michoacano Salvador Adame, que desapareció el pasado 18 de mayo, pero antes fueron el sinaloense Mario Alberto Crespo, la tamaulipeca María del Rosario Fuentes y el veracruzano Sergio Landa. La lista crece hasta llegar a 24 desaparecidos desde 2003 y encumbrar a México como uno de los sitios más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

"El país se encuentra en uno de los peores momentos de su historia en cuanto a libertad de expresión, acceso a la información y derecho a la verdad", afirma Sandra Patargo, oficial adjunta del programa de protección y defensa de Artículo 19. La organización identifica tres focos rojos: el Estado norteño de Tamaulipas (seis casos); Michoacán (cinco), en la costa del Pacífico, y Veracruz (cuatro), que bordea el golfo de México.

Paradójicamente, México cuenta con uno de los aparatos más robustos para la protección de periodistas, asegura Patargo. Pero desde Artículo 19 acusan que los dichos no se han traducido en hechos ni en una defensa efectiva para los periodistas en el terreno. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha investigado en los últimos seis años 798 casos por agresiones contra periodistas y solo tres han recibido una sentencia condenatoria. Un 99,7% de los casos ha quedado impune.

Ante el asesinato del reconocido cronista del narcotráfico Javier Valdez en Sinaloa y del reportero jalisciense Jonathan Rodríguez, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió el miércoles pasado a reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de trabajo de la prensa. Poco menos de 24 horas después, un comando interceptaba a Adame frente a una planta purificadora de agua y lo obligaba a subir a un vehículo que se desvaneció en la Tierra Caliente michoacana. Esa zona del Estado es famosa por el clima árido y la hostilidad de los enfrentamientos entre el Gobierno y el crimen organizado.

"No se puede entender el caso de Salvador Adame sin hablar de los 30.000 desaparecidos y el contexto de violencia que se vive en el país, además de la colusión entre las autoridades y los grupos criminales", expone Patargo. Artículo 19 ha documentado que el 53% de las agresiones contra la prensa vienen de funcionarios públicos. No hubo, sin embargo, ninguna admisión de culpa ni de responsabilidad en el discurso de Peña Nieto. "El Estado es juez y parte de este problema", agrega. Articulo 19 detalla que en un 73% de las desapariciones forzadas fueron llevadas a cabo por fuerzas del orden, ya sea el Ejército o las autoridades federales, estatales y municipales. 

Amenazas de muerte del narcotráfico en 2015, detenciones arbitrarias de las autoridades en 2016, tres retenciones contra su voluntad en los últimos cuatro años y, finalmente, su desaparición en 2017. El rapto de Adame no solo refleja la corresponsabilidad del Estado, sino también la impunidad con la que suceden los ultrajes. El director del canal 6TV del pequeño poblado de Nueva Italia fue secuestrado a plena luz del día, al igual que la periodista chihuahuense Miroslava Breach, que murió en marzo de ocho disparos afuera de su casa o el propio Valdez que recibió doce balazos en mitad de la calle. "Ya no hay necesidad de esconderse", lamenta Patargo.

La ausencia de avances en las investigaciones pone un velo sobre el móvil de los ataques, el estado de las víctimas y el destino de los responsables. En algunos casos hay indicios de los detonantes: tener rencillas con el poder, hablar de "temas sensibles" o exponer los nexos entre el Gobierno, el Ejército y el crimen organizado. Las certezas son pocas y las garantías de justicia se desvanecen. El saldo es fulminante: seis periodistas muertos y uno desaparecido en este año, pero ningún detenido por los crímenes. Sin detenidos, no hay juicios y sin juicios, no hay justicia.