Las autoridades mexicanas, incapaces de adaptarse al nuevo sistema de justicia

Desde mediados del año pasado cuando comenzó a aplicarse en todo el país el nuevo sistema de justicia penal que privilegia la presunción de inocencia, unos 20.055 presos han dejado las cárceles. En algunos Estados los gobernantes han señalado que el aumento de la violencia se debe a esta liberación de reos. Sin embargo, especialistas en el tema penal aseguran que esto es mentira y es una excusa de los gobernantes que no realizan indagatorias sólidas y no hacen correctamente su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Antes de que entrara en vigor el nuevo sistema acusatorio, la prisión preventiva —el método de encarcelar a las personas mientras se demuestra si son culpables o inocentes— era usada de manera irracional y excesiva. Especialistas en el tema y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las cárceles están llenas de personas sin sentencia y que cometieron delitos menores como robos. Un 60% de la población penitenciaria está acusada de ilícitos no violentos y en muchos casos se les dictan penas de tres años de cárcel, señalan las estadísticas de los expertos.

La reforma penal busca cambiar el sombrío panorama. Con las modificaciones legislativas ahora se garantiza que los imputados en algún delito sean tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además les permite acogerse a medidas cautelares para seguir su proceso en libertad cuando se trate de ilícitos no graves, disminuyendo así el uso de la prisión preventiva que, a diferencia de antes, ahora se usa exclusivamente para delitos graves como secuestro, delincuencia organizada y homicidio doloso, entre otros.

Karen Silva, investigadora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), explica que con el antiguo sistema las instituciones estaban saturadas y no podían hacer investigaciones sólidas, lo que se traducía en altos niveles de impunidad. “Los índices de tortura se fueron para arriba porque las autoridades no sabían investigar y tenían que encontrar nuevos métodos para obtener pruebas. Entonces a las personas acusadas de delitos se les estaban violentando sus derechos y las víctimas tenían una respuesta negativa”, menciona.

Las cárceles tenían niveles de población en promedio del 120% y en algunos casos de hasta el 400%, explica Guillermo Zepeda Lecuona, experto en temas justicia penal. Ahora que el nuevo sistema comienza paulatinamente a despresurizar las prisiones, los gobernantes han dicho que estas personas salen a delinquir aumentando los índices delictivos.

El Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer a mediados de marzo que la Ciudad de México registró el año pasado la cifra de homicidios dolosos más alta en las últimas dos décadas. Otros delitos como el robo a negocio, a casa habitación y a transeúnte también tuvieron un repunte. Además la delegación Cuauhtémoc --una zona que abarca el centro histórico y los barrios de moda en la capital-- fue la que concentró el mayor número de casos de extorsión, asaltos y robo con violencia, de acuerdo a los datos difundidos por la organización especializada en temas de seguridad.

Francisco Rivas, director de la organización, destacó que la ciudad vive "una epidemia de homicidios" porque las políticas publicas no están funcionando. "Los ciudadanos de esta capital no nos estamos sintiendo seguros", afirmó durante la presentación del estudio. El activista destacó que en nueve de las 16 delegaciones que conforman la metrópoli hubo un aumento en por lo menos cinco delitos de alto impacto.

Días después de la presentación de este informe, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, culpó al sistema de justicia penal del incremento delictivo. "Hay un incremento que obedece a que tenemos muchas personas que antes estaban en prisión, ese es un factor que tiene que analizar", declaró a medios locales. Según sus cifras, el nuevo modelo acusatorio había permitido que 12.000 presos dejaran las cárceles de la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad han sido liberados 7.177 reos. En junio de 2016, la población penitenciaria era de 34.501, mientras que en enero de este año fue de 27.324.

Las autoridades han puesto énfasis en criticar el sistema porque no están haciendo lo que les corresponde: investigar correctamente y proveer de seguridad a la ciudadanía, dice Silva. “El sistema no es el problema, el problema es la falta de capacidad de las instituciones, tanto para proveer de seguridad, como para llevar cabo investigaciones sólidas de los delitos”, expresa. Las instituciones no saben investigar correctamente los casos de homicidios y secuestros y se les caen esas indagatorias. Los casos que concluyen regularmente son los relacionados a delitos menores. "Es muy irracional decir eso (en referencia a las declaraciones de Mancera), cuando la mayoría de la población penitenciaria está por robo u otro delito menor, como narcomenudeo o posesión de drogas. Es decir, delitos de menor impacto que no implican violencia", destaca. 

Zepeda coincide en que culpar al sistema acusatorio del aumento en los índices delictivos es un argumento poco válido. “Muchas autoridades que tienen mal capacitados a sus funcionarios o son impotentes ante el tema de la delincuencia usan este tipo de argumentos”, menciona. En el 2008 cuando empezó a operar el nuevo sistema en Chihuahua dijeron que por eso se había aumentado la violencia, recuerda. “Es absurdo pensar que un cambio a la ley sirve para detonar la violencia. La impunidad es mala para cualquier sistema jurídico”, expone.