La violación de una niña por su padre agita el debate sobre el aborto en Costa Rica

Una niña de 12 años embarazada tras una supuesta violación de su padre en Costa Rica mantendrá la gestación, según afirmó su madre a la prensa local. La historia de la menor, originaria de la zona bananera del caribe costarricense, ha agitado el debate entre activistas de los derechos de la mujer y los críticos del aborto, en una discusión que lleva al menos 10 años en el país centroamericano sin que se resuelvan jurídicamente los alcances de la interrupción del embarazo en situaciones como esta.

Miles de voces indignadas afloraron en las redes sociales. Los jerarcas del Gobierno mantuvieron opiniones cautelosas, sin faltar las posiciones calculadas de los precandidatos presidenciales con la mira puesta en las elecciones generales del 2018. El aborto será de nuevo un tema de campaña electoral y una pregunta frecuente en las entrevistas de los periodistas o en los debates que ya han comenzado. Los aspirantes presidenciales saben que la palabra “aborto” es explosiva y que de su respuesta puede depender el apoyo o no de sectores considerables, sobre todo los relacionados con grupos religiosos que tienen poder y seguidores suficientes para provocar triunfos o derrotas. También los vinculados a una corriente defensora de los derechos humanos de las mujeres, que presionan a los partidos políticos por una agenda más progresista.

La ley costarricense permite, al menos en el papel, la aplicación del aborto para casos en los que corra peligro la vida de la madre o se comprometa su salud, pero no para embarazos producto de violaciones. Organizaciones feministas y de derechos humanos presionan por la aplicación real de esa norma y por su ampliación a situaciones como la de la niña víctima de su padre. Ella y su hermano relataron a su madre detalles de la supuesta violación contra la niña ocurrida en diciembre pasado, durante una estancia de los menores en la casa de su progenitor, en Matina, provincia de Limón. La policía lo detuvo y un juez lo ha dejado en libertad con medidas cautelares.

“No pienso cometer un crimen más grande que el de mi papá”, dijo la menor, según el relato de su madre a una televisora. La frase motiva distintas lecturas entre quienes favorecen la posibilidad del aborto en casos de violación o quienes la consideran, en efecto, un nuevo crimen, como lo ven miembros de la Iglesia Católica de este país confesional por mandato de la Constitución. El vocero eclesiástico, Sixto Varela, aseguró a un periódico que la niña “tiene que agradecer a Dios este regalo y no sentirse culpable” y que la Iglesia le ofrece ayuda psicológica y material con el bebé. La ONG Acceder, dirigida por abogadas feministas, también ofreció asesoría jurídica, aunque con un enfoque contrario.

Días antes de conocerse este nuevo caso de una niña embarazada en una zona rural y agrícola de Costa Rica (país donde hubo casi 1.000 nacimientos entre 2014 y 2015 de madres menores de 14 años), varios precandidatos han expuesto sus posiciones sobre el aborto en casos de violación y solo uno de ellos, José María Figueres (Liberación Nacional, PLN) favorece una reforma para ampliar la ley y despenalizarlos. Su oponente directo en ese partido, el empresario y diputado Antonio Álvarez Desanti (apoyado por el expresidente Óscar Arias) prefiere dejar las cosas así: “Si una mujer ha sufrido un acto tan detestable como una violación y no quiere tener el hijo, debe dejarlo nacer y darlo en adopción”. Con él coincide el aspirante oficialista Carlos Alvarado de Acción Ciudadana.

Violencia sexual

La oficina local de las Naciones Unidas, a propósito del caso de la niña de Limón, llamó al Gobierno a actuar de forma decidida contra la violencia sexual. Lo hizo en un comunicado similar a uno del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de marzo del 2016, en el cual instaba al país a legalizar el aborto en embarazos producto de violaciones. La reacción entonces fue de rechazo, incluso de parte del presidente Luis Guillermo Solís, más cercano a posiciones progresistas.

La discusión en torno la legalización del aborto ocupa también amplios espacios en Centroamérica. En El Salvador (donde se prohíbe totalmente igual que en Honduras y Nicaragua) hay encendida una fuerte controversia por un proyecto para despenalizar la interrupción de embarazo. En Guatemala, donde la ley es casi igual de restrictiva que la de Costa Rica, las autoridades bloquearon a un barco de una ONG holandesa promotora del derecho al aborto, cuya tripulación planeaba quedarse en aguas internacionales y desde allí realizarlo a las mujeres que quisieran llegar hasta él en un yate. “El barco de la muerte”, dijo un parlamentario sobre la embarcación vigilada a distancia por la Armada guatemalteca.