El alto precio de perseguir un vientre mexicano

Pedro le da el biberón a dos mellizos mientras explica que tiene miedo a que se los quiten. Su nombre es ficticio y los bebés no son suyos. Al menos legalmente. Lleva tres meses en México enredado en una telaraña judicial y burocrática para conseguir que los niños —nacidos a partir de un óvulo donado, su esperma y un vientre de alquiler— puedan ser registrados y se vayan con él a España. México representaba hasta el año pasado uno de los destinos más baratos del mundo para contratar la maternidad subrogada. La ley cambió y Pedro y una decena de extranjeros, los últimos en realizar el trámite, se encuentran en un limbo. Los bebés, a los que la norma pretende blindar, son las primeras víctimas de un sistema que sobrevive entre el vacío legal y la falta de garantías.

En México la maternidad subrogada o sustituta —dependiendo de si la embarazada ha aportado material genético o no— nunca ha estado prohibida, porque a nivel federal no ha existido, ni existe. No hay un protocolo nacional que refleje los derechos de los padres y la madre gestante. Sin embargo, sobre este vacío legal surgió una entidad que lo ha permitido durante casi 20 años: Tabasco, al sur del país. Mediante una reforma del código civil estatal, se abrió la vía para que los nacidos por este sistema fueran registrados como hijos de la pareja o la persona que contrató los servicios. La diligencia en el proceso quedaba en manos de las clínicas, que controlaban desde la inseminación hasta la selección de la madre que ponía el vientre.

Los bebés, a los que la norma pretende blindar, son las primeras víctimas del sistema

A finales de 2015 se reformó de nuevo el código civil de Tabasco para impedir la "comercialización con la vida", según las palabras de los políticos locales. El mensaje iba dirigido a los extranjeros "que llegaban a México para buscar un bebé y llevárselo" y hacia las agencias que habían hecho de esto un negocio "muy lucrativo". El debate entre los que consideraban que la gestación subrogada explotaba a una mujer sin recursos, que ponía su vientre por necesidad, frente a los que defendían la libertad individual, se zanjó en favor de los primeros. Y a partir del año pasado nadie que no sea mexicano, casado o con pareja estable —heterosexual— puede contratar un vientre de alquiler.

"Somos los últimos de la fila", explica Pedro desesperado desde el otro lado del teléfono. Él, al igual que otro español y un grupo de extranjeros, contrató estos servicios con unas clínicas tabasqueñas antes de la modificación de la ley, según cuenta. Pero cuando quiso registrar a los mellizos, que nacieron el 27 de noviembre de 2016, ya no fue posible. "Nos están aplicando la ley de manera retroactiva", denuncia. Lleva tres meses atrapado en una maraña de amparos y batallas legales contra el Registro Civil de Tabasco, porque la administración considera que la inseminación de la mujer se dio después de la ley. Y los niños, sin identidad.

A Michael Theologos, estadounidense, le quitaron al bebé y se lo entregaron a las instituciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Como Pedro, había firmado un contrato de gestación subrogada anterior a enero de 2016. Después de un mes de denuncias, su caso alcanzó lo diplomático y a través de un acuerdo consular logró llevarse a su hijo a Estados Unidos a principios de este mes.

En México la maternidad subrogada o sustituta nunca ha estado prohibida, porque a nivel federal no existe. No hay un protocolo nacional

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) tiene registrados ocho casos de extranjeros con una situación similar en Tabasco, aunque el número puede ser mayor, según cuentan. "El problema de fondo es que no existe una regulación nacional sobre el tema y Tabasco esquivó esto a través de lo civil", critica Regina Tamés, directora del organismo. "No está controlada ni siquiera la donación de óvulos, esperma, ni la transferencia, todo queda a la buena voluntad del médico", añade.

En la Cámara de Diputados nacional se encuentran estancadas desde el año pasado dos iniciativas que buscan legislar sobre la reproducción asistida. La más avanzada es similar a la de Tabasco, tiene el objetivo último de acabar con el "negocio" de los vientres de alquiler y restringir el acceso solo a los ciudadanos mexicanos, además de requerir una indicación médica de infertilidad. Los mexicanos que vivan en Estados Unidos, por ejemplo, podrían venir a por un bebé de otra madre, los residentes en México no. La senadora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, conforme con esa propuesta, sospecha que los únicos beneficiarios de que no avance son las mismas clínicas: "Les conviene que no haya regulación, que haya visiones encontradas, esto les permite operar sin sanción".

Pedro y el grupo de extranjeros, que acudieron a México porque era uno de los pocos lugares en el mundo donde podían solicitarlo los solteros y a mitad de precio que en Estados Unidos y Canadá —unos 70.000 dólares—, aseguran que están viviendo "un infierno". Sus hijos, igual que la ley sobre este tipo de maternidad, están atrapados en un país donde en estos momentos la reproducción asistida es la última de sus prioridades.