Chavismo y oposición, a la deriva

Cuando a finales de octubre cinco tribunales de provincias suspendieron los preparativos del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, la oposición de Venezuela pareció conseguir en esa gran frustración colectiva el impulso que necesitaba para provocar un cambio después de 18 años de dominio chavista. Con un brío inédito hasta la fecha, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se hizo con la iniciativa política y puso contra la pared al régimen. Eran días soñados para los opositores: la Asamblea Nacional amenazaba con declarar la responsabilidad política del jefe del Estado —que finalmente concretó en enero, cuando resultó intrascendente—, se disponía a renovar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral con períodos vencidos y a subsanar las irregularidades cometidas cuando el chavismo, en los estertores del período parlamentario anterior, había nombrado a las volandas y sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución a 12 fieles como magistrados del Supremo.

El cambio se presentía. No era un golpe militar lo que estaba en marcha, sino la posibilidad de revertir esa decisión de los tribunales mediante la presión popular y la negociación con el Gobierno, con grandes posibilidades de lograrlo. La oposición parecía entonces un tren imparable, pero de pronto decidieron utilizar el freno de emergencia. A principios de noviembre, suspendieron las protestas programadas a cambio de sentarse a negociar con el Gobierno. Las gestiones de la Unión de Naciones Sudamericanas, representada por tres expresidentes iberoamericanos (José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández) y el Vaticano, el verdadero poder tras bastidores, apaciguaron los ánimos y evitaron un enfrentamiento de impredecibles consecuencias.

El tiempo parece haber demostrado que abandonar la calle fue una pésima decisión. Lo que ha sucedido desde entonces es la más insólita cesión de la iniciativa política que se conozca en la historia contemporánea de Venezuela. El régimen se ha salido con la suya siguiendo la receta que patentó el fallecido Hugo Chávez en 2004 ante una coyuntura similar: dejar que el tiempo corra y que los precios del petróleo se incrementen para intentar paliar el descontento ocasionado por la escasez aumentando el gasto público e importando toda clase de bienes. Simultáneamente, mediante el control de las instituciones, Maduro se dispuso a evitar que las elecciones se interpusieran en su afán de gobernar para siempre. El costo político de aplazar las elecciones regionales, de mantener presos a los dirigentes de Voluntad Popular que tienen orden de excarcelación solo por el mero placer de utilizarlos como escarmiento, es mínimo o no existe. Siempre lo han repetido: la revolución bolivariana es irreversible y nunca dejará el poder.

Hoy se cumplen tres años desde que el opositor Leopoldo López se entregara a las autoridades. Condenado a casi 14 años de prisión, su caso y el desabastecimiento simbolizan esta etapa de crisis. La frustración ha dinamitado las débiles estructuras de la Mesa de la Unidad Democrática, una alianza que solo es posible gracias al formidable enemigo que tiene enfrente, y que sacó a flote las miserias personales y las agendas ocultas de cada organización. Sin una conducción política sólida y unitaria y sin estrategia clara, la oposición vaga a la deriva. Que Henrique Capriles, Henry Ramos Allup o Leopoldo López, sus individualidades más importantes, mantengan probabilidades de llegar a Miraflores obedece a los pésimos resultados de la gestión de Maduro, y no a la conciencia de que sus proyectos representen la esperanza que en su momento ofreció el chavismo.

Tanto fuelle ha perdido la oposición que incluso callaron o no reaccionaron a tiempo ante los últimos escándalos y las malas decisiones del régimen. Más allá de las declaraciones de ocasión, ninguno de esos grandes dirigentes acompañó a las víctimas del cruel anuncio de Maduro de retirar de circulación el billete de 100 bolívares, que ocasionó saqueos generalizados en Ciudad Bolívar, al suroriente de Venezuela, y pérdidas generalizadas entre los comerciantes que aún se atreven a invertir en el país; también perdieron la oportunidad de difundir oportunamente su postura cuando el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y a su testaferro, Samark López, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Es un silencio tan ensordecedor que a veces raya en la indiferencia.