Otro alto cargo de Mauricio Macri discute la cifra de desaparecidos

La memoria histórica sigue causando graves problemas al Gobierno argentino. El sábado, el presidente Mauricio Macri tuvo que dar marcha atrás en su decisión de cambiar el feriado del 24 de marzo –día en que se conmemora el golpe de Estado de 1976- al lunes 27. El domingo, un funcionario de Gobierno muy cercano a él reavivó la polémica sobre el número de desaparecidos y la dureza de la represión, un asunto muy sensible en este país. Fue el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, repuesto en su cargo en octubre luego de que quedaran sin efecto denuncias de corrupción en su contra, el que volvió a provocar la indignación de los organismos de derechos humanos.

Gómez Centurión negó que la junta militar desplegara en el país un plan sistemático de robo de bebés y cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos. “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”, aseguró en el programa de televisión Debo Decir. La cifra de 30.000 es la aceptada por todas las organizaciones pero periódicamente alguien discute que en realidad solo hay confirmación de 8.000 en las investigaciones judiciales durante la democracia. Darío Lopérfido, otro alto cargo macrista, dimitió como ministro de Cultura de Buenos Aires el año pasado después de poner en cuestión esa cifra de 30.000 desaparecidos. Pero Gómez Centurión fue mucho más lejos.

Otra invitada, la periodista Romina Manguel, habló del "plan sistemático" de represión de la dictadura, y él también puso en cuestión eso. “Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra”, dijo el cargo. "En tu visión militante vos estás diciendo que fue un plan genocida y yo no comparto esa visión de la historia", le contestó a Manguel cuando esta lo interpeló. “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”. “La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia”, reconoció el titular de la Aduana, “el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue terminante en pedir su dimisión: “hay que sacarlo de la gestión”. “Espero que el presidente tome medidas porque la sociedad lo va a repudiar”, agregó la mujer, principal sostén en la lucha para la recuperación de los nietos apropiados por militares y allegados a la junta que gobernó en Argentina en el período 1976-1983. “Queremos trabajar en lo que estamos haciendo que es el encuentro de los nietos, a ver si en vez de decir estas pavadas nos ayudan a buscarlos”, reclamó Carlotto. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, coincidió con Carlotto: "Lo que no admite el gobierno de Macri es que acá hubo un genocidio. Lo peor es la falta de respeto a la memoria de nuestros hijos”.

El Ejecutivo trató de alejarse de su alto cargo, persona de absoluta confianza de Macri. “30.000 desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible”, afirmó en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. “Esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno, puesto que es esta Secretaria la encargada del tratamiento riguroso y efectivo de temas de esta naturaleza”, asegura el escrito.

“El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias. El Estado como institución suprema debe siempre cuidar y proteger a sus ciudadanos”, añade.

Gómez Centurión es un excombatiente de Malvinas que con 23 años quedó a cargo de 34 soldados. “Siempre pensé que podía morir. En la guerra el concepto de vida y muerte es bastante lábil”, aseguró Centurión en la misma entrevista; y explicó: “Equivocados o no, teníamos conciencia de estar en un punto único e irrepetible de la historia argentina”. “Las Malvinas quedaron vinculadas a un tema de la dictadura, pasó a un listado de los temas políticamente incorrectos”, opinó el cargo.

En 2016, una denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo involucró en una investigación por el cobro de sobornos para facilitar el ingreso de 20.000 contenedores al país. El cargo se definió como “víctima de ex espías y de la mafia del contrabando” y argumentó que “las denuncias no tienen sustento”. El 19 de agosto fue separado del cargo por decisión del propio presidente Macri, aunque sólo permaneció ocho semanas fuera del gobierno de Cambiemos, que lo repuso en su cargo. Ahora se enfrenta a una polémica más difícil aún de gestionar para el Gobierno.