La extradición de El Chapo, el último gesto de México al Gobierno de Obama

La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del poderoso cartel de Sinaloa, a Estados Unidos fue el último gesto del Gobierno de Enrique Peña Nieto a la Administración de Barack Obama. “Esta es una medalla para ellos”, considera Gerardo Rodríguez, un experto en relaciones internacionales y seguridad. El analista, académico de la Universidad de Las Américas en Puebla, asegura que no deben regatearse los esfuerzos hechos por Roberta Jacobson, la embajadora de Washington en México. La inversión económica y de inteligencia que Estados Unidos hizo en el caso Guzmán Loera tiene décadas, pero al fin ha dado frutos. El esfuerzo ha sido recompensado ahora que el criminal se ha parado frente a un juez de Nueva York para oír los 17 presuntos delitos que acumula en esa nación desde 1989. El narcotraficante mexicano podría ser condenado a cadena perpetua pero no a pena de muerte.

Las autoridades mexicanas trataron de restar importancia al hecho de que su prisionero más importante haya llegado a Long Island, Nueva York, en las últimas horas del Gobierno Obama. “No tenemos ninguna injerencia como autoridad en las decisiones del poder judicial”, dijo la noche del jueves Alberto Elías, subprocurador de la Procuraduría General de la República, que depende del poder ejecutivo. La Fiscalía explicó que el hecho se trató de una coincidencia. El miércoles, la Suprema Corte de Justicia rechazó atraer el caso del narcotraficante. Esta era la máxima instancia a la que recurría la defensa del criminal en su esfuerzo por obstaculizar la extradición, que tuvo luz verde del Gobierno mexicano desde septiembre de 2015.

Una vez que la corte constitucional negó la atracción del caso, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, en una decisión veloz para los tiempos de la justicia mexicana, negó un amparo a Guzmán Loera. En ese momento inició la extradición. Cuando hombres uniformados y encapuchados entraron a la celda del prisionero 3192 en la prisión federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Chapo preguntó escuetamente adonde lo llevaban. El criminal pensó que lo llevarían de vuelta a la prisión de El Altiplano, de la que se fugó en julio de 2015 por un túnel de 1.500 metros que llegaba hasta su celda. Una voz que salió de la máscara le respondió: “Ya te vas”. Cuatro horas después, el capo estaba aterrizando en el aeropuerto MacArthur. Los abogados de El Chapo no pudieron ver a su cliente por última vez.

La justicia mexicana fue muy cautelosa con el proceso judicial de la extradición. La Fiscalía deseaba que el caso fuera sólido y no tuviera deficiencias ni violaciones a los derechos del prisionero, un fantasma que ha manchado el desempeño de las autoridades en los casos judiciales de la guerra contra el narcotráfico. Una vez descartada esa parte, Rodríguez asegura que el Gobierno de Peña Nieto también ganó tiempo con un juicio tan largo. “Fue una estrategia porque saben que Estados Unidos hubiera usado a El Chapo para extraerle información sobre corrupción que podría haber afectado al PRI, a gobernadores locales, a los servicios de inteligencia y a las autoridades penitenciarias”, explica el académico.

La información obtenida en el proceso judicial de Guzmán Loera en Estados Unidos aún puede poner en aprietos a un Gobierno que sufre por escándalos de corrupción de varios gobernadores militantes del PRI. Esta forma de negociación ya ha sido utilizada por el sistema de justicia estadounidense. Así lo hizo con Osiel Cárdenas Guillén, el sangriento líder de Los Zetas, que fue enviado al país del norte en 2007. Desde entonces, el capo ha sido informante de las agencias antidrogas de EE. UU. Esta inteligencia ha llevado a que Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, sea buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Cárdenas, que cumple su pena en una prisión de máxima seguridad de Colorado, saldrá libre en 2025.

El Chapo dejó pendientes en México 10 procesos judiciales. Las autoridades mexicanas han explicado que el narcotraficante cumplirá las penas a las que sea condenado en Estados Unidos y después volverá a México a saldar sus deudas con la justicia local. José Refugio Rodríguez, uno de los abogados del capo, ha admitido que será difícil que su cliente regrese a México. El Chapo es ahora problema del Gobierno de Donald Trump.