Perú sanciona la discriminación por orientación sexual

Un decreto legislativo sanciona por primera vez en Perú la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La norma, que modifica el Código Penal, califica además como agravantes de un delito los móviles de intolerancia o discriminación sexual. No hay registro oficial de agresiones contra personas del colectivo LGTBI, pero la ONG Promsex reportó ocho asesinatos y 43 ataques contra gais y transexuales entre 2015 y 2016.

Perú es el país latinoamericano peor calificado en el Gay Travel Index 2016, que clasifica a los países según su afabilidad hacia las personas LGBTI. Uno de los motivos por los que ocupa el puesto 140 entre 193 países evaluados es la falta de legislación contra la discriminación hacia los homosexuales. “El decreto señala los tipos de discriminación más usuales, entre los que se incluye orientación sexual e identidad de género. Esto permite que los operadores del sistema de justicia tengan un criterio más claro a la hora de aplicar la norma”, explica Alberto de Belaúnde, congresista de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido gobernante.

Población vulnerable

La norma es parte de 32 decretos legislativos publicados entre el jueves y viernes, de los 112 que emitió el Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades legislativas en un lapso de 90 días que venció la semana pasada. En 2013, el congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de ley contra los crímenes de odio, pero congresistas fujimoristas que representan a iglesias evangélicas se opusieron a que figuraran las categorías identidad de género y orientación sexual. La ley fue aprobada, aunque solo con una alusión genérica a la discriminación “de cualquier índole”. En julio del mismo año, el Congreso rechazó considerar como agravante de delito la identidad de género y la orientación sexual.

En el informe 2015-2016 de Derechos humanos de transexuales, lesbianas, gais y bisexuales en el Perú, que elabora anualmente la ONG Promsex, reportó ocho asesinatos contra gais y transexuales, 43 casos de agresión (incluidos tortura y trato cruel) y 20 de discriminación. En todos los casos, los gais y las transexuales femeninas constituyen el mayor porcentaje de víctimas.

“El Ministerio Público [Fiscalía] y el poder Judicial no producen información desagregada sobre los motivos que subyacen a los actos de discriminación denunciados” y la policía los registra en la categoría “otros”, reportó Promsex.

“Como señala el Informe Defensorial 175 de la Defensoría del Pueblo, existen problemas de acceso a la educación, a la salud, a un empleo digno, etcétera, lo que convierte a la población LGTBI en población vulnerable”, añade el congresista De Belaúnde. “Creo que la ley ayuda, pero el esfuerzo tiene que ser mucho más amplio para terminar con las situaciones de exclusión”. Una de las principales avenidas de Lima exhibía ayer carteles en los que se leía “No a la identidad de género”, en sintonía con los mensajes de grupos evangélicos que critican que a los niños les enseñen “que las mujeres pueden ser hombres, y los hombres pueden ser mujeres”.