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Guatemala sigue sin conocer la concordia

En el 20º aniversario de la firma de la paz, el país centroamericano ha erradicado la criminalidad política. Sin embargo, con la pobreza al alza, permanece entre los más violentos del planeta

El expresidente guatemalteco Álvaro Arzú, en su despacho.
El expresidente guatemalteco Álvaro Arzú, en su despacho.

Ante la mirada del mundo, el 29 de diciembre de 1996 el Estado de Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, de inspiración marxista) firmaron una paz que ponía fin a 36 años de confrontación interna —la segunda más larga de América, sólo detrás de la de Colombia— que dejó un saldo estimado en 250.000 muertos, 50.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados. Se abría así una ventana a la esperanza. Los guatemaltecos visualizaban una oportunidad cierta para empezar a construir un país más equitativo en todos los órdenes, particularmente en lo socioeconómico.

Transcurridas dos décadas, la esperanza ha dado paso al desencanto, a pesar de logros innegables en campos como las libertades políticas. Ya no hay asesinatos por expresar ideas contrarias al establishment. Los antiguos guerrilleros pasean libremente por las calles y pueden beber una cerveza en cualquier bar, mientras los diarios y espacios radiofónicos están llenos de columnistas y tertulianos que expresan abiertamente su oposición a las políticas dominantes, sin temor de ser secuestrados y desaparecidos, aunque la violencia común se cobra un promedio de 28,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa del istmo sólo por detrás de El Salvador y Honduras.

En esta apreciación coinciden dos protagonistas de primera fila de la firma de la paz, como el expresidente Álvaro Arzú, y el comandante de la antigua guerrilla Pablo Monsanto, todavía adversarios irreconciliables. Arzú pasará a la historia como el gobernante que firmó la paz, y en declaraciones a EL PAÍS subrayó este extremo como uno de los mayores logros. “Indudablemente, muchas cosas se superaron con creces. Se critica mucho la violencia común que nos castiga, pero esto es un problema mundial. Lo que es indudable es que ya no hay muertos por razones ideológicas. Es muy importante que ya no jalemos el gatillo por un conflicto ideológico que nunca entendimos. Por una guerra fría en la que nosotros pusimos los muertos calientes”. “Es cierto que hoy en día no se asesina al que piensa de manera diferente de quienes viven de este sistema injusto que han mantenido a sangre y fuego. Esto es algo positivo”, comenta Monsanto, el único de los firmantes de los acuerdos que, tras décadas de clandestinidad, todavía vive.

En el otro lado de la balanza están los rezagos. Aquellos acuerdos que se firmaron y se quedaron en papel mojado. Muchos analistas independientes afirman que solo se han hecho efectivos un 30% de los 12 puntos firmados. “Y los que se han cumplido han sido los que no afectan a los poderosos. Lejos de avanzar, hay retrocesos: Guatemala es ahora un país intervenido, algo inconcebible si se hubiera cumplido lo pactado”, dice Monsanto. “Ocurre que se distorsionó completamente el objetivo. En el afán de quedar bien con todo el mundo —no conozco el secreto del éxito, pero si el del fracaso: tratar de quedar bien con todos—, y eso fue lo que pasó. De los acuerdos pactados, simples pero que se podían explicar en su plenitud, las comisiones paritarias introdujeron tantos agregados que su cumplimiento se hizo imposible”, argumenta Arzú.

Lo innegable, lo que se puede palpar en el día a día de los guatemaltecos, es el incumplimiento de acuerdos que buscaban convertir a Guatemala en un país moderno, incluyente, sin apartarse del modelo económico en vigencia. Persiste el racismo y no se ha logrado poner en marcha un acuerdo fiscal. Esta nación centroamericana mantiene la carga tributaria más baja del hemisferio, con una tasa equivalente al 13% del PIB frente al 21,3% promedio de la región, según la CEPAL.

Esto se traduce en una de las llagas purulentas más dolorosas, y que las estadísticas reflejan en toda su dimensión. Lejos de disminuir, en Guatemala —que tiene una de las tasas de fertilidad más altas del mundo— la pobreza ha aumentado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza llegó al 59,3% en 2015, con un incremento de 8,1 puntos porcentuales respecto a la medición de 2006. Son cifras aproximadas, porque ni siquiera hay un censo poblacional reciente en una nación en la que 9,7 millones de personas se debaten entre la pobreza y la miseria. La mitad de los niños sufre desnutrición crónica y la educación y la sanidad pública andan por la calle de la amargura.

Todo ello, en medio de una corrupción generalizada que ahoga, antes de nacer, cualquier intento por mejorar la situación. Un estudio del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) subraya entre los problemas irresolubles, el “desmantelamiento del Estado” —su cooptación por mafias de diversa calaña—, la negación de la justicia y el aumento de la conflictividad social, como el resurgimiento de los cuerpos clandestinos de seguridad, palpables a partir de la vuelta al poder de los militares con el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015, cuando se vio obligado a renunciar ante la escandalosa corrupción de su régimen) y, de manera solapada pero eficaz, durante la actual administración de Jimmy Morales.

¿Se puede revertir esta situación y convertir a los Acuerdos de Paz en una agenda de Estado como fue su vocación original? El expresidente Arzú es más bien pesimista: “La sociedad guatemalteca es muy conservadora. Y los que más, las comunidades indígenas, que no quienes cambios sino mejorías. Lo entendí demasiado tarde, pero proponer un cambio drástico en esta sociedad resulta ser inaceptable para todos los estratos sociales”. El exguerrillero Monsanto sí ve una salida: “Ahora existe un estado de conciencia de parte de la población que permite empujar los cambios. La población sabe que es necesario cambiar el sistema. Esto, fruto de la frustración y el agravamiento de la situación social y económica, permite sentar bases para el surgimiento de un movimiento que rescate los contenidos fundamentales de los acuerdos y, con base en ello, elabore programas de desarrollo. Hay que crear un nuevo Estado que debe iniciar con la convocatoria a una Constituyente plurinacional que garantice a los pueblos originarios la defensa de su territorio y sus recursos naturales y estratégicos. Un estado de conciencia que no existía cuando se firmó la paz y que permite empujar esos cambios.

El análisis del sociólogo Héctor Rosada, uno de los negociadores de la paz, resulta demoledor: “¿convertir los Acuerdos en una agenda de Estado, para qué?”, se pregunta. “Tenemos un Estado de élite, que se protege a sí mismo, sin importarle el bienestar de la mayoría”. Recuerda que al inicio del proceso se ignoró el tema fundamental, las causas que generaron la guerra. Así, añade, retomar los acuerdos sacaría a luz las causas que las élites generaron a lo largo de 500 años. Causas que persisten y que nadie quiere tocar. “La negociación solo fue un recurso para terminar la guerra política pero que nos condujo a otra que mata a gente que no tiene nada que ver con la problemática de este Estado de mierda, que tiene a una juventud sin trabajo ni futuro, convertida en maras (pandillas juveniles), en un contexto que imposibilitaría cualquier intento por retomar los Acuerdos: narcoactividad, corrupción e impunidad”.