Macri amplía la amnistía fiscal a familiares de altos cargos e indigna a sus aliados

El decreto de Mauricio Macri que modifica la amnistía fiscal para permitir a los familiares de cargos políticos acogerse a ella ha desencadenado una tormenta política en Argentina. La decisión del presidente, hijo de uno de los empresarios más ricos del país suramericano, ha sido llevada ante la Justicia por la oposición y ha provocado malestar entre algunos de sus socios de coalición, como la Unión Cívica Radical (UCR). El Ejecutivo no ha intentado por ahora apaciguar las críticas y sus principales cuadros políticos se encuentran encerrados en un retiro espiritual para evaluar los primeros 12 meses de gobierno y discutir estrategias de cara a 2017.

Macri era partidario de incluir a los familiares en la ley de blanqueo de capitales, pero tuvo que dejarlos fuera para garantizar la aprobación de la norma en el Congreso, donde está en minoría. Cinco meses después de que la amnistía entrase en vigor, el Ejecutivo ha recuperado el guión original: el decreto autoriza a cónyuges, padres e hijos menores emancipados a blanquear bienes en negro siempre que estuviesen incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar.

"Creo inconveniente cualquier forma de incluir a los ya exceptuados en la ley de blanqueo", escribió en Twitter el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri. Para Negri, las características de la norma "resultan incompatibles con una interpretación expansiva del universo de beneficiarios". También se han expresado en contra otros referentes de la UCR, como el diputado Ricardo Alfonsín (hijo del expresidente Raúl Alfonsín) y el senador Julio Cobos. Cambiemos "adolece de un déficit que, aunque reparable, no es fácil justificar: un frente que reúne tradiciones políticas diversas, debía haber asegurado la existencia de acuerdos programáticos", denunció Alfonsín. Sus palabras exponen el descontento latente en sectores de la UCR por quedar fuera de decisiones trascendentales tomadas por el Gobierno.

La oposición se ha pronunciado de forma unánime contra el decreto e intenta frenarlo en los tribunales. La presentación judicial, firmada por varios legisladores peronistas, solicita a la Justicia investigar "la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo Nacional del delito de abuso de autoridad".

Expertos en corrupción, como la abogada Natalia Volosin, advierten que los familiares y estrechos colaboradores del Poder Ejecutivo "son personas políticamente expuestas y el sistema jurídico global considera que hay más chances de que sus activos provengan de la corrupción". En un análisis publicado en las redes sociales, Volosin considera que "la Argentina no tiene condiciones óptimas, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para determinar el origen de esos fondos, discriminar los riesgos y otras medidas necesarias".

La ampliación de los beneficiarios del blanqueo ha dado munición a los críticos para disparar contra uno de los puntos débiles de Macri, la familia. Aunque el presidente logró despegarse durante la campaña electoral de la imagen de poderoso empresario de su padre, Franco Macri,  los negocios familiares provocaron una crisis a pocos meses de asumir en la Presidencia, cuando la firma opaca Fleg Trading Ltd apareció en el escándalo de los Papeles de Panamá. Franco Macri declaró que la empresa con sede en Bahamas era de su propiedad y negó que tuviese como finalidad el lavado de dinero, pero el decreto ha reavivado las sospechas. "Macri destroza la ley con un decreto para que su padre pueda blanquear plata", dijo en Twitter el diputado peronista Felipe Solá. Para su colega Nilda Garré "no hay metáfora, gobierna para la familia".